El 24 de marzo y el perpetuo retorno de los personeros de los Derechos Humanos Mercantilistas

A los referentes de la causa por los "Derechos Humanos", el aparato de propaganda -sin lugar a dudas- les ha fallado. En medio de un feriado que no está llamado a ser, este 24 de marzo no traerá consignas pacíficas. Comenzó la Presidente Cristina Fernández allanando el camino para reforzar el esfuerzo propagandístico de odio oficial en perjuicio de las Fuerzas Armadas, rematando su speech con nuevas críticas hacia los medios y la oposición. Para ella, al parecer, todo aquel que está en la vereda de enfrente del Gobieno Nacional es pasible de ser sindicado como cómplice necesario del siniestro Jorge Rafael Videla. Como regla general y a modo de corolario, la fecha en cuestión se trasluce en incontables horas de preocupación para las fuerzas del orden, que deben atender a la posibilidad de que los grupúsculos de siempre se decidan a destruir propiedad pública y privada. Esa organización ilícita que abiertamente representa el Quebracho de Fernando Esteche siempre se ubica bajo la lupa cada vez que se aproximan las fechas icónicas del derechohumanismo. Era esperable que los Kirchner se aferraran a este nuevo 24 de marzo para desviar un poco más la atención sobre los temas verdaderamente importantes para el país. Pero lo que el matrimonio no previó es que esta jugada se terminará sumando a las tantas que les han salido "como tiro por la culata". Baste repasar las identidades de los personeros de los "Derechos Humanos", a los efectos de elaborar mejor esta idea. Hebe de Bonafini y sus Madres de Plaza de Mayo han comenzado su faena militante apropiándose del principal espacio público del país, como si del jardín de su casa de tratase. Recién ahora empiezan a conocerse detalles en relación a los cheques sin fondos que, por sumas millonarias, las Madres y los H.I.J.O.S. de Schoklender han venido liberando desde 2003. Por cierto, está luego el caso del edificio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, auténtico trofeo de guerra de la izquierda revolucionaria, y para el cual Hebe reclama permanentemente fondos. Dinero que se desparrama desde las arcas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad -que conduce el errático y políticamente moribundo Mauricio Macri- y el Tesoro Nacional, en manos del tándem patagónico. Desde luego, a ningún ciudadano se le ha preguntado su opinión al respecto de esas abundantísimas partidas. No vaya a ser que la sociedad responda con un terminante no al despilfarro. Finalmente, ¿acaso no es cierto que la hija de la señora de Bonafini lleva una vida acomodada en la Península Ibérica? Luego aparece en escena el inefable y todopoderoso piquetero oficialista Luis D Elía, quien clama a viva voz por los derechos humanos, mientras se las arregla sin problemas para apalear a ciudadanos en las calles y provocar toda suerte de tropelías y desmadres, con la obvia complicidad de Balcarce 50. El personaje continúa sin dar explicaciones por su comportamiento frente a la toma de la comisaría de la Policía Federal Argentina en el barrio porteño de La Boca, años atrás. Los argentinos tenemos una perspectiva bastante acabada sobre la administración de justicia en nuestra tierra. Tenemos luego el tristemente célebre nombre de Milagro Sala, la líder indigenista jujeña que arrasa con todo a su paso, dejando siempre un reguero de pólvora y destrucción. La señora ha sido retratada en fraternal abrazo con la Presidente de la Nación, al tiempo que desde el Tesoro se le garantizan millones de pesos con rigor anual, y que llevan la soterrada etiqueta de "subsidios". ¿Aprobó el Congreso de la Nación esos giros, o acaso salieron disparados desde algún presupuesto negro? En cualesquiera de los dos casos, Dios nos libre. La elegante señora Estela Barnes de Carlotto también cuenta moneditas. Pocos medios del establishment mediático se atreverán a confirmarlo, pero la realidad refiere que Abuelas solo monta investigaciones de identidad en aquellos casos en que existe alguna cifra pasible de ser facturada. Con la consensuada exención de impuestos que aplica a la ocasión. ¿Es de extrañarse, pues, que