EE.UU.: la clase gobernante y nosotros, el Pueblo

Ayer en Elyria, Ohio (una pequeña localidad a las afueras de Cleveland situada en la bifurcación del Río Negro) el presidente Barack Obama pronunció un discurso políticamente cargado en el que se retrotrajo a las raíces del país, diciendo que sus adversarios “parecen no recordar cómo se forjó Estados Unidos”. Según la visión del presidente, los contribuyentes quieren que se gaste su dinero de manera que ayude más aún “al proyecto  más amplio que llamamos Estados Unidos”. En otras palabras, más gasto y un gobierno más grande pagado con mayores impuestos.

En una ciudad bastante diferente a Elyria, miles de kilómetros al oeste, que se expande desde el desierto al este del Valle de la Muerte, representantes de este gobierno federal proporcionaban el más reciente ejemplo de lo que sucede cuando la filosofía del presidente triunfa: cuando capa sobre capa, el gobierno se hace tan grande que comienza a servir los intereses de la clase gobernante, en vez de servir al pueblo del cual deriva su poder.

Hace dos años en Las Vegas, la Administración de Servicios Generales (GSA), una agencia federal poco conocida que ayuda a administrar a otras agencias federales, se gastó $820,000 del dinero del contribuyente en una fastuosa conferencia con tragos para 300 empleados, completa con espectáculos de magia, margaritas y un video de rap de producción propia burlándose del gasto hecho. Merece la pena mencionar que en 2009, el líder de la mayoría en el Senado Harry Reid (D-NV) pidió ayuda al jefe de Gabinete de la Casa Blanca Rahm Emanuel para motivar el que las conferencias públicas tuvieran lugar en Nevada.

Eso es sólo la punta gigante del iceberg de este monstruo despilfarrador, pues han aparecido unos informes de otros “viajes de negocios” financiados por el contribuyente, que incluyen viajes pagados a Hawai, islas del Pacífico Sur, Valle de Napa y Palm Springs en California. Se ha organizado la apertura de una línea telefónica de atención al público para que avise malas prácticas y esta semana la Cámara de Representantes está celebrando sesiones sobre el flagrante abuso de la GSA con el dinero del contribuyente.

Tristemente, el despilfarro, el fraude y el abuso gubernamental no están limitados a sólo una agencia. No hace falta que Ud. mire más allá que al Departamento de Energía (DOE) cuyo inspector general dijo ayer que está supervisando entre 250 y 300 investigaciones penales abiertas dentro de “todo el espectro de actividades del DOE”, incluidas 100 revisiones que implican más de $35,000 millones en dólares para estímulos, según informa la web Politico. Además, se ha informado de que los investigadores están examinando el “uso de miles de contratistas externos, con dinero federal que está siendo desviado para uso personal, de datos falsos en solicitudes de subvenciones y préstamos, de conflictos de intereses y de trabajos incompletos y de mala calidad por parte de los ganadores de subvenciones para climatización del DOE”. Hasta la fecha, esas investigaciones han llevado a ocho acusaciones penales y a la recuperación de $2.3 millones.

¿Cómo es de cotidiano este despilfarro? Dado el tremendo tamaño y alcance del gobierno (que está previsto que gaste $6.3 billones este año) es imposible precisarlo. Pero igual de perniciosa que los incontables miles de millones derrochados es la enfermiza actitud que se ha apoderado de Washington y que se está extendiendo como una metástasis por todo el país. Es uno de los irresponsables derechos a beneficios por el que las personas que viven del monstruo burocrático automáticamente toman y gastan más a la vez que hacen menos, sin tener en cuenta a aquellos que alimentan sus apetitos.

Por supuesto, esa mentalidad no es exclusiva del nivel federal y abundan los ejemplos de empleados del gobierno que agarran dinero de las arcas públicas. Precisamente esta semana en la capital de nuestra nación, 90 empleados municipales fueron suspendidos por recibir beneficios por desempleo mientras aún conservaban sus empleos municipales y 40 antiguos trabajadores municipales cobraron cheques por desempleo a los que no tenían derecho. En total, la ciudad pagó unos $800,000 en beneficios ilegítimos. Pero no se trata sólo de un robo descarado. También se trata de las expectativas fuera de lugar de que uno tiene derecho a recibir sin hacer nada a cambio. Por ejemplo, en Míchigan, la profesora de una escuela pública está aconsejando a los estudiantes que no sean profesores porque debido a una nueva ley estatal, ella no se podrá jubilar a los 47 años como esperaba.

Contrariamente a lo que los izquierdistas puedan creer, este gobierno hinchado no es lo que estaba en los planes.

Proveniente de la Declaración de Independencia y encarnado en la Constitución, el gobierno federal fue diseñado sobre el principio de que la autoridad final de un gobierno legítimo depende del consentimiento de un pueblo libre. Como el exprocurador general Edwin Meese III dice en La Guía de la Constitución de la Fundación Heritage: “La naturaleza no designa quién ha de gobernar y quién ha de ser gobernado; no existe el derecho divino de los reyes. Ni los derechos son una cuestión de privilegio legal o de la benevolencia de una clase dirigente”. Sin embargo, en este gobierno, unos pocos privilegiados están actuando fuera de esos límites con la expectativa de tener el derecho de hacer lo que les plazca, sin restricciones de cualquier obligación hacia el pueblo.

Con la administración Obama, la situación ha empeorado. El presidente recurre a un mayor gobierno y mayores impuestos como solución para todo problema. Respecto a la atención médica, el desempleo, la educación y la energía, Obama ha buscado automáticamente una política de más es más: más gasto pagado con más impuestos. Esta semana nos proporcionó otro excelente ejemplo de ello cuando el presidente pidió mayores regímenes reguladores y $52 millones de gasto para combatir los altos precios del combustible, aunque incluso él admitió que las medidas no tendrían ningún impacto inmediato sobre el precio en el surtidor.

A medida de que el pueblo pierde el control sobre este gobierno sin freno, los que tienen más dinero son los que tienen voz. En una entrevista de la semana pasada con The New York Times, el excongresista demócrata Patrick Kennedy reveló que el acceso a la Casa Blanca de Obama es un “quid pro quo” basado en con cuánto dinero se contribuye a la campaña del presidente. Sin embargo, esa noticia no será un escándalo para un pueblo americano que ha llegado a esperar lo peor, no lo mejor, de Washington. No obstante, así no es como se forjó Estados Unidos, no es el gobierno que debemos tener, ni tampoco es el que los Fundadores conceptualizaron.

La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.

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