La política kirchnerista de viviendas, una maraña de corrupción y discrecionalidad

La ejecución de la política nacional de construcción de viviendas del régimen K conforman una intrincada maraña operativa y legal que favorece la corrupción, los manejos discrecionales y tapan la realidad: que no es otra que durante la gestión kirchnerista –contra los dichos de CFK- se están construyendo menos viviendas que durante la gestión menemista, la radical alfonsinista y delaruista y hasta que durante la dictadura genocida del 76 del siglo pasado.

El caso Schoklender termina por destapar no sólo un nuevo escándalo de corrupción generalizada, algo a lo que ya estamos acostumbrados desde hace casi ocho años, sino que la verdadera maraña de operaciones y manejos discrecionales llevados adelante por el área que quizás mejor sintetice el sistema de gobierno K, que como bien dice Romero se asienta en dádivas, retornos y amiguismo. El manejo de la vivienda social como “inflador” electoral no es algo nuevo, sin embargo esta administración ha hecho permanente abuso de esta herramienta y ha tornado el calendario de anuncio, construcción y entrega casi en un calco de las necesidades de votos.

Este caso –como antes lo hiciera Skanka, o los desmanejos de Ricardo Jaime- golpea nuevamente en el área crucial del gobierno K: el Ministerio de Planificación Federal del Arq. Julio De Vido en general, y en particular en los organismos encargados de coordinar la obra pública, pero además desnuda otra realidad inherente al sistema perverso montado desde los inicios mismos de la era Néstor, que escondía detrás de los “pañuelos blancos” intereses políticos, millones, contratos, favores y sobreprecios amparado en las necesidades sociales más básicas como son la vivienda social de los más carenciados ¿Cómo se gastan los fondos públicos destinados a ese fin? ¿Quién controla su ejecución? ¿Existe la debida transparencia? ¿Es realmente eficaz este gobierno como constructor de viviendas sociales? ¿Cumplió por lo menos con lo prometido?

Este plan –Plan Federal de Viviendas- comenzó en 2004 y se construyeron 143.959 unidades de las 420.000 anunciadas (según propios datos de la SSOP) apenas un 35% de lo anunciado, debiendo sumarse a éste el  Fondo Nacional de Vivienda –Fonavi- y otros planes minoritarios con los cuales el Gobierno K logró completar cerca de 314.800 unidades de un sinfín de anuncios y puestas en marcha a razón de 39.000 unidades anuales. Simplemente como hecho comparativo –y que no implica ensalzamiento alguno- durante la década del menemato que no brilló por ser una época de preocupación social y de impulso a la obra pública se construyeron 317.959 viviendas a razón de casi 32.000 unidades año.

Ni que hablar del período delaruista donde se construyeron 65.186 unidades a razón de 32.500 año, o las 23.000 año del período alfonsinista, siempre inferiores a las más de 45.000 unidades anuales construidas durante el tercer gobierno peronista de Perón e Isabel que igualaban a las construidas por la dictadura genocida de 1976-1983. Los 13 programas específicos orientados a crear soluciones habitacionales, son un sistema apto para esconder el gigantesco fraude armado alrededor de la necesidad popular; el discurso de CFK engloba todo el universo de construcción de viviendas, soluciones habitacionales –completamiento o adecuación de unidades existentes- y otros programas con ONGs o grupos/entidades sociales como el de las Madres, los de la Federación de Tierra y Vivienda de Luis D’Elía, o los de la Corriente Clasista y Combativa rama Alderete, etc.

Los números oficiales de los recursos presupuestarios disponibles solo para 2010/11 de semejante “combo” ascienden a $ 12 mil millones, cifra bastante inferior a los recursos aplicados a la maraña de subsidios a la energía, el transporte, etc.; que más que triplican estas cifras. El particular organigrama de poder que rige en Planificación Federal está encabezado por De Vido, y secundado por José López, Luis Bontempo, Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner –primo de Néstor- quienes terminan por convertirse en los hombres claves del “negocio”; el despropósito de 13 programas esconden, como en el área de los subsidios, una telaraña apta para la corrupción y los “retornos” incontrolables y se denominan: Programa Federal de Reactivación de Obras del FONAVI I y II, Programa Federal de Solidaridad Habitacional, Programa Federal de Construcción de Viviendas, Programa Federal de Villas y Asentamientos Precarios, Programa Federal Mejor Vivir, Programa Federal de Emergencia Habitacional, Programa de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico, Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, Programa Mejoramiento de Barrios, Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del NOA y NEA Argentinos I y II, Programa Rosario Hábitat, Programa de Viviendas Caritas y Fondo Nacional de la Vivienda.

Este interminable listado y la magnitud de su presupuesto mantiene el correlato con el resto de las áreas de gobierno, que no es otro que el de la escasa predisposición a informar periódica y ampliamente sobre la marcha de las obras y el desembolso de sus fondos, contraponiéndose a la costumbre permanente de que una o dos veces por año, De Vido, Néstor antes y CFK ahora efectúen actos para “lanzar o relanzar” los planes/anuncios de vivienda; esta metodología les ha traído enorme cantidad de dolores de cabeza, como el que le sucediera el último jueves 9 de junio cuando afirmara muy segura que desde 2003 se habían construido más de 800.000 unidades de viviendas cuando la realidad y los propios datos de Planificación Federal cantan un total de 575.972 unidades entre nuevas, ampliaciones o terminaciones de unidades iniciadas por otras administraciones. Lo que pasa que de tanto relanzar planes y de tanto anunciar firma de contratos o inicios que no se concretan  ella sumó cerca de 256.000 unidades que solo figuran en los papeles.

