El oligopolio estatal de medios ya está entre nosotros

Este monopolio virtual de medios adictos al gobierno está en franco crecimiento, por la adquisición y creación de empresas periodísticas que terminarán financiadas con recursos del Estado, y su número es tal que multiplica por decenas a los que el kirchnerismo denomina medios concentrados. Si no hay suficiente percepción pública de este fenómeno es porque el nivel de captación de audiencia y de lectores de esos medios, junto con su credibilidad, son aún muy bajos. La Declaración de principios sobre libertad de expresión de la OEA establece que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación, conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Este sólido argumento ha sido desvirtuado por el kirchnerismo, que con su ley de medios y sus acciones se orienta a combatir sólo a los medios privados independientes ?monopólicos o no- sin cumplir la prohibición de imponer nuevos monopolio de medios en manos públicas, ni impedir la aparición de una constelación de medios privados cuyo control directo o indirecto depende del propio gobierno por el uso de pautas oficiales de publicidad y otro tipo de privilegios, contra lo cual también nos previene la Declaración. En términos de limitación a la concentración monopólica, el gobierno podría haber dictado una buena legislación antimonopolio, que en ningún caso puede ser exclusiva para los medios de comunicación, según el mismo documento. En lugar de eso, la ley de Medios aprobada viola esta prescripción al estipular medidas exclusivamente orientadas a la prensa privada. Esta violación no es menor, porque la Declaración de principios y diversos tratados concordantes, gozan de rango constitucional, y por lo tanto son derecho positivo en Argentina. Para construir su propio monopolio público con la propiedad o el control de medios, el gobierno utiliza sus recursos y privilegios en clara contradicción con el principio 13 de esa Declaración que expresa que "La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión." Otro avance en la misma dirección se ha indicado recientemente en cuanto a que el Estado se ha arrogado la función de único operador de la Televisión Digital, constituyendo en este orden un nuevo monopolio, como lo expresan recientemente la AIR (Asociación Internacional de Radiodifusoras). En síntesis, el gobierno se ha asegurado construir un monopolio informativo a través de medios oficiales y una constelación de medios privados de periodismo dependiente y en algunos casos mercenario, y mediante la progresiva eliminación de medios independientes, y la cooptación de la "transición tecnológica" en su propio provecho. ¿Porqué este monopolio virtual del gobierno no ha logrado aún controlar la opinión pública? En primer lugar, porque ha faltado tiempo para operar sobre ella, y porque la ley de medios no se encuentra operativa. Pero la razón más importante es que el gobierno y sus lacayos carecen de la masa de credibilidad necesaria. Hay quienes de buena fe relativizan nuestra preocupación, puesto que las presiones a medios de comunicación independientes no pasan por ahora a vías de hecho, como si ocurrió en la época de la tristísima Triple A. Sin embargo, las experiencias históricas indican que no debemos cejar en nuestra lucha ante estos avances, puesto que lo que hoy es un intento antidemocrático, mañana puede ser puro y simple fascismo. Por Alejandro María Cardoso, para El Ojo Digital Política. e-Mail: alejandrocardoso (arroba) yahoo.com.