Kirchner, Aníbal Fernández y la narcopolítica: ordenan desmantelar unidad especial antidrogas de la Gendarmería Nacional (UESPROJUD). Comprometidos: el Comandante de Gendarmería Nacional, Bernabé Schenone, y el Jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca

El día 7 de mayo de 2009, La Unidad Especial de investigaciones y Procedimientos Judiciales "Buenos Aires" de Gendarmería Nacional, por orden del Dr. Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional federal Nro 5, Secretaría Nro. 9 a cargo del Dr. Carlos R. Leiva, realizó allanamientos en un frigorífico ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 3232 y 3234 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hizo lo propio en una finca, sita en Alsina 3280/82 también de esta Capital. El sitio se hallaba ocupado por varias personas de nacionalidad peruana que se dedicaban a la venta de estupefacientes, robo, hurto y prostitución, entre otras actividades penadas. Dicho procedimiento cosechó amplia difusión en todos los medios de comunicación. El mencionado procedimiento se realizó perfectamente, sin el mínimo error y con la más absoluta transparencia, como suele suceder con la totalidad de los procedimientos que realiza la UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES BUENOS AIRES DE GENDARMERIA NACIONAL (UESPROJUD). No obstante, el día lunes 11 de mayo del corriente año, los integrantes de UESPROJUD recibimos la ingrata sorpresa de que el Director Nacional de Gendarmería Nacional, Comandante General Bernabé Schenone, había ordenado disolver nuestra unidad a la mayor brevedad posible. Puntualmente, se ordenó que la Unidad devuelva las aproximadamente 300 causas federales de varios juzgados de Capital Federal y de todo el país que se hallaban en tramite. El motivo: se tocaron intereses de políticos y de funcionarios policiales en el mencionado allanamiento. Finalmente, y a partir de esta medida, se dispuso el castigo del personal de UESPROJUD, ordenándose la disolución de la Unidad y el traspaso del personal a todas las unidades del país. Nos referimos en forma puntual a un total aproximado de 250 efectivos conocidos por su honestidad y por haber cumplido y seguir cumpliendo "a rajatabla" con el mandato judicial. De acuerdo a palabras textuales del Jefe de la Gendarmería y sus cercanos -la cúpula de Comandantes Generales que lo rodea-, debíamos "consultar antes de relizar un procedimiento para ver qué intereses se tocaban". Si el objetivo a allanar pertenecía a algún narcopolítico, nos correspondía dejar sin efecto el allanamiento... Nuestra cúpula manifestó que el Jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, había prostestado por los mencionados procedimientos, a partir de los cuales habría exigido abiertamente que la Gendarmería Nacional no opere más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho pedido habría tenido una respuesta positiva de parte del Ministro Aníbal Fernández. Hemos analizado y pensado en tomar la Unidad y llamar a los medios de comunicación, ya que creemos que el público y el periodismo deben saber que esta sucediendo. La decisión política de terminar con la delincuencia es una verdadera FARSA: los narcotraficantes que caen son los que no trabajan para el Gobierno -es decir, la competencia-. Cuestiones que se comprueban diariamente. A pesar de todo, decidimos no efectuar la toma de la Unidad ya que ciertamente se nos caratularía de "carapintadas" con intenciones de hacer un golpe de Estado, o alguna otra etiqueta similar, a las que nos tiene ya bien acostumbrados este gobierno corrupto. Desde hace más de un año, la Gendarmería Nacional no provee de medios para la lucha contra el narcotráfico. No tenemos medios técnicos, carecemos de vehículos. No disponemos de computadoras que funcionen correctamente y muchos compañeros se ven obligados a llevar sus computadoras personales particulares para trabajar. Muchos colegas -desde hace más de un año- trabajan con sus autos particulares o viajan en colectivo hacia el lugar que deben investigar. La mayoría no llegamos a fin de mes. Estamos obligados a pedir préstamos o comprar comida a crédito para poder llegar... ¡Trabajamos solos y a pulmón! Con verdadera honestidad. Con ganas de combatir contra el flagelo de la droga, ese flagelo que día a día va ganando terreno en la Argentina. Gracias a una política que lucha codo a codo a favor del consumo y el tráfico de droga, pero que ante las cámaras actúa y sobreactúa, diciendo que "aplicarán políticas de lucha contra la delincuencia y el tráfico". El público debe saber que la lucha contra el narcotráfico es una pantalla. Mientras más y más gente quiere que la Gendarmería Nacional los proteja y patrulle las calles, el Gobierno Nacional exactamente hace lo contrario. Los Gendarmes aún no estamos corrompidos, y cumplimos con cualquier misión de la mejor manera posible... La ciudadanía se pregunta por qué no se termina la ola de inseguridad; por qué cada vez hay más droga en las calles. Y aquí está la respuesta: la Argentina sera la próxima Colombia. Al periodismo y al público en general: sepan que nos han castigado por tocar el negocio de la Policía Federal y del Ministro Aníbal Fernández. Nuestra superioridad dice que hemos secuestrado dinero que pertenecía a la campaña política oficialista. De a poco, estamos devolviendo oficios judiciales a los Juzgados por "cierre de Unidad". Tenemos órdenes de no tramitar causas nuevas que ingresen, y la "cúpula" está estudiando qué hacer con las causas que ya están en trámite, con el depósito judicial de elementos secuestrados y con el personal. Incluyo en esta denuncia copias de la orden de allanamiento y del preventivo que emitio nuestra Unidad con los resultados del procedimiento. La Policía Federal está comprada por el Gobierno Nacional y el Ministro Aníbal Fernández. Dado que la Gendarmería Nacional (sin incluir la cúpula) no está comprada, desean quitarla de Capital Federal para dejar al Señor Jefe de Gobierno Mauricio Macri en soledad, lográndose con ello que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea una auténtica zona liberada. Recurrimos a los medios en forma anónima, pues si denunciamos todo lo descripto con nombres y apellidos, ya sabemos lo que le sucederá al denunciante: en el mejor de los casos, se lo apartará de la fuerza. En el peor, terminará al costado de alguna ruta del país, suicidado con tres disparos en la nuca. Todavía, el periodismo no está comprado ni se lo ha logrado amedrentar. No todos publicarán este problema o harán mencion del mismo. Ya sea por miedo, o porque su periódico o medio pertenece a algún grupo relacionado con este narcogobierno. Reitero: como muestra de autenticidad de nuestra denuncia, se adjuntan copias de orden de allanamiento (copia firmada por los testigos que intervinieron en los márgenes), con copia del preventivo en el que se detalla lo secuestrado, detenidos, etc. Actualmente seguimos en funciones, pero con la orden de informar a nuestra cúpula cuando llegue una orden de allanamiento. Si se trata de algún "negocio" de algún político, funcionario policial o de Gendarmería, seguramente avisarán antes para que no encontremos nada. También se nos ha dado la orden de trabajar en la calle sin ninguna identificación, sin campera y gorra que nos identifica cuando efecutamos algun procedimiento de civil. Como el personal operativo lleva pelo largo para pasar desapercibido, no puede en esas condiciones usar uniforme. Pero la incoherencia es que tampoco quieren que nos identifiquemos, lo cual cae en el absurdo. Finalmente, una reflexión: estamos en democracia y juramos defender nuestra forma de gobierno, nuestro patrimonio, nuestra población y nuestra Patria. Eso haremos.