Uruguay: el remate de Pluna y su futuro

Hace unas semanas, algunos medios de difusión en el Uruguay se hicieron eco de un escrito de mi autoría, donde adelantaba que, en ocasión del anterior remate de los aviones de PLUNA, no se presentaría nadie para ofertar. Ello, en virtud de que el precio de los aviones se exhibía sobrevaluado. Por desgracia, este vaticinio se cumplió.

En este segundo llamado -planteado en las mismas condiciones que el anterior-, solo se ha modificado el lugar del remate. Tampoco habrá oferentes, y volverá a caerse la posibilidad de venta de las aeronaves y la posterior comercialización de sus rutas.

Ante este escenario, cabe preguntarse qué porción de los recorridos aéreos de las que PLUNA controla desde el Uruguay intentarán venderse.

El gobierno de Montevideo sabe que está intentando vender humo pues, a los efectos de consolidar las rutas con destino hacia la Argentina, éstas deben ser autorizadas por la Administración Nacional de Aviación Civil del vecino país.

Su administrador no es otro que Alejandro Agustín Granados, hijo del actual intendente de Ezeiza. Hace algunas unas semanas, se nombró al Dr. Manuel Baladrón como subsecretario de Transporte Aéreo, por encima de Granados. Dentro de esta administración, se encuentra la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, a cargo de la Señora Paola Tamburelli; este organismo observa, como “responsabilidad primaria”, la de controlar en forma eficiente la explotación de servicios aeronáuticos y la actividad comercial de la aviación civil para lograr su desarrollo organizado, bajo los principios de eficiencia, seguridad y economía, acorde con la legislación vigente y recomendaciones internacionales.

Las acciones del citado órgano coinciden con, entre otras, la supervisión, el control y aplicación de normas y regulaciones relacionadas con la habilitación de los Servicios de Transporte Aerocomercial, en tanto que debe cumplir con los procedimientos técnicos definidos en la aprobación de las solicitudes de carácter comercial de operadores nacionales y extranjeros.

Si se lee con detenimiento, entre sus acciones se enumeran aquellas relacionadas con las líneas aerocomerciales, esto es, conceder los permisos para las rutas e itinerarios. Ahora, bien; ¿qué se supone está subastando la República Oriental del Uruguay? ¿Aviones para volar entrecasa? Detrás de este obscuro panorama, aparece Aerolíneas Argentinas, sostenida y subvencionada por el Estado Argentino, en control de la Presidente Cristina Elisabet Fernández Wilhelm (viuda de Kirchner).

Las condiciones para una nueva aerolínea o transportador serán siempre aprobadas por la Dirección Nacional a la que aquí hacemos mención, conforme a los objetivos que el Estado le defina. Las rutas y frecuencias constituyen parte de la negociación. Todo transportador que pretenda prestar servicios debe exhibir un Certificado de Operador Aéreo (AOC), otorgado por el país de registro de Empresa, o validado por el país en el cual pretende operar.

Un posible comprador deberá enfrentarse a los posibles cambios de reglas que establecerá la ANAC a instancias del Estado Argentino, en vista de favorecer el crecimiento de Aerolíneas Argentinas, pero no el de una aerolínea uruguaya. Sobre todo en los momentos actuales, en que el gobierno argentino trata de bloquear toda oportunidad de conectividad entre la República Oriental y el exterior.

Una negación del AOC, de los permisos de rutas o de la asignación de frecuencias son algunos de los aspectos a los que deberá enfrentarse cualquier posible comprador. Adicionalmente, el AOC requiere que operador demuestre solvencia económica para mantener la seguridad operacional del material aéreo, en lógica referencia a capacitación, manuales y procedimientos.

El operador deberá contar con la certificación de IATA, luego de haber aprobado las auditorias de seguridad operacional, lo cual implica un esfuerzo importante antes de empezar a volar. Esto último, de lograrse, nos lleva -en el mejor de los casos- al otoño. El Ministerio de Turismo uruguayo debería tener muy presente esta circunstancia, de cara a la próxima temporada turística.

Finalmente, está el tema de los gremios aeronáuticos que en la Argentina -siempre por razones políticas- se encuentran alineados al gobierno en un caso y en oposición en otros, con el agregado de que los operadores aeronáuticos reclaman con insistencia que se establezcan menos frecuencias en el Aeroparque Jorge Newbery (la terminal aérea que concentra la totalidad de los vuelos locales y algunos internacionales). Definitivamente, el trámite final dependerá de los requisitos que, conjugados, confluyen a que no se trate de vulnerar la conveniencia operacional de Aerolíneas Argentinas.

Desde nuestro punto de vista, es fácil esperar que los trámites sean demorados o, incluso, negados, por lo que al gobierno uruguayo le corresponde definir el futuro de PLUNA y solo tiene una posibilidad en sus manos: que PLUNA vuelva a ser una empresa estatal, despidiendo a un numero importante de funcionarios, enviando a otros a seguro de paro y quedándose con el personal estrictamente necesario para que nuestra aerolínea de bandera funcione reduciendo sus pérdidas abruptamente.

Esto implicará que el capricho presidencial de cerrar intempestivamente PLUNA le costará a Uruguay, además de millones de dólares, perder conectividad con la región, pues le será extremadamente difícil recuperar rutas e itinerarios.

Como siempre, el “zafarrancho” descripto, y que involucra negociados gubernamentales, terminará siendo pagado por todos nosotros, los uruguayos de a pie.