A diferencia del sistema anterior –Plan Eva Perón, Plan FONAVI, etc. según los periodos- que era un esquema que se nutría de transferencias automáticas que iban a las provincias y éstas eran las que tenían la facultad de licitar y adjudicar, descentralizando el aporte de las tierras y sus ubicaciones y necesidades y los llamados a licitación, así como los controles y las certificaciones y los pagos, manteniendo centralizado únicamente el contralor de los avances y los pagos efectuados por aquellas; el kirchnerismo desarmó este sistema para imponer un sistema que le permitiera apretar, premiar o castigar a Gobernadores e Intendentes, además de centralizar el manejo de adjudicación de las obras entre los sectores empresarios de sus aliados, amigos o testaferros.

Todo esto terminó redundando –como no podía ser de otro modo- en aumentos de costos injustificados y desmedidos, que ni siquiera acompañaron la inflación interna, sino que desde los iniciales $ 30 mil por unidades de 42 m2 se terminaron pagando $ 125 mil en la Provincia de Buenos Aires, cuando en base a la inflación medida por las consultoras privadas dicha unidad debería costar $ 65.072 duplicándose ésta cifra sin justificación alguna. La discrecionalidad aplicada desde Planificación no sólo alcanza los montos a pagarse según quien sea el constructor, sino que además se definen arbitrariamente dónde se construyen las mismas; colonizó el conurbano bonaerense, sedujo gobernadores con costos que variaban hasta en un 100% y  dispuso de cuotas con la vista puesta en amistades y fidelidades políticas, todas ellas muy alejadas de las necesidades populares.

Los sobrecostos implicaron que del presupuesto inicial del Plan Federal de $ 21.276.900 se hayan destinado $ 19.363.690 es decir el 90,4% habiéndose avanzado solamente un 45%, así es que una unidad promedio tenía un costo de $ 41.442  y hoy en base a lo ejecutado esta unidad cuesta $ 146.136. Un sobrecosto del 256% no se justifica ni por la inflación, ni por el “mercado” ya que la inflación medida por algunos gobiernos provinciales entre 2007 y hoy  fue del 85% mientras el sobrecosto alcanza ya al 300%; así también vemos costos en Chubut  de $ 146.902, Santa Cruz de $ 195.000 y las de las Madres de Plaza de Mayo –Schoklender- pasaron de $ 40 mil a $ 141.600, o sea un 254% de incremento. Los fondos invertidos en las viviendas de las Madres que ampararon el desfalco del administrador de ésta entidad superan los $ 1.250 millones o sea U$S 300 millones mientras miles de familias esperan sus casas o no tienen las respectivas escrituras de aquellas en las que viven.

El permanente desmanejo y la discrecionalidad  del gobierno kirchnerista permitieron antes el caso Skanka, la valija de Antonini Wilson, la “mafia de los medicamentos” en las obras sociales sindicales, la desprotección del espacio aéreo ante el narcotráfico y tantas otras corruptelas amparadas o diligenciadas desde el poder mismo. “Hay discrecionalidad en el manejo del dinero, sobrecostos en su ejecución, y falta de transparencia para conseguir la información. Hay que investigar si en el caso Schoklender –en la causa de la valija, o en la recaudación de la campaña de CFK y en el juego indiscriminado en manos de Cristóbal López o las maniobras de los Eskenazi  o Electroingeniería- hay corrupción, algo que podría repetirse” explica la diputada Reyes.

Y también explica porqué los fondos causantes de este verdadero desfalco realizado por los  Schoklender –y donde Hebe de Bonafini tiene un papel fundamental y de absoluta responsabilidad aunque ahora las Madres y el Gobierno de CFK intenten negarlo- no salían del Plan Federal de Viviendas, sino de otro que el Estado se niega a revelar desde el Ministerio de Planificación; pues de haber salido de aquel plan se debieran haber licitado las unidades de vivienda cosa que las Madres y su programa Misión Sueños Compartidos no realizaban adjudicándose las obras en forma directa a  Meldorek y Gorlac las empresas de Sergio Schoklender.

“Por los convenios firmados en ese plan, todas las contrataciones tienen que hacerse mediante licitación pública, pero la Fundación de las Madres es contratada de manera directa” –aclara Reyes- de las 7.800 viviendas que esta Fundación de Madres debieran haber construido solo se levantaron al día de hoy 1.500 habiendo recibido cerca de $ 700 millones, lo que nos da un costo de $ 466.667 por cada unidad de vivienda construida, todo un verdadero despropósito que no sólo involucra a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo y su dirigencia, sino que también lo hace directamente con el Gobierno de CFK y sus funcionarios que otorgaron los fondos y los que no controlaron su destino, además de ahora involucrar a la Justicia misma y al juez federal Oyarbide que para sorpresa de casi todos vuelve a ser el depositario -¿vía sorteo?- de esta nueva causa escandalosa que involucra a la administración K.


Por el Arquitecto José Marcelino García Rozado
M.P.J. Ignacio Rucci - Liga Federal Metropolitana
Integrante de Liga Federal Nacional