"La Argentina es un verdadero colador, infiltrada por el contrabando y el narcotráfico"

Cristina Fernández lanzó, desde Santiago del Estero, el operativo “Escudo Norte” con la puesta en funcionamiento de un radar que ella designó como “un elemento fundamental para combatir el narcotráfico”. Este plan u operativo contra el narcotráfico y la prevención en el NOA y el NEA lanzado de apuro y en medio de la campaña electoral se pensó para contrarrestar las críticas que sindican a toda esta región como una suerte de “zona liberada”, utilizada por los narcos para consolidar sus operaciones.

No es nuevo para la Argentina el problema del narcotráfico, algo que viene ocurriendo desde las postrimerías de los años setenta, y principalmente desde el tiempo del gobierno del General Meza en Bolivia cuando, en connivencia con los gobiernos militares de la dictadura genocida, se utilizaba el territorio nacional como lugar de paso para su posterior distribución hacia Europa y los Estados Unidos. Pero desde aquellas lejanas épocas donde Argentina era apenas una nación de paso, con el correr de los años y la desidia –cuando no la complicidad abierta y desembozada de los gobiernos- esta situación fue mutando hacia una mucho más peligrosa en donde nuestra nación pasó a ser país de consumo, a mediados de los noventa.

Los mapas satelitales de hace veinte años mostraban con una claridad meridiana la proliferación de pistas clandestinas diseminadas por todo el NEA y NOA, así como en el centro y la región de cuyo; también y en menor medida en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Este verdadero queso gruyere en que se había convertido el país incidió totalmente en aquel paso de país de “tránsito” a país de “consumo”, razón por la cual -durante la mitad del período menemista- comenzó a estudiarse un plan de radarización completo que, además de servir a la seguridad del tránsito aéreo, permitiera un férreo y concreto control de las operaciones del narcotráfico.

Aquella inquietud por radarizar con elementos de 3D –radares de uso militar que permiten controlar efectivamente todo tipo de vuelos y su identificación- llevó a estudiar la posibilidad de producir este tipo de elementos, de compleja tecnología e inexistente en Sudamérica, en las instalaciones del INVAP -Instituto de Investigaciones Aplicadas- de capitales estatales nacionales y provinciales. Pero, junto a esta inquietud, existió una primera donación –nunca concretada- de parte del gobierno de Italia para instalar siete (7) radares Marconi de uso civil (2D) en siete puntos críticos para el tráfico aéreo nacional e internacional; esta frustración llevó a una investigación judicial del entonces juez federal de Mendoza que, al igual que muchas, otras quedó en la nada, lo mismo que aquel frustrado primer intento de radarizar la nación.

A la pantomima de CFK realizada en Santiago del Estero con la presencia de la Ministro de Seguridad, Nilda Garré, y el Ministro de Defensa, Arturo Puricelli y el Gobernador radical K Gerardo Zamora, se sumaron anteriormente el Ministro de Economía y candidato a vicepresidente Amado Boudou y el Ministro de Planificación Julio De Vido –imputado en el escándalo Schoklender, Madres de Plaza de Mayo línea Bonafini-. Estos, al inaugurar obras en esa misma provincia, reforzaron los dichos presidenciales respecto de que “este operativo fue diseñado e imaginado para la lucha y prevención contra el narcotráfico por él –clara alusión a Néstor- en vida” explicó la Presidente.

Es rigurosamente cierto que aquel extinto presidente argentino ya había también prometido la radarización del NOA y NEA, con los mismos radares 3D que pensaba desarrollar con fondos aportados por el Estado Nacional el INVAP, tal como casi una década antes lo había también imaginado Carlos Menem. Uno y otro dejaron la Presidencia habiendo incumplido absolutamente con esas promesas, con la diferencia que durante ese período la Argentina pasó de ser una nación “consumidora” a ser un país “productor” de estupefacientes, donde ser radicaron las mafias del narcotráfico –muchos integrantes de Sendero Luminoso peruano ingresados bajo el amparo del régimen K- mejicanos, colombianos y peruanos que junto a los productores bolivianos conformaron las primeras “cocinas” de fabricación de estupefacientes nacionales.

