"Todos a casa": en los zapatos de José Luis Rodríguez Zapatero

El resultado ha sido catastrófico para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Por más que se empeñen, él y su grupúsculo de aprovechadores del poder (hasta muchos viejos socialistas como Joaquín Leguina, ex alcalde de Madrid, están en su contra), no podrán detener por mucho tiempo el llamado a elecciones anticipadas para las elecciones generales previstas para el año próximo. La Constitución española prevé, en su sistema de monarquía parlamentaria, el llamado a elecciones anticipadas. Lamentablemente, el sistema presidencialista argentino no tiene una institución semejante. Y lo que debiera ser un cambio de gobierno normal termina entre nosotros en tumulto, tiros y helicópteros.

Advertíamos acerca de la pérdida de legitimidad de ejercicio. Y decíamos que, si bien el gobierno de Rodríguez Zapatero había tenido una confirmación en las urnas en 2008 (legitimidad de origen), los errores y sobre todo la negación de la realidad de la gravísima crisis española terminaron, desanimando primero, e irritando después al pueblo español.

Cuando los indicadores marcan que se ha perdido la legitimidad de ejercicio del gobierno, existe solo una medida por tomar: consultar a la ciudadanía. Y la consulta fue abrumadoramente negativa. No creo que haya retorno para el PSOE, y las elecciones anticipadas que conjeturábamos allá por noviembre del año pasado están al caer. España tiene la ventaja de contar con un partido de alternancia en el poder, en este caso el Partido Popular, que ya gobierna en infinidad de comunidades y ciudades. Lamentablemente, es otra ventaja que no tiene nuestro país: ni elecciones anticipadas ni posibilidad de partidos fuertes que puedan alternarse en el poder.

Ahora, caído el socialismo gobernante, uno se pregunta: ¿en qué quedaron el matrimonio homosexual, la excavación de tumbas de la guerra civil, el acoso a la Iglesia, el “miembros y miembras”, y la inmensa tontería que ha debido soportar la mayoría de los españoles? Mientras millones de ciudadanos de aquel país (e inmigrantes que habían arribado para trabajar) se hundían en el desempleo y la desesperanza, estos señores del poder se entretenían en escaramuzas imaginarias, en demagogia de baja estofa. No es que no se deba atender los reclamos de parejas homosexuales. Simplemente bastaba, sin mayor alharaca, con una ley que reconociera los derechos civiles y económicos de la pareja, pero no llamarles y tratarles como “matrimonio”. Esto es solo un ejemplo. Ni hablar, pues, de las excavaciones de tumbas del bando republicano. Un disparate de principio a fin. Que terminó en la destitución y escarnio del engolado Juez  Baltazar Garzón. Muy admirado por estos lares. Sobre todo por otro lenguaraz, de similares características, como lo es el juez Eugenio Zaffaroni. Abro un paréntesis, para referirme auna causa en la cual la ¡Corte de Videla! reconviene al  entonces Juez de Sentencia Zaffaroni, por su actuación en una causa (consúltese Fallos de la SCJ, 1978, Tomo 300 pag. 457 causa Olleros). Zaffaroni -en plena dictadura- rechaza de plano y elude investigar el Hábeas Corpus de la joven Olleros, presentado por el padre. De más estaría decir que la joven no volvió a aparecer. Abierta complicidad con la dictadura de Videla, que le dicen.

El tema de las excavaciones de las tumbas del ex juez Garzón era un intento de terminar (mejor, exterminar) uno de los procesos que enorgullecían a los españoles y que es y ha sido motivo de estudio en las universidades de todo el mundo: La Transición de la dictadura de Franco a la Democracia. Uno de los procesos modélicos políticos del siglo XX.

Y así. Rodríguez Zapatero y sus encumbrados socios saturaron la mente de los españoles con odio, divisiones inútiles, tiempo perdido. Y todo, ¿para qué? Siempre corresponde testear el consenso, la legitimidad de ejercicio de todo gobierno. Aunque -vale la pena recordar-, este tipo de errores no son solo adjudicables a los "iluminados" de la izquierda: basta citar a Onganía, Aramburu y otros.

Finalmente, es dable concluír que el ciudadano debe y puede controlar, aprobar, reprobar y/o sacar a sus gobernantes (sus mandatarios) si acaso estos llevan al país en rumbo de colisión. No puede un “iluminado” -o funcionario accidental- legislar para mí, para mis hijos o para mis nietos SIN MI CONSENTIMIENTO. Hoy, existen maneras de lograr ese consentimiento. Existen el Internet, los referéndums, el plebiscito, las encuestas (encuestadores argentinos abstenerse). Si a mí, funcionario accidental -porque me nombró Ministro de Educación, supongamos, viejo amigo del barrio y/o pariente- se me ocurre la “genial” idea de cambiar el sistema educativo de la primaria o la secundaria o la universitaria, ELLO NO ME DEBE SER PERMITIDO, HASTA TANTO NO SE CONSULTE la opinión de la comunidad educativa en su conjunto: maestros, padres de alumnos, órdenes religiosas, etc. Simplemente, no puedo hacerlo. No tengo derecho a legislar sobre el futuro de millones de ciudadanos. Olvidaron los gobernantes socialistas –y así les ha ido- que no basta con ganar elecciones, consultando al pueblo cada cuatro años. Corresponde consultar siempre, pues el pueblo es su mandante. Desde luego, esta aproximación contraría la pueril afirmación de las usinas españolas "progresistas" (sabiamente imitadas por sus filiales en Argentina) que reza que "Aquel que quiera opinar de política o decir lo que hay que hacer, debe ganar las elecciones primero”.  En una democracia social, vale tanto la opinión de un diputado como la de un pastor o un maestro o un médico. Nace, así, el Derecho Ciudadano. Y se llevará puesto a Baltazar Garzón, a “miembros y miembras”, a Carta Abierta, a los ex Frepaso, y toda la parafernalia "progresista" que nos azota hoy en nuestra Patria. Aquí y allá. En tal sentido, ha sido sabia la Transición Española. Abrumados por “las dos Españas”, que se habían masacrado durante cien años y dispuesta su clase dirigente a no repetir errores, consultaron al pueblo entre 1977 y 1978 tres veces: llamaron a referéndum para la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, para la legalización del PC y –la más importante- para aprobar la Constitución que todavía hoy les rige. ¡Eso es legitimidad de ejercicio! Los constituyentes habían sido seleccionados por la vía de elecciones libres. Y podrían haber legislado lo que se le antojara. Pero no echaron mano de ese camino. El temor a repetir los errores del pasado -sumado a la necesidad de perseguir consensos- motivó a los viejos enemigos del ayer a consensuar primero, y a legitimar la Constitución por el camino del voto popular después. Compárese –luego de seguir llorando amargamente- con el origen y la forma de la Constitución argentina de 1994...

Puntualizando: es imposible gobernar sin consenso. Más difícil será en el futuro. Las escaramuzas imaginarias o la avidez de poder de gobiernos como el del actual PSOE (jamás confundir con el positivo PSOE de la Transición) en España -o el kichnerismo en Argentina- sólo conseguirán hacer perder un tiempo valioso al resto de la nación, que exige –tal como lo quisieron los hombres de la Transición española en su momento- dejar atrás errores del pasado. Es preciso no tropezar con las piedras que tanto han frustrado a generaciones enteras de ciudadanos.

Un día cualquiera -el día menos pensado-, el Pueblo reasume la soberanía popular y, al decir de los españoles, "¡Todos a casa!". "Miembros o miembras".