Las Diputadas Victoria Donda y Paula Merchan, responsables en el proceso de narcotización de la Argentina

Las diputadas proponen, en el proyecto de ley, legalizar la siembra y el cultivo de marihuana, la tenencia para consumo personal y la tenencia simple de todo tipo de sustancias. La tenencia simple se da en aquellas personas que tiene drogas en pequeñas cantidades sin ser consumidor, como por ejemplo el vendedor minorista.

En el caso particular de las personas que ingresan drogas a la República -a quienes se hace referencia en el proyecto como “mulitas”- proponen disminuir la pena a dos años de prisión, convirtiendo al delito de tráfico de drogas en excarcelable. El traficante extranjero, entonces, si es apresado, quedará en libertad inmediatamente, pudiendo profugarse a su país de origen. Para las mencionadas legisladoras, estas personas son -tal consta en el proyecto- "víctimas" del narcotráfico.

En lo que respecta al consumidor que llegaba al tribunal por tenencia de drogas y era derivado a un centro de rehabilitación con costas al Estado, tal figura desaparece, como así también la internación compulsiva del afectado.

El proyecto propone, además, dejar en manos de los grupos de reducción de daño la rehabilitación de personas. Estos grupos se encargan en Argentina desde el año 2001 de enseñarle a los jóvenes como drogarse con éxito.

Se esfuma, finalmente, la figura de “confabulación”, es decir que, a partir de ahora, la reunión de personas que planean cometer un delito con drogas no será motivo de intervención policial o judicial. El motivo es que, conforme la iniciativa, el delito no ha sido cometido. Lo piensan hacer, pero el pensar no constituye delito, en la visión de las diputadas.

Se contempla derogar, a la vez, la figura del agente encubierto. El justificativo es el siguiente (siempre citando el texto): "No se debe eximir al agente encubierto de la realización de otro tipo de delitos, dada la corrupción y el negocio paralelo que genera".

Se trata de una suerte de esquizofrenia parlamentaria: las legisladoras presumen, a priori, como delincuente al policía que investiga. Lo califican anticipadamente de corrupto. Sin embargo, el mencionado proyecto cataloga al narcotraficante como víctima en la comercialización de drogas. El confabulador será ahora un "librepensador, y el vendedor minorista será apenas un tenedor simple de narcóticos y drogas ilegales.

En el párrafo final, las diputadas agradecen el asesoramiento del abogado Luís Osler, conocido en el fuero por ser el defensor de Marco Antonio Estrada González, quien fuera sindicado como el líder del cártel peruano que se encarga de la venta de cocaína y PACO en la República Argentina.