La contienda electoral: propuestas que no llegan al ciudadano y falacias que se reiteran

Finalizado el plazo para la presentación de las candidaturas presidenciales, la oposición ofrece un variado menú para una gran mayoría de la población que no ve con buenos ojos a la opción oficialista.

A pesar de los esfuerzos oficiales por tratar de imponer la idea hegemónica de un triunfo del “modelo kirchnerista”, no resiste ningún análisis serio imaginar que cualquier fórmula que presente el partido del gobierno pudiese superar con holgura los votos obtenidos en junio de 2009.

Por otra parte, aparece un dato de la realidad que resulta indiscutible: la primera vuelta define la composición del Congreso Nacional y con guarismos del 30% a nivel nacional, el cristinismo deberá lidiar – si triunfase hipotéticamente en segunda vuelta- con un Poder Legislativo tan adverso que hasta le sería imposible cooptar voluntades de aliados transitorios. Es decir, la transversalidad ya tiene certificado de defunción con fecha cierta.

Vale en este punto, analizar una sencilla cuestión. ¿Necesita la actual Presidente inmolarse otro período siendo, además, el último, acorde lo que marca nuestra Carta Magna?

Con un futuro tan incierto, la respuesta negativa surge prístina.

Por una parte, está el tema de su dolorosa situación personal.

Cristina Fernández ha perdido la otra rueda del carro. Y eso, le guste o no a ella y al resto de su cohorte, es definitivamente irreparable.
La Presidente ha sido dotada de una aptitud discursiva destacable y de una retórica envidiable.

Brillante legisladora, cumplía su rol ejecutivo sabiendo que su malogrado cónyuge era el encargado de manejar la “rosca” y de alinear la tropa, tanto en la mesa grande como en la mesa chica que  componían sus confidentes más cercanos.

Con la muerte del ex mandatario el desbande se manifiesta de un modo cruel y decisivo.

Cristina sabe bien que su menguado poder no le alcanza para ordenar a sus adalides. Parece lógico que no declinara en junio su voluntad de ser candidata.

Pero de lo que ocurra en los próximos test electorales (Capital Federal, Santa Fe y Córdoba y la “primaria” del 14 de agosto) tomará debida nota porque esa será la cruel realidad, y no la de las manipuladas encuestas ó lo que los falsos profetas que la rodean le auguran.

Por otra parte, se avecinan tiempos complicados en relación con la economía.

La inflación carcome los bolsillos, especialmente los de la clase menos pudiente; los subsidios no son prorrogables por mucho tiempo más, lo cual implica que los servicios básicos sufrirán un duro aumento que deberán absorber los contribuyentes, por lo que no parece ser un escenario adecuado para proseguir con éxito aturdiendo voluntades con el reiterado discurso de la justa “redistribución de la riqueza y el ingreso”.

Es cierto, también, que a la población en general no le preocupa la institucionalidad, ni la corrupción estructural, en tanto y en cuanto eso no afecte su economía cotidiana.

Los temas pasan por otras  angustias más inmediatas: el empleo, el salario, la inseguridad, la droga, sin establecer un orden de prioridades.
Pero a fuer de ser sincero hay que señalar que el arco opositor no ha sabido, no ha podido o simplemente no ha querido explicitar claramente cómo se afecta diariamente – y desde hace años- el nivel de vida de los ciudadanos por obra y gracia de la concentración del poder a través del manejo de “la caja”.

La Constitución Nacional -desde 1853- nos ha enseñado que el sistema de gobierno adopta la forma representativa, republicana y federal (Artículo Primero). Sin embargo, a poco de que se analicen los conceptos referidos, en algunos casos se encuentran menguados y en el otro es prácticamente inexistente.

Actualmente, en nuestro país, se encuentran vigentes más de ochenta impuestos que afectan tanto a los trabajadores en relación de dependencia como a los cuentapropistas.

La mayoría de ellos son recaudados por la Nación, directa o indirectamente, y tienen como característica especial que se reparten a través de una Ley de Coparticipación que nos hace vivir más cerca del unitarismo que del federalismo. En otros casos ni siquiera se coparticipan.

Algunos colegas (el Dr. Zaffaroni, el Dr. Gargarella, entre otros) abogan por un sistema parlamentario para atemperar el actual Presidencialismo Absolutista.

Empero, de mantenerse la actual forma concentrada de recaudación impositiva, el paliativo de un sistema parlamentario no curará las profundas deficiencias del actual Presidencialismo Unitario.

Resulta mucho más sencillo aplicar rigurosamente el texto constitucional y crear las bases de un federalismo fiscal que permita invertir la actual pirámide de la Ley de Coparticipación.

En efecto, a la inversa de lo que hoy ocurre resultaría viable que cada municipio y cada provincia recaude sus propios impuestos y coparticipe un porcentaje de ellos con destino al gobierno central.

Concurrentemente, a través del Congreso Nacional se debería fijar qué impuestos seguiría percibiendo la Nación y el porcentaje de los mismos, para atender un Estado eficiente y abocado a sus obligaciones primordiales.

Cuando el gasto público aumenta en forma desmedida y el Gobierno Central recibe críticas por ello (este ó cualquier otro) se esgrime por toda respuesta  “no vamos a ajustar en salud, seguridad, educación y defensa”, como si respecto de esos rubros viviésemos en una panacea con la desmesurada caja recaudatoria que supera el 40% del PBI.

