SOPA: matar a Internet para salvar a Hollywood

Julian Sánchez es académico titular de investigaciones del Cato Institute.

Pero la ley, la que apoderaría al gobierno estadounidense para que empiece a censurar sitios Web extranjeros, sería un mal regalo para todo usuario de internet.

El propósito de SOPA (y de su contraparte en el Senado, la Ley para Proteger la IP) es suficientemente legítimo: combatir los violadores de derechos de autor y falsificadores que administran sitios más allá de la jurisdicción de las cortes estadounidenses. El problema con esto es el método. Estas leyes le dan el poder al fiscal general de buscar ordenes que obliguen a miles de proveedores de Internet a bloquear supuestos “sitios ilegales”, forzando a los buscadores a redactar sus resultados y requiriendo que las redes de publicidad y los procesadores de pagos corten su relación con estos.

Los partidarios de SOPA han adoptado como resolución de Año Nuevo presionar por la aprobación de estas leyes en el congreso tan pronto como enero, ignorando los pedidos de tiempo para escuchar la opinión de expertos acerca de las consecuencias no intencionadas de la ley.

Como los expertos en seguridad cibernética del gobierno estadounidense en Sandia National Labs han indicado, la medida “probablemente no será efectiva”. Cualquiera con algo de conocimiento técnico puede fácilmente evadir los bloqueos propuestos mediante un sinnúmero de medidas simples.

Para los ignorantes en materia de computadoras, hay varias herramientas que requieren un solo clic y ya están circulando. Así como hemos visto una y otra vez a lo largo de la última década, cerrar los sitios y servicios piratas a final de cuentas hace poco para dificultar la piratería.

Pero SOPA no solo sería costosa y fútil: desalentaría la innovación, interferiría con la expresión legal protegida por la Primera Enmienda y (como los nerds en Sandia lo han dicho) “afectaría de manera negativa a EE.UU. y a la seguridad cibernética y la funcionalidad del Internet a nivel global”.

Con SOPA, cualquier sitio extranjero que permitiese que los usuarios carguen —o siquiera solo enlacen a— contenido tendría que temer ser denominado por error como un “sitio ilegal”, ser clausurado y ser privado de ingresos hasta que pueda comprobar su inocencia en una corte estadounidense. Ese es el tipo de riesgo que hace que los inversionistas salgan corriendo —y la razón por la cual los empresarios de tecnología están entre los que se han opuesto bulliciosamente a la ley SOPA.

Más de 100 importantes académicos constitucionales se han unido a esta oposición. Ellos señalan que bloquear nombres de dominio de sitio Web completos luego de una audiencia en la que solo se escucha a una parte inevitablemente dará por terminados los foros de discusiones en los que la expresión legal coexiste con enlaces a contenido violatorio y bloqueará el acceso de los estadounidenses a sus propios archivos legales junto con otro material pirateado —como ya hemos visto ocurre con las actuales autoridades. Tal “circunspección previa” contradice descaradamente nuestras tradiciones en virtud de la Primera Enmienda.

Tal vez todavía más preocupante, SOPA conduciría a la creación de una sofisticada arquitectura legal y tecnológica para la censura —una sola lista negra de Internet implementada a lo largo del país. Una vez que esa estructura esté en su lugar, sería fácil, demasiado tentador para las futuras administraciones, dirigir esa lista negra hacia otros propósitos. Los ciudadanos tendrían que confiar que el gobierno solo bloqueará los sitios verdaderamente criminales —o unirse a los piratas evadiendo los bloqueos para juzgar por si mismos.

Los ingenieros de sistemas odian la ley SOPA también: los nerds más prominentes que construyeron la Internet moderna nos han advertido que el bloqueo de dominios —y los inevitables esfuerzos por parte de los usuarios para evadirlo— tendría consecuencias impredecibles y perjudiciales para la arquitectura de la red. Stewart Baker, ex funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Doméstica, ha señalado lenguaje en la ley que él teme podría “matar” un esfuerzo costoso y continuo de hacer que el Internet sea más seguro.

La misma cláusula “anti-circunvención”, aunque es una broma para los piratas, podría amenazar a los programadores que construyen las herramientas vitales que nuestro propio Departamento de Estado ha promovido y financiado para disidentes que buscan escapar de una censura más agresiva de regímenes como China e Irán —regímenes que seguramente estarán encantados de señalar que EE.UU., también, ahora bloquea sitios extranjeros que considera “peligrosos”.

Estos son costos altos que pagar por una ley que, en el mejor de los casos, resultaría en un gesto impotente y simbólico en contra de la piratería. Los legisladores deberían ser precavidos y no meterse con la tecnología que ellos admiten que no comprenden y en cambio deberían enfocarse en medidas enfocadas en detener el flujo de dinero hacia los criminales, sin empezar a transitar el oscuro camino de listas negras de Internet y firewalls estatales.