Fraudes y escándalos patrimoniales

Pensaba dedicar mi comentario semanal a comenzar a difundir propuestas concretas para refundar el país desde sus cimientos –y someterlas a la discusión pública- pero, nuevamente, tendré que postergar ese propósito, toda vez que la vertiginosa actualidad me impone tratar dos temas en particular. Finalmente, parece que el ya inocultable fraude –pese a la banalización del mismo efectuada por don Lorenzetti, el inefable Presidente de la Corte Suprema de Justicia- cometido en ocasión de las primarias ha conseguido que todos los partidos de oposición, sin excepciones, hayan iniciado una verdadera cruzada para impedir su reproducción en la primera vuelta electoral que se realizará el 23 de octubre. Creo que en estos hechos y más allá de la prematura y absurda felicitación con que la señora Presidente gratificara públicamente al Ministro del Interior, don Randazzo, lo que pasará a integrar el libro de records personal de este Gobierno son las palabras de este personaje de opereta quien, muy suelto de cuerpo, explicó que se oponía al sistema de boleta única porque, en caso de aplicarse, haría que el Ejecutivo perdiera gobernabilidad. Traduciendo, dijo que ese método, utilizado con éxito en Santa Fe y en Córdoba, permite que los ciudadanos elijan con facilidad a un presidente de un color político y a legisladores de otro, lo cual redundaría en un mayor control desde el Congreso. ¡Qué democrática razón! Más allá del éxito que pueda cosechar el abanico opositor en la materia, no debe dejarse de lado la propuesta de instruir a todos los fiscales de cada uno de los partidos –de mesa, generales, en el Ministerio del Interior e informáticos- para que cumplan su rol para todo el resto del arco político, controlando que no falten boletas tanto propias como ajenas y verificando la exactitud de la confección de las planillas del escrutinio, (retirando copia firmada de las mismas al terminar el acto), de los telegramas que se envíen y se reciban, y de la carga manual en el centro de cómputos. Además, deberá hacérseles saber que, ante la menor irregularidad detectada, tendrán que solicitar al presidente de mesa o a los funcionarios de la Cámara Nacional Electoral la suspensión del comicio hasta tanto sea subsanada, convocando a la prensa en caso necesario. Por lo que he visto estos días en diferentes programas políticos, han hecho suya esta sugerencia la Senadora “Chiche” Duhalde y los diputados Patricia Bullrich y Federico Pinedo, mientras que la Coalición Cívica ha iniciado una inteligente campaña en Internet para juntar firmas que reclamen la implantación de la boleta única. Sólo así, más allá del resultado final que obtenga cada uno de los candidatos en octubre, todos los argentinos podremos saber, a ciencia cierta, qué Presidente y Vice hemos elegido, cuáles serán nuestros representantes en las dos cámaras del Congreso, qué gobernadores, qué intendentes, etc.. Es decir, sabremos que están a cargo de la cosa pública quienes verdaderamente han sido electos para ocupar los cargos y no otros, surgidos del fraude, del patoterismo, de la estafa a la ciudadanía. Es imprescindible, entonces, que todos -en especial aquéllos que hemos enviado y recibido tantos mails refiriendo robos de boletas, telegramas adulterados y hasta cálculos de porcentajes-, nos comprometamos con el país y con el futuro, y dediquemos un día de nuestra vida a intentar frenar estas maniobras, tan humillantes para la sociedad. En otro orden de cosas, corresponde reiterar que, como es sabido, resulta muy difícil que los individuos que componen la sociedad, en general, comprendan cuánto perjudica su vida cotidiana y su futuro la corrupción gubernamental. Una prueba de ello es el escaso resultado que obtienen las campañas publicitarias basadas sólo en las críticas a ese flagelo, aunque apelen simplemente a imágenes demostrativas de esos perjuicios, al menos mientras la bonanza económica siga acompañando al gobierno de turno. Aún así, antes de terminar esta nota, quiero hacer hincapié en las escandalosas declaraciones juradas patrimoniales presentadas por quienes ocupan los primeros escalones de este Gobierno, ocultas tras el episodio Alfano-Massera, inventado por los medios afines. Cabe resaltar, a priori, que la Oficina Anticorrupción, digitada por el Ejecutivo, extendió injustificadamente -¡qué premonición!