No obstante, no escuchamos propuesta alguna de los candidatos de los diferentes partidos de la próxima contienda electoral que hable de federalismo fiscal, cambios en la Ley de Coparticipación y drástico achicamiento de la “caja recaudadora central”. Se preguntarán ustedes el porqué. La respuesta es sencilla: la caja asegura hegemonía, poder discrecional y omnímodo y posibilidades de desviar fondos para fines propios públicos (demagogia, obras diversas con intenciones electoralistas, aceitamiento de punteros políticos, etc.) o fines propios privados ( financiar estructuras partidarias, comprar voluntades, enriquecerse personalmente, etc., todo ello, a través de actos de corrupción).

Con los ejemplos de la realidad, huelgan mayores comentarios al respecto.

Los detractores del modelo expuesto nos tratarán de convencer de la imposibilidad de aplicar el federalismo fiscal, pero para ello apelarán a falaces argumentos y burdas mentiras para imponernos la mendaz idea de que los constituyentes de nuestra carta magna de 1853 estaban equivocados o son anticuados.

Con el actual modelo, si es que se le puede llamar así, ha quedado demostrado que el Estado Nacional no tiene porqué asumir funciones empresariales y manejar discrecionalmente fondos que deberían atender necesidades habitacionales, de salud, de educación, de seguridad, de vías de comunicación, etc. a nivel de las jurisdicciones provinciales y municipales.

Un verdadero federalismo fiscal además de ajustarse a las prerrogativas constitucionales, desalienta las prácticas corruptas.

En efecto, la inmediatez  le permitiría a cualquier ciudadano pedir rendiciones de cuentas a los funcionarios locales en relación a la ecuación ingresos-egresos y hasta participar en las decisiones  para encarar cualquier necesidad que tuviese el municipio de referencia (un colegio, un centro de salud, un camino, un puente, etc.) con un orden de prioridades resuelto por la propia comunidad y hasta auditando el costo de las obras a ejecutar.

Y se terminaría con el viejo discurso de que no llegan en tiempo y forma los giros de la provincia y/o de la nación, tan utilizado y tan gastado para descargar la responsabilidad en otros funcionarios que son inalcanzables para los habitantes comunales. En buen romance, se transparentarían muchos actos públicos de los gobernantes.

Otro tema en el que coinciden casi todos los partidos es el referente al atraso del tipo de cambio.

La falacia de que un tipo de cambio más alto nos hace más competitivos se ha venido sosteniendo desde antaño, sin que nadie nos advierta que contra un dólar alto los salarios bajan ostensiblemente.

Esa ecuación devaluatoria, que solamente maximiza ganancias y asegura la indemnidad de “la caja recaudadora”, nunca le significó a los ciudadanos del país un mejoramiento de su estándar de vida.

Son los falsos argumentos “populistas” que nos han hundido en la marginación, en la indigencia y en la mayor pobreza estructural de la historia argentina.

No seamos inocentes, si los países pudiesen convertirse en paraísos con una fórmula tan sencilla, bastaría con hacer subir el dólar a $20 y seríamos una potencia mundial.

No es así. No hay país sobre la faz de la tierra que se haya desarrollado con “recetas populistas”.

Como tampoco existe Nación en el mundo que pueda convertirse en un país próspero si no tiene una moneda sana.

Sin duda alguna las ideas Keynesianas de impulsar el consumo artificialmente nos ha llevado mundialmente a catástrofes internacionales, que a la larga o a la corta nos terminaron infectando.

EEUU no se ha podido recuperar, aún, de su tropiezo del año 2008 y tiene al frente de la Fed (similar a nuestro BCRA) a un personaje obsesivo con la teoría de la emisión monetaria desmedida.

El Banco Central Europeo ha seguido la misma receta y los resultados están a la vista (Grecia, España y Portugal, sólo por ahora).

El dinero no crea riqueza. Solamente la representa.

Por ende, cuando la emisión del mismo excede los bienes y servicios existentes, o no se relaciona con la producción genuina, tenemos miles de millones de “papeles pintados” (o de dinero falso, si se quiere) porque el mismo no se condice con lo que el público demanda, sino con una necesidad insuflada de modo artificioso que más temprano que tarde se traduce en inflación o en desocupación, según cual fuese la variable que se decide afectar para mantener y aumentar el circulante.

El concepto “ajuste” goza de impopularidad porque la conciencia de la población ha sido manipulada temerariamente.

En cualquier hogar cuando los ingresos disminuyen, la familia con básico sentido común cambia sus hábitos, es decir produce un “lógico ajuste”.
Asimismo, cuando un médico le sugiere a su paciente modificar la dosis de un fármaco no hace más que “ajustar la medicación” en beneficio de su salud.

Podríamos mencionar cientos de ejemplos en los cuales el “ajuste” se lleva a cabo y es entendido como una circunstancia  obvia y necesaria.
Y la economía nos ha enseñado que cuando “alguien” no ajusta debiendo hacerlo, la economía termina produciendo el ajuste por ese “alguien”, pero con efectos generalmente mucho más devastadores. Sobran ejemplos al respecto.

Cada ciudadano debe comprender que su responsabilidad no es ajena a lo que ocurre cotidianamente en el país y en el destino que le toca vivir.

Debemos entender que no alcanza con emitir el voto si paralelamente no existe una actitud comprometida para exigir explicaciones, que debemos abandonar la postura conformista, y que necesitamos involucrarnos mucho más y peticionar acorde lo que nuestra Constitución Nacional nos garantiza, reclamando vivir en una sociedad ordenada donde existan premios y castigos, donde se destaque el esfuerzo, el emprendimiento, la cultura del trabajo y las sanciones cuando se trasgreden las normas básicas de convivencia.

Deberemos aprender a no votar “candidatos” sin propuestas claras, concretas y viables.

Es hora de que de una vez por todas empecemos a madurar desde el núcleo social, para no sufrir posteriormente el desengaño que suele embargarnos al final de cada ciclo presidencial.