Caso Noble Herrera: la utilización perversa y sesgada de los derechos humanos

Los principios más básicos de la democracia –así como los republicanos- se encuentran arraigados en el principio de igualdad ante la ley, sin importar a qué sector socioeconómico estos pertenezcan, desde los más humildes hasta los más poderosos. El presente régimen cuasidictatorial construyó un "relato sesgado" de la peor dictadura de que tenemos memoria los argentinos, en connivencia con Madres, Abuelas e HIJOS: colocóse a la sociedad frente a una falseada realidad que solo miraba los crímenes de un sector en aquella lucha fratricida y se hizo responsable solo al sector militar.

Luego de cometer el hecho inconstitucional más aberrante -judicialmente hablando- de “derogar” (parcialmente, además) los indultos constitucionales dictados por el ex presidente Carlos Menem, y de abolir con retroactividad las leyes de punto final y obediencia debida –enfrentando perversamente el Derecho Internacional más básico desde Nuremberg-, el gobierno se dedicó a una lisa y llana persecución ideológica de aquellos quienes no pensaban como ellos. Mucho más si estos sectores se atrevían a destapar los reiterados actos de corrupción generalizada y robo de los dineros públicos. Mientras tanto, el kirchnerismo no dejó de empobrecer a la sobradamente maltratada población argentina, la cual jamás se benefició de las tasas récord de crecimiento.

Así fue como Cristina Fernández, Estela Barnes de Carlotto y Hebe Pastor de Bonafini -junto a Eduardo Luis Duhalde y Aníbal Fernández- condenaron” sin juicio ni prueba alguna, por el simple hecho de la portación de apellido, a Marcela y Felipe Noble Herrera de ser hijos de una "apropiadora" durante la noche negra de la dictadura genocida. El previsible final del cotejo de sus datos genéticos, que diera negativo, terminó por convertir a la farsa en un verdadero sinsentido. Esta guerra ideológica se amplió al terreno judicial, espectro donde el Gobierno Nacional disfruta de su connivencia con la "familia" de magistrados que componen, entre otros, los Oyarbide, los Salgado y los Marquevich.

Encaró el oficialismo esta lucha persecutoria en un terreno donde no parecen importar medios ni consecuencias. Pero el resultado de Marcela y Felipe llega en la peor hora de este gobierno corrupto, fascistoide y de corte estalinista. Se llegó a la aberración jurídica de basar toda la trama en una mera denuncia, a la que se subieron prestamente una presidente constitucional, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y otros tantos personajes de la cohorte gubernamental. El caso Noble Herrera tornó en un referencia obligada para todo aquel que quiso sumarse al hostigamiento oficial desatado contra los medios de prensa y en especial contra el Grupo Clarín, Cablevisión y sus otras empresas.

Desde aquella “alocada” denuncia de Guillermo Patricio Kelly, junto a Jaján y su mujer en 1995 (desestimada por “carecer de elementos mínimos para ser investigada” –Bagnasco, Servini de Cubría, Canicoba Corral-) hasta 2001, oportunidad en que el ex juez federal Roberto Marquevich incorporara a la causa como querellantes a dos familias de Abuelas sin que se agregara ningún elemento que uniese a la misma con las causas de los desaparecidos y el poder militar genocida. El magistrado -sin siquiera una citación indagatoria- decidió detener a Ernestina Herrera de Noble el 17 de diciembre de 2002, pero dicha detención sería revoada luego por la Cámara Federal de San Martín por haberse decidido "sin causa, prejuzgando y con manifiesta enemistad": Marquevich fue separado del caso. Este juez, apenas un año más tarde, sería destituído por el Consejo de la Magistratura por numerosos pedidos de juicio político. El final de la historia que vemos ahora arriba con calidad de inexorable y absolutorio.

En el proceso, asistimos a declaraciones periodísticas carentes de la menor ética, actos políticos y hasta al uso indebido de la Cadena Nacional, ataques y tropelías promovidas desde el atril por el fallecido Néstor Kirchner y por la actual primera mandataria. Hubo incluso que tolerar que el otrora jefe de Gabinete declarara "los hermanos no tienen derecho que los asista en la investigación". Se habló impunemente de “apropiación”, “delitos de lesa humanidad”, “robo de bebés”, enmarcado todo ello en falsas y muy ligeras acusaciones que alegremente vertían funcionarios estatales, periodistas “militantes” y hasta los mismísimos referentes de los organismos y las organizaciones de derechos humanos.

Con esa desaprensión tan característica de estos verdaderos mamarrachos que nos gobiernan, se llegó a la inconstitucionalidad del uso de la fuerza pública y la humillación para obtener datos genéticos, prejuzgamiento de culpabilidad y hasta de tratar de imponer judicialmente resultados mediante hostigamientos crueles e innecesarios propios de patoteros y personajes de la peor calaña, llegando a la emisión de “parodias” del caso e incluso a burlarse canallescamente de las persecuciones judiciales a la que estos pobres chicos eran sometidos. En su programa de Canal Nueve, el periodista militante Víctor Hugo Morales llegó a poner en el aire un dibujo animado que ironizaba sobre la adopción de los hermanos, emitiendo además un fragmento de una película que mostraba la manera en que era robado un bebé recién nacido.