- el plazo de presentación de las mismas hasta una fecha posterior a las elecciones primarias celebradas el 14 de agosto pasado. Si el funcionario a cargo de ese organismo hubiera leído un párrafo de este artículo, seguramente no hubiera recurrido, por innecesario, a un artilugio por el cual, en algún momento, deberá rendir cuentas ante la Justicia. Como se ha visto estos días, el tema no resulta del más mínimo interés para quienes se encuentran fuera del pequeñísimo círculo hiperinformado. No ha producido sorpresa alguna que el patrimonio Kirchner haya crecido 27,4% este año, alcanzando la suma de setenta millones de pesos, pese a que sus propietarios –doña Cristina y la sucesión de don Néstor (q.e.p.d.)- sólo hayan ejercido cargos públicos desde hace más de dos décadas; sólo desde 2003, es decir, desde que llegaron a Buenos Aires, ese incremento alcanza a 3.540%. Ya esos datos ya claman al cielo, más allá de los insólitos recursos utilizados para justificar el crecimiento económico –tasas bancarias inexistentes en plaza, fabulosos alquileres de hoteles pagados por inquilinos que pierden fortunas con ellos-, si no fuera que se refiere exclusivamente a la parte “blanca” del acervo y deja afuera a todos los cuantiosos bienes que aún no deben haber podido ser tratados con jabón fiscal. Menciones aparte merecen las declaraciones juradas presentadas por el Ministro de Economía y candidato a Vicepresidente, don Amado, y por el Administrador Nacional de la Anses, don Diego Bossio. Estos dos pelafustanes con certeza han sido escogidos por la señora Presidente para sus presentes y futuros cargos públicos por sus evidentes condiciones de emulación, clarividencia, audacia y suerte, ya que han registrado incrementos patrimoniales sumamente envidiables (124%, don Boudou, y aún más -144%- el zar de los jubilados) durante el último año. Pero tampoco en este caso los ciudadanos creerán necesario pedir explicaciones a tantas desmesuras, ni los jueces alquilados –cuyos contratos parecen destinados a la renovación- sentirán la compulsión investigativa imprescindible en una república que se precie de tal. Argentina está al borde de padecer uno de los peores males que pueden aquejar a una democracia: el partido único, y la concentración infinita de poder que eso conlleva. Si la señora Presidente y sus acólitos obtienen un porcentaje similar o mayor de votos que los que figuraron a su nombre el 14 de agosto, el FpV tendrá mayoría en ambas cámaras del Congreso. Aunque no fuera así, no tengo ninguna duda que muchos de quienes jugaron a la independencia, dentro y fuera del PJ, volverán al redil mansos como corderos y agregarán sus manos a las de los oficialistas, a la hora de votar los proyectos que enviará el Ejecutivo. Tampoco debe olvidarse que, más allá de los buenos modales de quienes representan al FAP, de Binner, los socialistas y los radicales seguramente acompañarán muchos de los proyectos que, desde Olivos, serán diseñados para “profundizar” el modelo; de allí el interés de la Casa Rosada en beneficiar a estos sectores. Qué significará esa “profundización” nos lo están avisando los antiguos y actuales funcionarios, cada vez que se les suelta la traílla. Basta recordar los dichos de doña Conti, cuando reclamó una “Cristina eterna”, don Feletti, cuando se refirió al aumento de la intervención del Estado, y don Mariotto quien, pensando que el 14 de agosto era el 23 de octubre, exigió a los jueces levantar inmediatamente las medidas cautelares que han limitado, hasta hoy, la aplicación de la Ley de Medios. Por eso, reitero, quienes queremos otra Argentina y otra República, debemos comprometernos a trabajar como fiscales, en cualquiera de los niveles, para garantizarnos que nuestros representantes serán, en verdad, quienes fueron los elegidos, y no otros.