Cristian Bulacio: una batalla de diez años contra Aníbal Fernández

En este sentido, también solicité al Consejo de la Magistratura de la República Argentina que se me permita presentar un nuevo proyecto, ya que, en la actualidad, se desprotege a todo ciudadano o funcionario interesado en echar luz sobre delitos que corrompen al poder político, al Poder Judicial o bien a instituciones civiles armadas, como lo son la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense.

Mi argumento se fundamenta en que no existe una ley que tipifique el delito de conspiración (como sí sucede en los Estados Unidos de América) para aquellos casos en que un ciudadano o funcionario público pretenda denunciar actividades relacionadas con el tráfico de drogas ni tampoco proceder a la captura de delincuentes comprometidos con esta suerte de actividades ilegales. Por supuesto, y como es bien conocido por la opinión pública y ciudadana, nos referimos a la desprotección que caracteriza a funcionarios/ciudadanos frente al accionar de malvivientes que crecen bajo el amparo de zonas rojas/liberadas, y que comercian con drogas ilegales que acaban con la vida de miles de personas cada año. Es válido recordar, a este respecto, que el derecho a la vida se encuentra protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales.

La gravedad que hace al cometido de delitos aberrantes exige que estos no prescriban jamás, hasta tanto el Estado Nacional pueda contar con las herramientas para juzgar y administrar verdadera justicia. Oportunamente, me he dirigido al Señor Presidente del Consejo de la Magistratura, para que se acuse recibo de mi reclamo, aunque también tengo previsto dirigirme a organismos internacionales, y ampararme en tratados de igual tenor que en su momento ha firmado la República Argentina en el extranjero.

En mi caso particular, hace diez años que me encuentro en medio de una batalla contra el Ministro Aníbal Fernández y el tráfico de drogas. En dos oportunidades -en 2005 y 2007- he sobrevivido a atentados contra mi vida. En el año 2008 salí airoso de una tentativa de secuestro, y aún hoy se realizan seguimientos sobre mi persona.


Los hechos

Mi situación reviste extrema gravedad -tal como fuera expuesto en la denuncia efectuada por mí y que lleva el número de legajo- en función de que cada Juez y Fiscal intervinientes en aquellas causas donde el Dr. Aníbal Fernández fuera imputado o investigado, tanto él como sus punteros terminaron siendo Ministros. Así se comprobó en la causa número 922 del Tribunal Oral de la Ciudad de Quilmes, que el Dr. Martín Arias Duval -ex secretario del Juez Federal Norberto Oyarbide- fue ascendido como Juez a dicho Tribunal Oral Número 3 y que, luego del prevaricato que fuera cometido en perjuicio de mi persona, sería beneficiado y premiado como Viceministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, desde el año 2003 hasta el año 2007. El lector sabrá comprender lo que trato de decir, a saber, que el Sr. Anibal fernandez hace uso del poder para beneficiar a aquellos que beneficiados por él.

Por otra parte, es públicamente conocida la causa de muerte dudosa de un joven de 19 años de edad llamado Cristian Gea. La víctima supo trabajar oportunamente en el domicilio privado de un un dirigente político que responde al Sr. Anibal Fernandez y a su aliado Sergio Villordo. El fiscal Luis Armella, dedicado a la investigación de aquella muerte -causa en la que también estaba siendo investigado el Ministro Fernández, y algunos de sus punteros y dirigentes, siendo que el funcionario es una suerte de caudillo en la Ciudad de Quilmes-, luego de reiteradas visitas a la Casa Rosada, llegó a ser Juez Federal de la mencionada ciudad. En simultáneo, la señora esposa del Sr. Villordo, la Doctora Karina Lombardo, era secretaria del referido magistrado. Los detalles aquí planteados no son menores, por cuanto toda denuncia que abarque delitos federales de tráfico de drogas, en los que pudieren hallarse involucrados punteros políticos y personal policial que respondan al Sr. Anibal Fernandez, jamás serán investigados. Finalmente, su destino será el archivo, como acaba de suceder con lo actuado por el Juez Federal Norberto Oyarbide días pasados, con la denuncia por mí presentada, archivada bajo el número 16.114/10, y que llevara fecha 22 de diciembre de 2010.