Orlando Barone –el mismo al que Sarlo silenciara tan elegante e inteligentemente- dijo que Clarín (a quien, aclaro, no me interesa defender) era "un imperio a través de un delito, de la impunidad". Algo similar declamó Carlos Raimundi -de Nuevo Encuentro- en el programa 6,7,8: "Es una empresa fundada sobre un pacto de complicidad con el genocidio. De ahí deriva la apropiación ilegal de hijos". Remo Carlotto, Diputado Nacional del Frente Para la Victoria por la provincia de Buenos Aires llegó a la cobarde temeridad de reproducir una versión disparatada, donde afirmaba "El Señor Héctor Magnetto fue el que recogió a los niños de manos directas de Jorge Videla". Florencia Peña, actriz y militante K, llegó a preguntarse "¿Cómo todavía hay gente en la oposición que dice que esto es una persecución? ¿Qué pasa por las cabeza del juez que le da los amparos para que no se hagan los ADN? Yo no quiero dejar en manos de la justicia nada". Un pensamiento verdaderamente democrático y republicano.

La pelea K por Papel Prensa fue bastante parecida. Se inició objetando el monopolio –ese que el Estado podría haber desmonopolizado con sólo licitar otra planta de papel de diario, cosa que jamás se preocupó por hacer- y se terminó en una acusación extraviada, paranoica y poco verosímil, en la que Osvaldo Papaleo y su hermana (ex viuda de Graiver) acusaron bajo el calor oficial del Salón Blanco de la Casa Rosada que la empresa había sido obtenida casi "bajo tortura". Este régimen está acostumbrado a inventarse supuestos delitos de lesa humanidad, como también sabe ratificar la mentira burda y mercenaria (se obtienen dineros de ONU y ONG’s internacionales) de contar 30 mil desaparecidos cuando el recientemente desaparecido Sábato y Graciela Fernández Meijide –ambos integrantes de CONADEP- observaron una cifra mucho menor. La explicación: si la cifra fuera menor a los "treinta mil", los derechohumanistas hubieran percibido muchísimo menos dinero en concepto de subsidios y aportes internacionales. Se impone revisar en el futuro -y de manera integral- esta estafa al dinero de los argentinos.

Néstor Carlos Kirchner, deseoso de legitimarse ante la sociedad tras la obtención de un escaso 22% de los votos en mayo de 2003, se subió al movimiento de los derechos humanos, logrando cooptar varios de dichos organismos y a sus dirigentes. Otros casos le resultaron adversos y hasta generó particiones en algunos, pero con la complicidad de la Corte Suprema y la inconstitucional derogación de los indultos del menemato –que nunca apoyé pero que son patrimonio exclusivo y excluyente del Presidente de la Nación y no revisables por ser un derecho Constitucional- el avance en las causas judiciales y la detención de militares "genocidas" –o simples perejiles en muchísimos casos- le sirvió para ganarse a los más rencorosos o el silencio del resto, cuando no cierta aprobación "condicional" de otros.

Corrupción y justicia no se llevan de la mano y, pese a todo –o a causa de ello justamente- el Caso Schoklender/Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo con la Misión "Sueños Compartidos" terminó estallando en las narices del gobierno, aunque éste intentara por todos los medios silenciarlo, acallarlo u ocultarlo. Nadie, salvo los propios regentes de estas organizaciones, junto con la asistencia de funcionarios corruptos, perjudicó a las Madres y a los organismos de DDHH. La laxitud de los controles –como mínimo-, los aceitados ductos para la circulación de dinero fácil, la displicencia y la complicidad fueron los mejores socios junto a Sergio y Pablo. Tal como procedió con el Caso Skanska, las valijas de Antonini Wilson, la mafia de los medicamentos adulterados, el triple crimen de General Rodríguez y el avión con cocaína de los Juliá a España, la Casa Rosada hace ahora lo propio con el caso Noble Herrera.

Se trató, en rigor, de una campaña sostenida durante años y plagada de chicanas judiciales, mentiras, pruebas que se desechaban cuando los resultados no eran los esperados o los convenientes y el fomento del estado de sospecha general. Pero, a la larga o a la corta, la máscara termina por caerse cuando comienzan a aparecer “muestras incompletas”, oportunas ferias judiciales y dilaciones que se parecen demasiado a manotazos de ahogado. Es muy difícil saber qué pasará en agosto y en octubre, pero no es complejo comprobar lo que sucederá próximamente en Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Si acaso ocurriera que CFK se alzase con la victoria, es previsible pensar que seguirán por otros cuantos años más –dos, tres a lo sumo- llevando adelante el “relato” de la batalla ideológica al terreno judicial y haciendo cada vez menos democrática a nuestra sociedad. Vivimos hoy en una sociedad democrática cada vez menos democrática, y no se trata de un mero juego de palabras.

Finalmente, la verdadera justicia termina por imponerse. Me atrevo a augurar un largo y pesado trajinar de muchos de estos personajes por los pasillos de los tribunales y de las cárceles del país, como justa y muy necesaria reparación para tanta corrupción, desatino, injusticia y robo descarado.