Recomiendan al Gobierno Nacional no despenalizar las drogas y derogar la Ley de Salud Mental

En el documento, se exigió que se nombren referentes provinciales y municipales para articular en forma directa las tramitaciones y pedidos a la SEDRONAR; que a ese ente nacional le sea devuelta su jerarquía y presupuesto originales, que las ONGs tengan voz y voto en el Comité Federal de Drogas y que se creen en forma inmediata centros de atención y rehabilitación.

Desde el plano jurídico legal, se planteó recomendar a las autoridades nacionales la derogación inmediata de la Ley de Salud Mental, que hoy impide la creación de nuevos centros de rehabilitación para adictos, y considera a la internación compulsiva como secuestro; a su vez, el actual escenario deriva en riesgo de cárcel y pérdida del título para los profesionales tratantes. En igual sentido, numerosas organizaciones hicieron notar que esa Ley permite que el paciente se externe cuando él mismo lo crea conveniente, y le permite elegir el tratamiento que desea recibir.

Dentro de ese marco, las instituciones que trabajamos en adicciones dejamos anotada nuestra disconformidad respecto de la despenalización de la tenencia de drogas, aclarando que la ley 23.737 vigente hasta la fecha ha despenalizado el consumo de sustancias prohibidas desde 1988, en tanto que ha protegido al adicto contra sí mismo a lo largo de tres décadas, norma jurídica que los jueces han decidido no aplicar en estos últimos años. Se remarcó que las sanciones educativas y curativas de la ley no son aplicadas por los magistrados y que se niega taxativamente la internación compulsiva de nuestros familiares en riesgo de vida.

Gracias al desaceleramiento de la aplicación legislativa, ha proliferado el cultivo de marihuana en la Argentina, además de la comercialización de insumos para su producción y consumo. En todo el país, las organizaciones cannábicas están enseñando a cultivar la droga, comercializando semillas de marihuana manipuladas genéticamente que aumentan su poder del tetrahidrocannabinol.Sobre este tema, la Red de Madres informó que el 70% de los dependientes del PACO iniciaron su vida de consumo con marihuana; por su parte, la Asociación Antidrogas de la República Argentina aclaró que se calcula en 26 millones de pesos el movimiento económico que realizan los 10 mil cultivadores de ese mercado.

Marcaron también como punto saliente el incumplimiento por parte de los magistrados de la Ley 482, que establece la protección de la persona y que ha sido utilizada para la internación compulsiva de adictos, amparándose en la actual Ley de Salud Mental, que fue catalogada durante el encuentro de LOCURA.

En la declaración, se destacaron la falta de visión social de los magistrados y la burocracia aplicada para los casos urgentes, lo que pone en riesgo de vida la existencia de los enfermos adictos. El enorme incremento del consumo de drogas contrasta con el cierre de los CPA en Provincia de Buenos Aires y el impedimento de apertura de nuevos establecimientos para atender familias con esta problemática.

Se advirtió durante el cónclave, además, un evidente encono hacia las políticas de Reducción de Daño, que repite los mismos mecanismos de la codependencia, al considerar al adicto incapaz de desarrollar herramientas propias que lo liberen de la dependencia. Estas supuestas medidas pretenden perpetuar en el tiempo al cliente del narcotráfico ya sea legal o ilegal.

Nuestra postura es clara: creer en el hombre es creer en la capacidad de redimirse: cientos de miles de adictos en recuperación que pululan por el país dan fiel testimonio de ello.

También se insistió en la necesidad de la radarización de toda el espacio territorial del país, el fortalecimiento de fronteras, puertos y aeropuertos con recursos técnicos acordes, la condena social y escrache a los vendedores de drogas, el control vial con perros adiestrados y la regulación sobre el expendio de bebidas alcohólicas, caso este último en el que deben actuar como contralor las propias ONGs.

Finalmente, se exigió que, en adelante, las ONGs sean admitidas en el seguimiento de las causas penales y federales como control del encarcelamiento de vendedores y traficantes, como así también de las causas civiles para la inmediata atención de las personas con problemas de adicción.

Sobre la Reducción de la Demanda, se solicitó la activación de servicios de atención en escuelas/hogares, la creación de dispositivos institucionales, de agentes promotores de salud y capacitación profesional -desde el punto de vista opuesto al del denominado reducción de daño-. También, la creación de modelos de ciudades preventivas, empresas con etiqueta de libres de drogas, escuelas de formación para padres y la creación de un organismo de contralor que sea supervisado por el COMFER.

Así mismo, se delineó un dispositivo para realizar campañas de desprestigio contra aquellas empresas privadas que auspicien programas en radio y televisión en donde se promocione el consumo de drogas, situación que hoy se comprueba efectivamente.

Las ONGs del interior del país hicieron hincapié en la incorporación al PMO (Plan Médico Obligatorio) de la prevención y la asistencia de las adicciones, la creación de comunidades terapéuticas cerradas para adictos penalizados, abiertas para enfermos sociales y comunidades que alberguen madres con hijos, hospitales de día, casas de medio camino y centros ambulatorios. Exhortaron al Estado a crear inmediatamente espacios que brinden tratamiento a niños en situación de vulnerabilidad social, situación de calle y desamparo.

En cuanto a la reinserción social, el documento recomienda la inmediata creación de centros de oficio y comunidades estilo kibutz terapéuticos, con el acompañamiento de profesionales en la asistencia social. Y la creación de leyes con subvención de tasas impositivas orientadas a la inserción laboral de drogadependientes en recuperación con empresas privadas y estatales.

Se rubricó, igualmente, la obligatoriedad de las instituciones que trabajen en la rehabilitación de personas para que incorporen gradualmente al paciente en los grupos de autoayuda de 12 pasos, convirtiéndolas en entidades resilientes y contenedoras.

La convocatoria del Encuentro Nacional de Organizaciones que Luchan contra la Droga y el Narcotráfico fue realizada por José Casabbone, presidente de la Fundación Ayudar de Goya, provincia de Corrientes, Gastón Gianetti, de En la Obscuridad 1480 y el Viceintendente de Goya, Gerardo Bassi; acompañaron César Tapia de Asociación de Nuestra Señora de Luján, Córdoba; Silvia Alcántara, de Madres del Paco; María Isabel Rego, de Madres Guiando la Vida, Claudia Andermaten, Padres Preventores de Las Varillas; María Rosa González, referente nacional de Madres contra el PACO; Claudio Izaguirre, Asociación Antidrogas; Jorge Esteche de Reencontrándonos, Tierra del Fuego; Sonia López, de Red de Madres, Gladys Coronel; Teresita Correa, de Nazaret; Pato Russo, Vamos x Los Chicos; Gabriel Genri, delegado por La Rioja de AARA; Toti Piñero, de Programa Ser Libre - Uruguay, Gloria Martínez, Mónica Gladis Berrios de Padres Preventores de Necochea; Héctor Molina de Prevención de Adicciones de CABA; Gladys Patricia Díaz Márquez, de Madres contra el Paco Avellaneda, Rita Díaz, de Hay otra Esperanza, Silvia Beatriz Alcántara, de Fundación Vida, Cultura y Sociedad, Sonia López, de Fundación Ayudar de Goya; y el Lic. Eduardo Lavorato, entre otros valiosísimos referentes provinciales y nacionales.

Puede accederse al documento completo en: http://www.asociacionantidroga.org.ar/gacetillas/DocumentoGoya1Oct2011.htm