Es mi intención informarle al Consejo de la Magistratura que la causa por mí iniciada en el Juzgado Federal Nro 3 de La Plata -con número de expediente 7/8799, a cargo del Dr. Arnaldo Corazza- fue archivada, porque los punteros políticos denominados "Los Travolta" -organización criminal conocida en Quilmes, incluso por medios periodísticos locales- participaban del tráfico de drogas en una zona liberada de la ciudad. Pero la causa tampoco encontró resolución, dado que el Dr. Martín Arias Duval -el entonces Viceministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires- participó de la investigación, que tenía por objetivo proteger a los imputados. Incluso, la situación llegó al ridículo, en función de que uno de los secretarios del Juzgado Federal Número 3 platense fue cómplice en el prevaricato que se ejecutó en perjuicio de mi persona. En la denuncia a que hago mención en este párrafo, me estoy refiriendo a una conspiración para proteger una zona liberada, dedicada al tráfico de drogas ilegales, con la connivencia del Poder Judicial y elementos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En el caso del Sr. Edgardo Salatino, éste último cumple funciones como secretario en el mencionado Juzgado Federal Número 3 de La Plata).

Otro punto se corresponde con la causa sobre calumnias e injurias, presentada por mí ante el Juzgado Federal Número 12, sito en la calle Comodoro Py 2002 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; juzgado a cargo del Dr. Sergio Torres, Secretaría Número 23, expediente número 13.453/2005, con fecha de inicio del 9 de septiembre de 2005. Allí fue imputado por el Sr. Ministro Anibal Fernandez y su abogado patrocinante (Dr. Carlos Gustavo Frasquet). En lo personal, jamás me retracté de mis dichos, y nunca lo haré: mi objetivo ha sido siempre el llegar hasta las últimas consecuencias. Sugestivamente, esta causa también fue a parar al archivo. ¿Será uno de los motivos por los cuales la Presidenta de la Nación, Cristina Elisabet Fernández Wilhelm, decidió eliminar por Decreto el delito de calumnias e injurias?

Pido a los Señores integrantes del Consejo de la Magistratura que se pase definitivamente a retiro a la totalidad de este tipo de jueces que desprestigian la administración de justicia en la República Argentina, pues este es un requisito de estricta necesidad, si acaso la meta es recuperar las Instituciones de nuestra nación.

Dejo constancia de que, si acaso llegara yo a sufrir algún incidente y perdiera mi vida, haré responsable al Señor Ministro Aníbal Fernandez, funcionario del Gobierno Nacional que protege los intereses del tráfico de drogas y que -como es de público conocimiento- impulsa ante la sociedad un proyecto de ley para despenalizar el consumo de drogas. Aunque parezca increíble, su proyecto no contempla la aplicación de mecanismos para neutralizar la comercialización de estupefacientes, aspecto obviamente necesario si se pretende impedir la actividad de los peligrosos cárteles mexicanos que monopolizan el movimiento de (mexicanos), y las mafias y cárteles de la cocaína (colombianos). Supongo que sobra decir que la actividad de estos grupos se ha incrementado en nuestro país y, gracias al promocionado proyecto del Ministro Fernández, lograrán incrementar sus ingresos pues el consumo se triplicaría: los adictos perderían cualquier temor, ya que tendrán una mayor facilidad para hacerse de substancias.

Es en función de lo expuesto que acuso al Señor Ministro Aníbal Fernandez, solicitando que se investigue en profundidad no solamente su capital personal, bienes y activos a su nombre, sino también a los que comprendan la totalidad de sus allegados y familiares directos (hermanos, padres, hijos, cónyuges, cuñados, etc.). Fundamento este pedido en virtud de mi vasta formación profesional en toxicomanía, enriquecida merced a la participación de cursos preparados por agencias internacionales como el FBI y la DEA estadounidense. Es gracias a esa formación profesional que me encuentro en conocimiento pleno de los modos y estrategias a los que recurre el narcotráfico transnacional para mantener en su nómina (pagar) a presidentes, ministros, magistrados, fiscales, instituciones armadas y civiles para obtener su colaboración o bien comprar su silencio, con el único fin de introducir el comercio del tráfico de estupefacientes en naciones conocidas por sus altos niveles de corrupción. En esos países -cuyo "club" la Argentina forma parte-, nada se investiga jamás, y todo se archiva. Precisamente, como surge de mi experiencia vivida, y que tengo a bien describir en esta nota.