La connivencia del régimen kirchnerista se pone claramente de manifiesto con la causa del triple asesinato de General Rodríguez, la mafia de la efedrina y los asesinatos de narcos colombianos en Unicenter y en Puerto Madero, los vuelos de Southern Winds a Tacna (Perú) y los más recientes de los hermanos Juliá a Barcelona; todos hechos acontecidos en el último quinquenio, situación claramente marcada por las comunicaciones elevadas por la embajada de Estados Unidos y puestas de manifiesto con los escándalos de Wikileaks. Es de tal magnitud la corrupción existente en el gobierno K y su cercanía con el narcotráfico que es la sede diplomática quien relaciona al jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, con el estatus de país liberado al narcotráfico y al narcolavado.

Tres diputados republicanos de Florida, Ileana Ros Lehtinen, Connie Marck y David Rivera enviaron recientemente una carta a la Secretaria de Estado –Hillary Clinton- solicitándole se inicie una investigación sobre “potenciales relaciones entre las autoridades argentinas y el tráfico de estupefacientes y respecto además a los esfuerzos de Irán por establecer vínculos de cooperación nuclear con Argentina utilizando a Venezuela de interlocutor”, entre la suma de documentos que acompañan este pedido se destacan los “cables” de la Embajada Estadounidense en Buenos Aires –algunos publicados cuando el escándalo de aquellos- donde se involucra a muy altos funcionarios con la “liberación” de zonas y territorios al narco y la falta de medidas concretas respecto de las exigencias del GAFI,  muy recientemente cumplidas y muy parcialmente –casi para no ser sancionados- en casos de “lavado” de dinero de operaciones dudosas o de narcolavado.

Si a todo esto se le suma la inoperancia total del Estado, que retira gendarmes de las zonas calientes para utilizarlos en políticas de pseudoseguridad en el conurbano bonaerense y en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que se niega a estudiar y sancionar una “ley de derribo” –como tienen todas las naciones serias del mundo, incluídos nuestros vecinos- que colabore a despejar el espacio aéreo de naves del tráfico, no podemos más que extrañarnos de la supuesta bondad del “operativo Escudo Norte” implementado, o puesto en práctica más pomposamente que realmente, por CFK hace apenas unos días.

Lo realmente grave de este anuncio presidencial es que los elementos que componen el “novedoso” plan Escudo Norte, además de haber sido pagados con sobreprecios escalofriantes -180% por encima de los costos de mercado- este aparato “Rasit” es un aparato diseñado para el combate, para detectar tanques y helicópteros de vuelos rasantes ya que alcanza una cobertura máxima de 1.500 metros de altura, se suma la no intervención del Congreso Nacional, por que se suman a esta “lucha” las Fuerzas Armadas imposibilitadas de hacerlo por la Ley de Defensa Nacional existente, y que no tienen el “alcance eficaz” necesario para que sean realmente operables, además que algunos de los que se pretende instalar están fuera de servicio, otro opera apenas tres horas por día y por último radares de combate terrestre inútiles tanto para el control aéreo como para ser operados en el monte, donde se los piensa instalar.

Un plan serio de lucha contra la penetración del espacio aéreo nacional, y la lucha contra el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero o el combate a operaciones clandestinas de contrabando requiere de un plan maestro que incluya el despliegue sistemático de Gendarmes y Prefectos, una fuerzas aérea de disuasión y derribo de dos tipos, una de patrullaje e intercepción con aviones a reacción capaces de perseguir, controlar y/o derribar a las modernas naves utilizadas por el narcotráfico, y otra de aviones a hélice –los míticos Pucará- que sirvan de apoyo a las fuerzas terrestres o fluviales en el combate con los traficantes o contrabandistas.

