Tardíamente, la salud aterriza en la agenda oficial

En rigor, un sinnúmero de obras sociales sumaron afiliados –que se procedieron de otras que carecieron de estrategia–, mediante el traspaso de los aportes y contribuciones a los seguros prepagos.

De esta manera, simples oficinas sindicales (apenas unos "sellos de goma") vieron incrementado su caudal de afiliados, a expensas de las obras sociales "grandes" (más numerosas), que los perdieron en igual proporción. Y pudieron brindar los servicios –mediante el “descreme”– sin diferencias a los de ingresos altos y con algunos aportes “adicionales” a quienes fueran de ingresos menores.

Pero los usuarios pudieron elegir. Y optaron por aquello de que, antes que tener menos que nada, es preferible garantizarse algo tan preciado como la salud. La política siempre ha declamado y prometido, pero el resultado en las obras sociales termina exhibiendo falencias en los servicios proporcionados.

Por otra parte, los seguros privados vieron incrementada su "cartera" de afiliados, lo que es legítimo para todas las partes. Las diferencias que eran causa de las “prestaciones especiales” siempre eran compensadas a través de la APE por la Obra Social de origen, sostenido por “el aporte de todos” (lo que hace a esta parte de la cuestión en gran medida “ilegítima”) y que se debiera corregir, ya que solo se trata de una “viveza”, pero que no invalida el sistema.

Los afiliados -la sociedad- no debe ser rehén de un sistema de salud, entiéndase, las obras sociales nacionales. Estas son manejadas discrecionalmente por por los sindicatos, que cada vez ofrecen menos y peor.

Las limitaciones en el acceso, tanto por la vía de su proclamada “carencia de recursos”, como otras tantas medidas (burocráticas, administrativas e incluso médicas), no pueden ser convalidadas por la ciudadanía, pues constituyen la parte de la subprestación que sufren todos y en especial los que más necesitan.

Las diferencias de recursos cuando “se brinda menos”, quedan en general en manos de los sindicalistas o, como en este caso, en manos del gobierno. Este último termina haciéndose de una nueva caja para financiarse, tal como lo hace con ANSES o el PAMI. Tal como lo hizo con la expropiación de las AFJP y como intentó hacerlo en ocasión de la Resolución 125. Y, por cierto, sin mencionar otras tantas fuentes de recursos de las que dispone para sus fines.

La libertad de elección es un inapreciable bien que la ciudadanía debe defender. Es inaceptable que se la someta a los designios de estos capitostes de baja estofa -sindicalistas y Gobierno Nacional actual-, que además jamás se preocupan por brindar los servicios asistenciales que se exigen.

"Hay que sacar del sistema a los que no son del sistema", expresó un sindicalista de la CGT recientemente, para fundamentar ante Diario Clarín el nuevo reclamo que la central sindical planea llevarle al Gobierno: impedir la "fuga" de afiliados.

Si los afiliados se van, ello no constituye una "fuga". La razón es más sencilla de explicar: ellos optan por otra obra social, o incluso acuerdan por empresa o por gremio con un seguro privado. Solo escapan de aquello que es peor, y que consideran indeseable. Se pretende hacer pensar que los seguros privados solo se tratan de “un negocio”, cuando en realidad el negocio sirve a los sindicatos, que mantienen cautivo al afiliado. Gracias a eso, maximizan y sinergizan su cartel de beneficios: obra social y gremio. Son unos pocos los que viven bien, a expensas de lo que recibe una mayoría.

El problema de la subprestación en todo el sistema de la seguridad social es muy grave en la Argentina. Aquí es donde se impone distinguir a dos responsables: los sindicalistas (que manejan discrecionalmente lo que no deben: las Obras Sociales) y el Gobierno Nacional, que juega con recursos que no le pertenecen, porque se trat de aportes y contribuciones de los empleados y empleadores, destinados supuestamente a la asistencia sanitaria de los trabajadores y su grupo dependiente.

La salud ha sido declamada, mas siempre olvidada. Por estas horas, y a partir de la necesidad de ocultar cuestiones espinosas como la megacausa de los medicamentos, la asignación indebida de recursos, las deudas contraídas por el Estado y otras tantas, parece retornar milagrosamente en la agenda.

La “opción de cambio” (el Decreto 992 de la Administración Menem, aún vigente y su sucesivo historial de negociaciones para su implementación) estableció la desregulación del sistema de salud y otorgó a los asalariados la opción de cambiarse de obra social. Cuestionada durante muchos años, fue finalmente implementada. Numerosos sindicatos se volvieron poderosos no teniendo nada. Otros, aún siendo importantes, perdieron afiliados. Por diversos motivos -algunos lícitos, otros no tanto-, todos se vieron obligados a competir para brindar mejores prestaciones. La sociedad pudo elegir y el traspado fue impresionante: casi el 50% del padrón había optado por el cambio de su obra social, en un período de cinco años. El reclamo sobre "impedir la fuga de afiliados" sobresale por lo descarado.

En el corazón del reclamo sindical, se echaba mano de frases como "Las prepagas se quedan con la frutilla del postre" o "Damos salud a más de 14 millones de trabajadores". Pero jamás mencionan la manera en que se han utilizado e invertido esos recursos. Tampoco se refieren los gremios a los planes para el futuro de sus afiliados. Mucho menos explican los pactos secretos que cierran con el gobierno ante cada oportunidad que ganan espacio en sus reclamos por más fondos.

Los seguros privados cuentan en su cartera con, aproximadamente, un 45% de afiliados originarios, y un poco más (55%) provenientes de la seguridad social. Cabe la reflexión: debe haber algún motivo por el cual ese 55% opta por este sistema. Seguramente no será porque ese público observa ingresos dignos de clase alta, ni tampoco debe ser porque les provoca placer pagar de más. Sucede que esa decisión es claramente la mejor, a la hora de garantizarse prestaciones de salud aceptables. Precisamente, esa calidad de atención que las obras sociales nacionales no se encuentran en condiciones de prestar.

Sería deseable que nadie se sientiera cautivo de experiencias socializantes basadas en criterios de supuesta solidaridad, expuestos a la voluntad individual. Los "beneficiarios" a los que tanto aluden los sindicalistas son, a la postre, beneficiarios... ¿de qué?

No existe gremialista con derecho a emitir queja frente al supuesto “descreme”, que ellos a su vez en connivencia con el gobierno militar, usufructuaron gracias a la creación del PAMI. Esto les sirvió para sacarse de encima la población de mayor consumo. Un beneficio que a su tiempo les fue útil, pero del que hoy parecen no acordarse.

Por cierto que los problemas relativos a las políticas de salud son más numerosos que los que citamos aquí. Los analizados pertenecen a la esfera de interminables intereses en juego. Los sindicatos no desean “retener” afiliados porque piensen brindarles lo mejor: lo hacen pues reclaman la intervención del gobierno, a los efectos de intentar recuperar los recursos que alguna vez se les sustrajo. De paso, les sirve mantener cautivo a un porcentaje de la población y evitar competir contra seguros privados.

El Ministro de Salud recibirá a la cúpula de la CGT, pero no a Hugo Moyano. El negocio se llevará a cabo seguramente en otro espacio físico que no sea la Casa Rosada. Con otros actores. Y otros medios de intercambio. El silencioso ministro Juan Luis Manzur solo podrá mostrar su cautivante sonrisa y hasta podrá atribuírse algún logro mediocre, en una negociación de la cual no se conocen códigos, y donde la prioridad jamás es la gente.