Los argentinos debemos apoyar la propuesta de la Ministro Garré

La Ministro de Seguridad Nilda Garré reconoció ayer la existencia de "focos de corrupción" en las fuerzas federales "en general" y pidió la asistencia de los vecinos para "controlar" a los agentes.

ES acertada y valiente la funcionaria cuando admite que en las policías existen focos de corrupción. Certero y oportuno es su reclamo en pos de la participación de la ciudadanía, pero debe apuntarse que la Señora Ministro no debería conformarse con combatir los efectos de un segmento del problema. Antes bien, lo más sensato sería instar a los ciudadanos argentinos a que colaboren en forma activa para erradicar -en forma definitiva- las causas de la corrupción estructural que está ultimando a la República Argentina, y que analizaremos a continuación.


La corrupción en la Policía Federal Argentina y las policías provinciales

Desde mucho antes de la creación de las instituciones policiales, ya se encontraba perfectamente establecida la "mordida" para toda actividad marginal no reglamentada. Desde fines del siglo XlX, la milicada era enviada por "El Dotor" a custodiar el orden los juegos de taba, las riñas de gallos y otras yerbas, recibiendo por su servicio lo que se dio en llamar "la Gañota": se trataba de una especie de pago a compartir con el político de turno y, en algunas oportunidades, con el cura del pueblo.  

Con fecha 5 de enero de 1875, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sancionó un “Reglamento de la prostitución”, según declama la ordenanza de esa fecha y que, como era lógico, establecía obligaciones, limitaciones y sanciones económicas. El incumplimiento de los diferentes artículos de la legislación referida se convirtió -como no podía ser de otra manera- en la principal herramienta recaudatoria de los políticos corruptos.

La reglamentación antes citada proporcionó a la clase dirigente de aquella época beneficios importantes en diversos órdenes a través de su articulado. Quienes ostentaban el poder -además del beneficio económico- pasaron a administrar la intimidad de parte de la ciudadanía. La clase política y la prostitución desde siempre (y especialmente en estos tiempos) estuvieron y están estrechamente vinculadas.

Refier el Artículo Séptimo de aquella norma: -El permiso para tener una casa de prostitución no es transmisible ni da derecho alguno, pudiendo ser retirado siempre que la Municipalidad lo encuentre conveniente, y cuando se infrigiese cualquier artículo de esta Ordenanza.
 
Sobra decir que grandes porciones del articulado se veían incumplidas, simplemente por razones de orden práctico. Por ejemplo, refiere el Artículo 19o: No tendrán entrada en las casas de prostitución los jóvenes menores de 15 años, los individuos en estado de embriaguez o que lleven armas, y quienes presenten señales de enfermedades venéreas o sifilíticas. A todos les está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y toda clase de juego prohibido. Desde luego que sería imposible imaginar a gran parte de la clientela de la época concurrir desarmados o acaso absteniéndose de probar bebidas espirituosas en las instalaciones. Para poder sobrevivir, los rufianes de la época debieron aceptar como socios a los punteros de los Doctores para proteger sus intereses. El rol del agente de policía se limitó a "guardar el orden" o, al decir suburbano, hacer la "vista gorda".

Desde aquellas épocas, nada ha cambiado: sería tan absurdo como pretender que en las discotecas de hoy día se abstuvieran de expender alcohol o dogas. Implicancias y roles de los protagonistas involucrados, si bien se han aggiornado, continúan siendo los mismos.

Contamos hoy con miles de ejemplos para achacar a la clase política, comenzando por los continuos abusos y intolerable cantidad de delitos cometidos por nuestros representantes, amparados estos por el poder y también por la inmunidad otorgada por el el voto popular. Elementos que terminan complotando contra el interés y la calidad de vida de los propios votantes.

En la década del treinta, el caudillo conservador Alberto Barceló -intendente de Avellaneda- a la vista de todos, con el conocimiento de todos, rodeado de matones y asesinos de la talla de Juan Ruggiero, con el consentimiento y la complicidad de diputados jueces y la totalidad del espectro político de la época, regenteaba la prostitución, el juego clandestino y substancias ilegales. Aún habiendo sido señalado como autor intelectual de un sinnúmero de homicidios, fue electo Gobernador de la  Provincia de Buenos Aires, aunque aquella sobredosis de inmoralidad provocó la anulación del comicio y la intervención de la provincia. Muchos podrían apuntar que, sin lugar a dudas, hoy podría convertirse en candidato apto para ocupar la Presidencia de la Nación.

