Crisis hipotecaria: la Argentina y los Estados Unidos de América

Desde ya que no es bueno para la sociedad y la economía que caigan bancos.

Ni que miles de familias se vean en la situación de no poder pagar sus viviendas y que, a consecuencia de ello, las pierdan, teniendo que ir a vivir con parientes, disminuyendo su calidad de vida.

Se genera malestar social.

La Argentina y los Estados Unidos han padecido procesos de extrema gravedad que obedecen a diferentes razones, pero que concluyeron en situaciones similares: el aumento del valor de las propiedades y la imposibilidad de pago de los deudores.

Ante la sobreoferta, los inmuebles pierden valor.

En Argentina, desde 1976 se sancionaron leyes y circulares del Banco Central que permitieron el incremento desmesurado de las deudas.

Agrupados en UNIDEVI (Unión Nacional de Deudores de Vivienda), iniciamos miles de recursos administrativos y judiciales, contra los bancos y el Gobierno, con el propósito de impedir los remates de viviendas.

Acuñamos expresiones que graficaban la situación: “mientras las deudas suben por el ascensor, los salarios lo hacen por escaleras”; “mientras mas se paga mas se debe”; “como las deudas siempre crecen, se elimina el efecto liberatorio que supone el pago, con lo cual el desembolso de dinero no tiene sentido”; “el capital se queda con los bienes y con los salarios de la gente”; “se produce una teórica y mentirosa concentración de la riqueza a favor de las financieras, porque al incrementarse la cantidad de familias que no pagan, tampoco se benefician los bancos que al tiempo ven aniquiladas sus presuntas ganancias por la pérdida de valor de los activos.”

Siendo interventor presidente del Banco Hipotecario Nacional, frente a una inflación del 249% anual imposible de soportar por los deudores, dispuse que el monto de las cuotas no podía superar del 20 al 25% de los ingresos de quienes ocupaban la vivienda, y en el caso de los jubilados del 10 al 15%.

La mora en el banco se redujo del 86% al 14% y las familias no perdieron sus casas o departamentos.

Tras años de planteos, fue sancionada la Ley 23.370 que ordeno la relación entre bancos acreedores, familias deudoras y el Estado, reestructurándose las obligaciones mediante el sistema del esfuerzo compartido, fijando reglas equitativas con el propósito que no resultara perjudicada sólo una parte.

Los Estados Provinciales sancionaron leyes que modificaron los procedimientos de ejecución de sentencia (remate), estirando los plazos de amortización, reduciendo los intereses y adecuando las relaciones entre acreedor y deudor.

Se evitaron miles de remates con sus graves consecuencias económicas y sociales. Y que los bancos se transformaran en inmobiliarias que trabajaban a pérdida.

Todos aportaron, y perdieron menos. Ganó la sociedad.

Estados Unidos padece, con otras causas u orígenes, una situación similar.

Millones de familias deben a los bancos montos que no pueden o no quieren pagar y que sumados resultan impresionantes. Es la consecuencia de factores no previstos y solucionados oportunamente.

El Gobierno acudió en auxilio de los bancos.

Como las deudas superan los valores de los bienes que las garantizan, pagarlas no tiene sentido. No se logró la solución por no tener en cuenta a los destinatarios de los créditos.

En Estados Unidos, no acostumbrados a estos conflictos, deberían evaluar y analizar diversas alternativas.

A pesar que a algunos les parezca intervencionismo del estado en cuestiones privadas, el tremendo impacto social y económico impone la búsqueda de soluciones que no vendrán solas por la acción del mercado, sino por la defensa del principio del bienestar general y del interés común.

Por otra parte, si el gobierno intervino para evitar que cayeran varios bancos? ¿Por qué no buscar una salida participada?

Como en muchas relaciones hay responsabilidades y culpas compartidas.

Cuando se trata de la vivienda propia debe actuarse con cautela, porque es un bien no utilizado para negociar, sino para vivir.

Los bancos prestaron sin tomar las debidas precauciones respecto de la solvencia de a quienes otorgaba los créditos. Los real estate intentaban facilitar las compras y ventas de propiedades.

Los deudores, seguramente con el ánimo de acceder a una vivienda o cambiar la que tenían, abultaron sus ingresos.

Allí aparecen las “responsabilidades compartidas”.

En Argentinase apelo a la“teoría de la imprevisión”.

El deudor, persona no experta en ciencias economicas, no podía prever lo sucedido con el aumento de sus deudas.

El banco pudo predecir esa posibilidad dada la cantidad de profesionales, gerentes y asesores.

El problema existe y tiene dimensiones impresionantes. En todo Estados Unidos habría más de 10.000.000 de propiedades en riesgo de remate. Entre 35.000.000 y 40.000.000 de personas afectadas.

Sólo en Florida se habla de 900.000 propiedades. En muchos casos han sufrido pérdidas respecto de valores anteriores cercanos al 300%.

Con la depreciación, los bancos no recuperan el dinero prestado.

Separados, ni el Gobierno, los bancos o los deudores, tendrán la solución en sus manos.

¿Alguien piensa que no se producirá una grave conmoción social si en Estados Unidos fueran rematadas 10.000.000 de viviendas?

¿Qué pasará con las familias? ¿Los deudores no deberían unirse en defensa del derecho a una vivienda? ¿Y con los bancos sin poder cobrar sus presuntas acreencias? ¿Y con la imagen del Gobierno?

Sumemos que parte de esas hipotecas fueron vendidas en diversas partes del mundo. Las consecuencias serán internacionales.

El problema se judicializará, con miles de demandas. La Justicia tiene el deber de aplicar la Ley frente al no pago. También de preservar el orden y la paz social evitando los remates masivos de propiedades.

Entonces ¿a favor de quienes emitirá sus sentencias?

Deben arbitrarse los medios y mecanismos para encontrar una solución justa y equitativa para todas las partes. Económicamente posible.

Por Edgardo Civit Evans, para El Ojo Digital Internacionales

Web: http://www.edgardocivitevans.com/

e-Mail: edgardocivitevans@gmail.com