Insisto en recordarle al público sobre la gravedad de la problemática del tráfico de drogas. Recientemente, incluso los medios han reflejado los modos trágicos en que terminan las vidas de aquellos traficantes que -como se dice en lenguaje suburbano- "se han portado mal". Me refiero al ciudadano colombiano ultimado en el centro comercial Unicenter de Vicente López por un cártel de aquel país, y a la ejecución puesta en práctica por un cártel mexicano de la droga, a partir del caso de la efedrina: el triple crimen de General Rodríguez.

Me gustaría también refrescar la memoria del Consejo de la Magistratura, para que tenga conocimiento sobre el caso del comisario de apellido Polero, en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Persona que arribó en 2007 a la Delegación de Custodias y Traslado de Detenidos en la Jefatura Departamental de Lomas de Zamora. Esta persona me refirió que fue castigado por haber sido el único en reivindicar la represión policial de los años setenta, y confesó ser admirador de Etchecolatz. Basándose en ello, investigó a la familia del albañil desaparecido Julio López (que acusó en su momento al Com. Etchecolaz), elevando un falso informe en donde reportaba que López había sido ocultado premeditadamente por sus propios familiares. Este señor Polero alardea con que jamás pudo ser echado de la función, gracias a los buenos oficios del Ministro de la Nación, don Julio Alak. Oportunamente, el mencionado Capitán Polero hizo todo esfuerzo posible para que quedara yo desprotegido, privado de la custodia policial que he solicitado.

En mi condición de ciudadano preocupado por las Instituciones de la República, demando que se ponga fin al desmadre judicial que impera en la Argentina. Que, de una vez por todas, el Honorable Consejo de la Magistratura cumpla con el rol que le fue encomendado, y se preocupe en apartar al mal elemento en materia de magistrados. Estos jueces no hacen sino desprestigiar a la administración de verdadera justicia, no solo ante el propio país sino ante los ojos del mundo.        

Hoy sabemos perfectamente que la operación de retención de la aeronave estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue planificada por el gobierno argentino, en virtud de que Estados Unidos no quiso ocultar el juicio al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson. Sabemos que, como parte de la represalia, la Casa Rosada ordenó capturar los equipos de comunicaciones que arribaban en el avión norteamericano, sin importar que se trataba de equipos que iban a utilizarse en ejercicios de entrenamiento de las policías locales. Sabemos que el caso del Ministro Aníbal Fernández es un paradigma, una muestra gratuita de la baja calidad de la dirigencia argentina. Porque aquí abundan hechos no investigados, y en los el elemento cómplices en la justicia opta por procesar y condenar al pobre y al débil, en lugar de dar con los verdaderos ideólogos y ejecutores de la corrupción, que son políticos con poder y empresarios de alto poder adquisitivo. Tal como lo refleja la teoría de Sutherland.

En resumidas cuentas, traigo conmigo mi firme reclamo por seguridad jurídica, para que se condene a jueces y fiscales que entorpecieron las causas a que he hecho mención, y que claramente han vulnerado todos mis derechos de defensa. He comprobado de la peor manera cómo una fiscalía instructora jamás puede investigar efectivamente a personal policial involucrado en el tráfico de drogas, apremios ilegales y torturas. Debe notificarse el Consejo de la Magistratura que, de no ser oído en mis reclamos, no dudaré en recurrir a organismos internacionales. Como en su momento sucedió con el caso de Walter Bulacio.

Comparto dos videos en donde explico con detalle mi situación personal en http://www.youtube.com/watch?v=2J2IeaN8Aag y http://www.youtube.com/watch?v=jn5imqgd9dc.


Por Cristian Bulacio, para El Ojo Digital - Cartas de Lectores
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