Más mordazas a la prensa en el Ecuador de Rafael Correa
El pasado sábado 7 del corriente se llevó a cabo una consulta popular vinculante en el Ecuador. Su objetivo -en palabras de ciertos funcionarios del gobierno- ha sido, fundamentalmente, perseguir el desarrollo e implementación de enmiendas constitucionales y políticas públicas que impacten en la vida cotidiana de los ciudadanos, así como una "mejora" del régimen de administración de justicia.
Luego de haberse contabilizado el 80% de los votos por parte del Consejo Nacional Electoral, el Sí ha ganado por estrecho margen. Esto le permitirá al presidente Rafael Correa impulsar su proyecto político. Corresponderá ahora a los senadores redactar nueva legislación, lo que seguro traerá mucha polémica. Ver el enlace: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110514_ecuador_consulta_correa_viernes_jg.shtml
La consulta consistía puntualmente de diez preguntas (demasiadas para un simple referéndum). Quien suscribe intentará centrarse en dos de ellas, que involucran específicamente a los medios de comunicación, la regulación en la difusión de contenidos, y el establecimiento de responsabilidades a los comunicadores y los correspondientes medios de emisión. Ver: http://encontexto.com/actualidad/ecuador-consulta-popular-con-10-preguntas-646.html
Entre las preguntas orientadas a la actualización de la enmienda constitucional número 3, puede leerse: "Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo en prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaría fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 3?”.
En nuestra visión, este planteo no observa coherencia: coartar los derechos y las libertades de individuos que trabajan, viven y están del negocio de la comunicación coincide con la violación de los derechos fundamentales de las personas.
Entre las preguntas de temas generales, la número 4 exhibe: "Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo en que se dicte una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación para normar la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
Este punto es considerablemente más importante, pues tiene relación con los excesos en la información. Es dable puntualizar que, para este caso, la regulación no observa un carácter tan negativo. La mayor parte de las profesiones deben estar reguladas, debiendo observar un criterio de responsabilidad, de la misma forma que la tienen los médicos o los abogados. No existe razón para que el ejercicio del periodismo esté exonerada de obligaciones y responsabilidades.
Al menos en el caso de Costa Rica, se han notado excesos y violaciones a los derechos fundamentales de parte de los medios de comunicación. Un ejemplo de ello se ha visto en las informaciones obtenidas por la prensa en los sumarios de los casos de los ex presidentes y en los juicios mediáticos, producto de la forma desproporcionada en que se magnifican las noticias "de moda" en estos tiempos. Existen abusos que deben cesar.
Los periodistas, directores y medios de comunicación de Latinoamérica deberían poner las barbas en remojo. Lo justo es que el sector promueva a un verdadero y efectivo mecanismo de autorregulación. Si así no sucediere, otras naciones de la región que observan tendencias populistas verán a sus respectivas administraciones tentadas de implementar políticas similares a las ideadas por Rafael Correa en Ecuador y Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela. La libertad de prensa jamás debe verse cercenada, pero sí corresponde ejercitarla con responsabilidad, y con sus propios gerenciadores proponiendo la debida autorregulación. Este rol jamás puede quedar en manos de los gobiernos de turno.