El equipamiento tanto de las aeronaves, como de las patrulleras de río y de las fuerzas terrestres y fluviales deberán ser específicos y modernos para operar en la oscuridad o con censores de calor o infrarrojos, la radarización debe ser coherente y contemplar equipos aptos para el control total del espacio aéreo –mínimo 7 radares 3D-, y equipos terrestres de detección eficaces –no menos de 12 de 2D- y con el alcance necesario para que ayuden a las tareas de las fuerzas terrestres y de monte. Pero todo esto si no está acompañado de una legislación “moderna” y que incluya el “derecho al derribo” de aquellas aeronaves que invadan el espacio aéreo nacional, no tiene ningún sentido, pasando a integrar el cúmulo de hechos y anuncios cargados de buenas intenciones, en el mejor de los casos, pero totalmente ineficaces e ineficientes.

Como bien denunciara el ingeniero aeronáutico Ricardo Runza “es un plan irrealista que esconde negociados. Es un programa que le miente a la sociedad, con poco rigor técnico y que esconde un operativo de corrupción fenomenal. Para mí es una burla para la sociedad. Es un plan irrealista que esconde negociados, una vez más, como ocurre en los últimos 20 años. Esto es una estafa … esconde un negocio de $  500 millones. Ese radar que dicen haber puesto en Santiago del Estero ha sido financiado por De Vido, con un pago anticipado. Esto significó la anulación de una licitación internacional de manera injustificada.” Enfatizó-.

 “El radar que hace referencia el decreto es uno de origen francés que exhibe un valor de $5 millones menos de lo pagado. Lo más grave aún es que tiene un alcance de 200 kilómetros, mientras que el de la licitación anulada alcanzaba los 400 kilómetros. El radar instalado e inaugurado por la Presidente cubre un alcance hasta el límite de la provincia, es decir que todo el norte está descubierto. Los radares Bendix, que fueron donados por España y que se encuentran en Resistencia y Reconquista, están fuera de servicio. En tanto que el de Tartagal funciona apenas 3 horas por día” –continúa explicando Runza- “es la realidad. La Presidente presenta “Escudo Norte” como también presentara “El LCD para todos” o el “Fútbol para todos”. Es un plan irreal.” Completa la explicación.

Tanto Ruera como la diputada Gambaro subrayan lo que venimos sosteniendo, o esto que se presenta es “otro” anuncio sin fin real, o es otro hecho de corrupción tanto o más grande que el caso Schoklender/Bonafini, pues llevar adelante un plan a ocho (8) años –plan INVAP de desarrollo de radares de 3D- habiendo perdido ya como mínimo 5 años desde el anuncio de Néstor Kirchner, o implementarlo desde el vacío legal de una ley de derribo es una falencia muy grave en materia de protección de fronteras y del espacio aéreo nacional.

La nación debe dejar de implementar parches, en el mejor de los casos, cuando no dejar de permanecer a merced de los traficantes con la connivencia y el plácete de las autoridades, y centralizar la lucha contra el narcotráfico, el narcolavado y el contrabando con la creación de una “Agencia Federal” tal como proponemos en nuestro manual del IPPE –Instituto de Planificación de Políticas de Estado-, con capacidad operativa y de ser desplegada a lo largo y ancho del país. No podemos seguir con estas payasadas de instalar un radar aún no homologado y en estado experimental mientras el consumo de drogas en el país paso a aumentar entre un 200 a un 300% en los últimos 10 años –fuente ONU- y después de pasar de ser un país consumidor a uno “productor” de estupefacientes.

El proyecto de Ley de la diputada Gambaro del PRO, que duerme en Diputados, promueve una serie de medidas disuasivas –muy por encima de lo exigido por la ley brasileña, por citar un ejemplo cercano- y luego de agotadas éstas sólo el Presidente o las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina pueden autorizar el derribo, es ella también quien propone una “Agencia Federal Antinarcóticos” como complemento de la ley de derribo y de lucha contra el tráfico de estupefacientes. Ambas leyes más otras varias más se hallan propuestas por el manual del IPPE como Políticas de Estado a ser implementadas y acordadas entre todos los partidos políticos argentinos, tras las elecciones de Octubre.

Solo así vamos a empezar seriamente a enfrentar el verdadero colador que es hoy la frontera nacional.