Los tiempos presentes refieren que nada nuevo hay bajo el sol: se acusa a la policía de corrupción, y esto es cierto en lo que concierne a gran parte de ella. Pero corresponde preguntarse si acaso alguien podría imaginar el destierro que podría aguardarle a un comisario o cualquier oficial de policía si éste se atreviera a allanar algún prostíbulo, propiedad de cierto reconocido magistrado del más alto tribunal del país, de otro igualmente polémico juez federal (par del anterior), o de cualquier otro dirigente político. La línea refiere que, aún cuando los Señores Jueces y Fiscales no los hallaren responsables, para la ciudadanía ya se encuentra acabadamente probado el nexo entre los hombres fuertes de los tres poderes del Estado con una variada gama de delitos. A fin de cuentas, la Señora Ministro de Seguridad se maneja con absoluta buena fe: nos invita a la participación ciudadana, y su idea es, cucnado menos, excelente. Aunque también es poco abarcativa, en virtud de la importancia de una problemática que va mucho más allá de la corrupción policial. Quien esto escribe considera que el compromiso ciudadano debe ser bastante más fuerte, para así conducir a la obtención de los resultados necesarios.


"El Pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes"

Cualquiera de nosotros puede comprobar con facilidad que nuestros representantes y dirigentes son poco más que fantasmas. Podría argumentarse que a algunos de ellos puede uno seguirles la pista durante las campañas electorales, pero la gran mayoría -después de asumir el mandato- cubren su rastro y desaparecen de los sitios que solían frecuentar.

Se cuentan por miles los casos de ciudadanos que se dirigen a los correos electrónicos que figuran enlas páginas personales del Congreso de la Nación. Otros tantos, se comunican por vía telefónica a sus despachos, en donde suele ocurrir que -de mal modo- alguien responda: "El Diputado no se encuentra". Sin importar que quien ha discado el número haya visto al esquivo legislador ingresar ingresar al garage de la calle Riobamba cinco minutos antes en su reluciente vehículo de alta gama (por supuesto, con vidrios convenientemente polarizados). Muchos legisladores del llamado interior del país se radican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a poco tiempo de asumir, perdiendo contacto con sus mandantes, quienes oportunamente supieron colocarlos allí por la vía del sufragio. El ciudadano de las provincias queda, de esta manera, privado de felicitar u opinar respecto de la conveniencia de cómo votar  sobre asuntos vitales que fueron prometidos en tiempo de campaña.

Bastante similar es el panorama que abarca a los Señores Jueces y Fiscales de la Nación. Será difícil negar que la ciudadanía se percibe harta de tener que tolerar las tenebrosas consecuencias surgidas de la negligencia judicial, la complicidad y el cohecho observada en las decisiones de estos funcionarios, en tanto juzgan alegre y desaprensivamente sobre la libertad de delincuentes peligrosos, entre violadores, homicidas, traficantes de drogas y secuestradores extorsivos. Estos destructivos individuos son rápidamente devueltos a las calles, para volver a su "trabajo", esto es, amputar las vidas de familias enteras en todo el país. Las decisiones y la negligencia de los magistrados se traducen en decenas de miles de nuevas víctimas, año tras año.

Propuesta para conocer y controlar efectivamente a quienes nos gobiernan

Al cierre, la propuesta es la que sigue: convocar a los ciudadanos a participar, aportando el detalle de los domicilios reales y actualizados (con sus correspondientes números telefónicos y direcciones de correo electrónico) de la totalidad de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales que se desempeñen en los tres Podere del Estado Nacional.

El objetivo no será otro que confeccionar una guía pública nacional y popular, de libre consulta para la ciudadanía, con el fin de tener a nuestros representantes a disposición. La conclusión es casi obvia: necesitamos tener la oportunidad de felicitar a nuestros funcionarios y dirigentes ante toda oportunidad en que procedan correctamente, en tanto que también es lícito exigirles explicaciones cuando obren en contraposición a nuestros intereses.

Es hora de que los ciudadanos participemos. Con todas las herramientas de que podamos disponer.