Nunca es triste la verdad. Lo que sí tiene, es remedio

Este personaje en verdad expresa sus intenciones; su interés en que todo quede igual en lo institucional o que los K pueden cambiar. Lo segundo: pasados 2 meses de estas declaraciones, sabemos que es imposible, mientras que lo primero resulta decididamente falso. Su propósito es el de mantener este sistema, funcional a quienes como él, alternan en el empleo público indiferentes al color político de turno. El desgobierno del matrimonio es por demás patético, insólito y a la vez cruel. Esta semana tan solo, los acontecimientos vividos así lo corroboran. El parlanchín jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, confesó sentir "una particular simpatía" por el ex presidente Menem, con quien mantiene una "relación muy afectuosa". Usó aquella sutileza para admitir su contacto con el Senador, inquieto por el proyecto de Ley de Radiodifusión. Es el mismo senador a quien Nestor Kirchner denomina públicamente "el innombrable", quien fue tentado para que apoye el proyecto de ley de Radiodifusión. El contacto muestra claramente la "ideología" Kirchnerista, con Dios o con el Diablo, pero la Ley debe aprobarse. También con respecto a este problema, los líderes de la oposición intentan encontrar un consenso que permita frenar la ofensiva del Ejecutivo. Las objeciones -en general- involucran a más de la mitad del proyecto, ya que la nueva ley obligaría a algunos multimedios a desprenderse de canales de televisión u operadores de cable y el Gobierno, sin lugar a dudas, intentará llevar a cabo la compra a precio vil de esas licencias que deberán abandonarse. La empresa de telefonía Telecom resultaría la única beneficiada de la iniciativa. (Al publicarse esta columna, aún no había sido dada a conocer la marcha atrás del kirchnerismo de cara a la participación de las telefónicas en el Triple Play) Lo insólito de todo esto es que Cristina Kirchner en una nueva acción de confusión, tal cual autómata, reivindicó la libertad de expresión y remitió al Congreso un proyecto para suprimir del Código Penal los delitos de calumnias e injurias para el caso de la libertad de expresión. Tampoco resulta ajeno a este escenario de controversia por el proyecto de Ley de Medios, el masivo operativo de la AFIP en Clarín, que resultó una sospechosa operación mediática de intimidación. La misma que los K aducen ser objeto permanente por la prensa que nos los adula. El jefe de la AFIP Ricardo Etchegaray, intentó esquivar el bochorno llamando telefónicamente al editor general del diario, Ricardo Kirschbaum, con el argumento que no había decidido ese operativo. El Jefe de Gabinete -al igual que su camarada- afirmó que el organismo recaudador no tuvo nada que ver con el operativo, con lo cual debemos deducir que en la AFIP no existen las jerarquías y los 200 inspectores actuaron por su cuenta, o tal vez el gobierno armó una operaciones políticas contra sí. Llegando al final de la semana, la sociedad puede confirmar las sospechas de corrupción en los aportes y el entramado de la campaña presidencial de la Sra. Cristina Kirchner; Gabriel Brito, propietario de Global Pharmacy, confesó haber aportado a la campaña de oficialista Frente para la Victoria. Fundamental aclarar que, tanto él como su amigo Néstor Lorenzo, están acusados de vender remedios adulterados a la obra social La Bancaria. El juez Norberto Oyarbide precisó frente a los medios que en su investigación constan diálogos "sabrosos" y atinentes a la campaña electoral entre el empresario Brito y Héctor Cappacioli (el recaudador K de la campaña). No deseo finalizar esta semana, tan abundante en maniobras kirchneristas, sin recordar que la Justicia inició una investigación para saber si el gobernador bonaerense Daniel Scioli incurrió en los delitos de "malversación de caudales públicos" durante la campaña electoral ya que -a través del Fondo Permanente de Desarrollo Municipal-, se ejecutaron $7,8 millones en junio, contra los $ 5.1 de los cinco meses previos. ¿Será este el costo que deberán pagar los bonaerenses por tener un candidato irreal? Sí tiene remedio Todo este dislate arrastrado hasta aquí es la consecuencia de creer que la verdad no tiene remedio y en realidad sí la tiene: coincide con la optimización de nuestra Calidad Institucional. Cuando en Latinoamérica existen gobiernos de los llamados "populistas", que no respetan la libertad de prensa, que usa la intimidación como ostentación de poder, que imponen arbitrariamente sus métodos, en definitiva suprimen los derechos básicos de los habitantes, estamos entonces en presencia de democracias formales y es cuando se vuelve imperioso un cambio. El Índice de Calidad Institucional, que elabora el director del CIIMA-ESEADE, nos ubica en el puesto 114 este año respecto a los 191 países del mundo calificados y dentro de los 36 países americanos, descendió del 22 al 28. Lo grave es la indiferencia de los argentinos, a pesar de ser el descripto un factor determinante de nuestro nivel de vida. Argentina supo estar entre las primeras 10 naciones desarrolladas; luego emprendimos un imparable camino de decadencia institucional. En la concepción de este cambio cultural, la dirigencia intelectual, profesional y política tiene el mayor compromiso; por contar con los medios, conocimientos o recursos económicos para ello. Alcanzar una Calidad Institucional digna (desconozco si la mejor, aunque al menos respetable) se logra a través de la transparencia en los actos de gobierno como primer ingrediente de un cóctel que se completa con medidas económicas sustentables y favorables a la inversión productiva. Es menester crear instituciones de gobierno que maneje la claridad de cada funcionario o secretaria para aumentar la responsabilidad política. Impulsar el desarrollo y la utilización de la tecnología actual del "Internet" para un mayor control ciudadano. La ciudadanía debe asumir el compromiso de exigir a cada organismo una Rendición de Cuentas de sus actos. La transparencia debe ser la eliminación de un sistema gubernamental obsoleto, es necesidad de la sociedad conocer los manejos financieros y económicos de sus gobernantes, la corrupción se oculta tras los actos "reservados", que son la razón del enriquecimiento ilícito. Nuestras democracias formales tienen como supuesto fiscalizador, el Poder Legislativo, que cuenta con las atribuciones políticas para vigilar y sancionar, sin embargo, el Parlamento está integrado por miembros de diferentes partidos políticos e intereses políticos múltiples, que no les impide la denominada "obediencia debida" con sus partidos, anulando así su capacidad de control. La preocupación mas importante en esta cadena de vigilancia y rendición de cuentas es: ¿quién vigila al vigilante?, porque lo mas posible es que el vigilante actúe en beneficio propio y desvirtúe el sistema global de vigilancia. Es por eso, que en algunos países centrales, este problema se resuelva con rendiciones de cuentas denominadas "horizontales", o sea, mediante otras instituciones que gozan de autarquía, para ejercer funciones de fiscalización. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben rendirse cuentas entre si, y frente a otras instituciones autónomas. La rendición de cuentas horizontal, se desarrolla entre instituciones del mismo nivel jerárquico, pero independiente entre sí, y también tiene la responsabilidad de fiscalizarse mutuamente como base del principio de pesos y contrapesos. Esto es solo un aporte para un mejor sistema de gobierno, claro, transparente y sobre todo racional, seguramente perfectible y necesariamente ampliado por hombres interesados en una Democracia Moderna. Por Francisco Montesano, para El Ojo Digital Política. http://blogs.clarin.com/conflictos-y-dilemas/posts