La Universidad Argentina John Kennedy, nueva presa de los amigos del poder

A raíz de la creación del Ministerio de Seguridad, nos hemos enterado de que las fuerzas de seguridad, sólo formalmente, reportaban al Ministro de Justicia. Digo esto pues todos hemos leído en los periódicos que el actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández era quien en la realidad detentaba la conducción.
 

En esa misma línea, se podría decir que también la Inspección General de Justicia se encuentra en la misma órbita. Ese organismo tiene a su cargo, entre otras funciones, la supervisión de todas las sociedades con sede en la Capital Federal.

Importante caja
 

Según denuncia publicada en los diarios, algunos de sus miembros estarían siendo investigados por la Justicia, por manejos non sanctos.

El Inspector General es un individuo que fue Director Nacional de Migraciones cuando Fernández era Ministro del Interior. Posteriormente pasó a desempeñarse como Subinspector General cuando Fernández fue designado Ministro de Justicia. Y finalmente escaló al cargo de Inspector General cuando Fernández accedió a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
 

Fue Aníbal Fernández como Ministro de Justicia quien, mediante una Resolución, dispuso la intervención de la Universidad Kennedy, cuando conforme la normativa una intervención a una Universidad, por ley, solo la puede decretar la Presidenta de la Nación a solicitud del Ministro de Educación.
 

Después de transcurridos tres años el Interventor designado querelló a los desplazados integrantes del Consejo Directivo de la Universidad y la Justicia los sobreseyó por pedido de la Fiscalía. Los peritos de la Corte Suprema que actuaron no encontraron irregularidades donde Fernández afirmaba que las había, por lo que las razones aducidas para determinar la intervención quedaron sin sustento.
 

Para que se tenga idea del gran perjuicio que se está haciendo a la Universidad, expongo algunos datos.
 

Una denuncia presentada ante el Ministerio de Justicia, para que se investigaran presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante la intervención, fue girada a la I.G.J., la que envía para realizar la pesquisa a una persona proveniente de la Dirección Nacional de Migraciones. Cosa rara, habiendo tan buenos funcionarios en el Ministerio de Justicia para realizar esa tarea, como por ejemplo los de la Oficina Anticorrupción.
 

En el año 2008 se gastaron en publicidad $2.500.000 y en el año 2009 $6.700.000. La misma es de compleja fiscalización porque la mayor parte es de vía pública mediante afiches o Internet rotativa o radio rotativa.
 

El rubro “honorarios” del balance, pasó de $600.000 en el año 2008 a $1.700.000 en el año 2009, reflejando los pagos al personal de la intervención. ¿No debería hacerse cargo el Ministerio de Justicia?
 

La cantidad de nuevos alumnos cayó desde el año 2007 al año 2010 un 50 %.
 

Como la frutilla del postre, se dispuso arbitrariamente una nueva prórroga a partir de la que vencía a fines de este año, por 180 días hábiles más que, como justificación, lo único que se menciona es que la Inspección General de Justicia aprobó un nuevo estatuto propuesto por el interventor.
 

Éste es el último paso para quedarse con la universidad ya que lo que pretenden es nombrar nuevos socios de la asociación y desplazar a los actuales. Ya lo manifiesta el interventor en su nota de pedido de prórroga, ampliar el padrón de socios, estudiando la designación de nuevos socios.
 

Lo cual fue aprobado por sus superiores al conceder la prórroga.
 

No ser ingenuos: quieren quedarse con la Universidad

Mientras tanto la Cámara Civil no dice nada pese a las múltiples presentaciones de los legítimos representantes de la Universidad, lo que muestra la influencia que se está ejerciendo sobre la misma.

Relato ahora un hecho que nunca me había sucedido en mi larga carrera de relacionamiento con el poder público. Antes que saliera la nueva prórroga, pedí una audiencia al Ministro de Justicia por carta documento, como miembro de la asociación civil de la Universidad, para poder conversar con él o con algún asesor una solución a nuestro problema. No tuve una respuesta y, ante mis reiterados reclamos, me atendió por teléfono un asesor que me manifestó que no me podía atender personalmente pues esas eran sus instrucciones, y que cualquier tema lo presentara por escrito y que la prorroga la había solicitado el Inspector General de Justicia.

La historia de un despojo anunciado

La Universidad Argentina John Kennedy, fue una institución Universitaria Privada prestigiosa de un crecimiento continuo durante 46 años, con un patrimonio grande en edificios, población estudiantil y de carreras muy importantes para el desarrollo del país en sus distintas áreas. Además de su vinculación con otros centros de estudio del mundo.

El descalabro de la Universidad Kennedy se desarrolla a partir del año 2007, cuando una ínfima minoría asociacional con pretensiones y sin escrúpulos -amigos del poder vinculados al ámbito judicial, entreteje un operativo de control de la institución, tomando a la Inspección General de Justicia como herramienta.

El entonces Ministro de Justicia Aníbal Fernández, actual Jefe de Gabinete, suscribió la Resolución “a medida”, interviniendo la Universidad por 90 días hábiles.

Pero la tragedia no terminó, pues a continuación se sucedieron tres prorrogas más cada una de 180 días hábiles, hasta enero de 2011. Así las cosas, cuando la Universidad ya está en la lona, nos “obsequian” otra prórroga por otros 180 días hábiles.
 

A mediados de 2009, en mi carácter de asociado, publiqué una solicitada en La Nación, en la que denunciaba que la Universidad fue ilegítimamente intervenida, lo que constituía un avasallamiento a la Autonomía Universitaria (Art. 29 LEY 24.521). Por ese motivo, un pícaro amenazó con querellarme y luego reculó prudentemente. Simultáneamente se me inició un sumario amañado y se me sancionó con una suspensión como socio. El tema ya está en la justicia, en donde los responsables del atropello deberán dar explicaciones.

La intervención se ha manejado arbitrariamente, en trenza con los antes mencionados inflados personajes. Salta a las claras la intención de fabricar un padrón de asociados ajustado a los más indecorosos intereses, desplazando a los socios originales para quedarse con la Universidad. La Resolución dictada por Aníbal Fernández apunta a materializar esa treta.

La maniobra está en su parte final, ya que el interventor y la Inspección General de Justicia aprobaron un nuevo estatuto, que allanaría el camino para concretar el despojo.

La situación de la Universidad, que tres años atrás era floreciente, académica, patrimonial y presupuestariamente, con 14 millones de dólares de reservas y ninguna deuda, ha devenido en desolación.

La intervención ha recurrido livianamente a las reservas para afrontar los gastos corrientes. Además hizo cuantiosos gastos en honorarios, disparatadas asesorías y contratos.

La finalidad de la institución se ve seriamente amenazada, pues la defectuosa administración de sus recursos a la que está siendo sometida, por ineptitud por parte de algunos de aquellos en los que el propio Ministerio de Justicia confió, autoriza a suponer que la institución tendrá más dificultades. Una conducción no idónea que lleva lo académico, deberá enfrentar sus responsabilidades.

Seguramente, al final la justicia nos dará la razón, pero ya será tarde porque la destrucción y el despojo se habrán consumado.

Por Rafael Galarce, para El Ojo Digital Sociedad