la opinión pública reaccione con arcadas y repugnancia frente a la defensa de los Derechos Humanos? ¿Quién está en condiciones de desmentir que Bonafini y sus asociados impulsaron la falsa cifra de treinta mil desaparecidos, con el objetivo de alcanzar el estándar del 1% de la población "eliminada", para así disfrazar lo sucedido como genocidio? El dislate numérico reportaría, al fraguarse la cifra, más ganancias para sus defensores. Y debe recordarse que del negociado participan y han participado no solo hileras de inescrupulosos abogados, sino también incontables políticos de renombre. Nunca falta la mención a esa importante magistrada de la creme de la creme de la Justicia, que se hizo de no menos de US$400 mil, en función de su propia "desaparición". Mientras un número importante de parientes de víctimas sin nombre no ha podido acogerse a los beneficios -pues sus padres fueron eliminados de un plumazo pero no tuvieron "la suerte" de militar en organizaciones armadas-, hijos y familiares de guerrilleros del ERP han echado mano de suculentos botines. Algo que no pocos ven como un premio deleznable e inmerecido por haber atentado contra un gobierno democrático. Una administración plena de errores, pero democrática al fin. Por otro lado, existe una suerte de tratamiento tabú frente a aquellos que, defendiendo la causa de los DD. HH., ocultan su propia realidad, a saber, que en tiempos de represión entregaron a cientos de sus compañeros, con tal se salvar el propio pellejo. Hoy son los primeros en la fila a la hora de cobrar las indemnizaciones. Las identidades del primero al último de los individuos que montaron estas operaciones de autosalvataje son bien conocidas, como también lo son los detalles sobre sus circunstancias en aquellos tiempos. ¿Vale más una víctima cuando esta perteneció a la izquierda guerrillera? ¿Acaso una vida ve menguado su valor porque portaba uniforme en los denominados "años de plomo"? No ha existido reconocimiento para las víctimas militares de los setenta. Tampoco existió ni se planteó reparación histórica alguna para los peronistas hechos prisioneros, torturados o fusilados en 1955, en virtud de su condición política. Muchos jóvenes militantes del Justicialismo que hacen uso del grito de guerra de "¡Viva Perón, carajo! desconocen el verdadero origen de ese emblema. Por cierto, tampoco se ha oído hablar de reparación para los hijos de aquellos militares que fueron ejecutados sin más porque se negaron a cumplir con las directivas de destrucción que partían de la oficialidad durante el Proceso. Estos jamás han sido contemplados por Hebe y sus acólitos porque portaban el uniforme del "enemigo". En medio de este pálido intento de subvenciones que ha derivado en un inacabable mercantilismo de la muerte, a los personeros derechohumanistas de frondoso prontuario les ha sobrevenido una novedad, cual baldazo de agua fría. Ello tiene que ver con la propuesta del candidato a la Presidencia, el Dr. Eduardo Alberto Duhalde, en el sentido de plebiscitar la política de los tergiversados "Derechos Humanos" ante la ciudadanía. Las primeras críticas -tal como era de esperarse- han provenido de aquellos que jamás han puesto sus ideas a prueba o debate electoral alguno. El temor se ha apoderado de sus consciencias, pues saben perfectamente que su negocio podría llegar a súbito término. Y bien vale la pena prestar la debida atención a las expresiones del fiscal Julio César Strassera, quien estuviera a cargo del juicio a las Juntas en 1985. El letrado se refirió al aprovechamiento político que el matrimonio presidencial está haciendo de la cuestión de los derechos civiles. Strassera dixit: "al Gobierno Nacional le conviene políticamente la prolongación de los juicios; tenerlos y tenerlos y agitar y agitar y no terminarlos. Ya podrían haberlos abreviado y sentenciado". A los efectos de que el problema de los derechos humanos no se convierta en un asunto generacional que perpetúe jugosos negociados, la idea del plebiscito obligatorio y vinculante suena como más que adecuada. Por Matías Ruiz, para El Ojo Digital Sociedad. E-mail: contacto (arroba) elojodigital.com. Twitter @matiaseruiz.