Paraguay destituye a su presidente, Hugo Chávez interviene y Barack Obama duda

El día 15 de junio, la policía, operando bajo las órdenes del presidente izquierdista paraguayo Fernando Lugo, trató de desalojar a un grupo de ocupantes instalados en lo que según se informó eran tierras de propiedad privada. La confrontación se tornó violenta, dejando 17 muertos, incluidos siete policías. El violento suceso produjo una conmoción mientras la clase política de Paraguay y el cuerpo legislativo culpaban al presidente Lugo por lo ocurrido. A la vez que el respaldo a Lugo había sido erosionado, el mortífero incidente provocó un enfrentamiento entre el ejecutivo y las dos cámaras legislativas de Paraguay.

Siguiendo la constitución de Paraguay, ambas cámaras votaron superando las mayorías de dos tercios requeridas para destituir al presidente Lugo por “mal desempeño del deber”. El 22 de junio, Paraguay tomó juramento al vicepresidente Federico Franco como el nuevo presidente constitucional. Inicialmente, el presidente Lugo aceptó su destitución con escasa resistencia.

Javier El-Hage de la Fundación por los Derechos Humanos concluye que:

Aunque la destitución del presidente Lugo fue demasiado rápida para el gusto de muchos críticos legítimos, fue destituido legalmente mediante la aplicación de un proceso de impugnación recogido en la constitución, llevado a cabo sobre la idea, vaga pero constitucional, de “mal desempeño del deber”. No ocurrió ningún “golpe de estado por impugnación”.

Los líderes de la antiamericana y proiraní Alianza para las Américas (ALBA), dirigida por Chávez y Castro, han estado rápidos a la hora de etiquetar los sucesos de Paraguay como un “golpe de estado” y de unirse en torno a la defensa de Lugo. También han tomado la delantera para presionar a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y al mercado común regional, MERCOSUR, para que aíslen, expulsen y penalicen a Paraguay por la destitución de Lugo.

Por supuesto, los líderes de la ALBA se encuentran entre los peores infractores cuando se trata de erosionar la democracia representativa al “pisotear legislaturas, asumir poderes ilícitos por decreto, cerrar medios de comunicación” y mucho más. Los líderes de la ALBA también esperan marginar a la Organización de Estados Americanos en su papel como administrador en caso de crisis y generar la sospecha de que la destitución de Lugo fue una operación del antidemocrático Estados Unidos.

El nuevo presidente Franco promete defender la soberanía de Paraguay, conservar la ley y el orden y avanzar hacia las elecciones de abril de 2013. Por otro lado, el expresidente Lugo (ciertamente con el respaldo de sus amigos de la ALBA) promete ahora impugnar su destitución.

Paraguay es vulnerable a la presión ejercida por sus vecinos más poderosos, cuya capacidad para infligirle un daño económico sigue siendo considerable. Y aún queda por ver hasta dónde llegarán los vecinos de Paraguay, especialmente Brasil. La cumbre de MERCOSUR del 1 de julio se centrará en Paraguay y las posibles presiones sobre este.

El camino intervencionista liderado por la ALBA trataría de vapulear al régimen de Franco hasta la sumisión con sanciones económicas y un aislamiento diplomático para restituir a Lugo en la presidencia. No se puede descartar una intervención encubierta para fomentar la violencia y los desórdenes en Paraguay y para manifestar un profundo descontento popular con el nuevo gobierno.

Un segundo y más moderado camino reconocería la legitimidad de la destitución de Lugo y trabajaría con el régimen de Franco para reducir la tensión, fomentar la reconciliación y evitar una reacción violenta por parte de los extremistas de izquierda o de derecha. Este es el camino que debería adoptar la administración Obama y debería hacerlo muy pronto.

La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org.

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