Sin libertad de prensa, no hay libertad

Todos los tiranos y tiranuelos del globo siempre apuntan a restringir y eliminar la expresión libre en medios de comunicación. Con o sin votos, los megalómanos no resisten la crítica, puesto que se consideran iluminados y quienes se oponen a semejante pretensión son vituperados, perseguidos y silenciados por los comisarios del pensamiento. La petulancia y la soberbia de estos mequetrefes es ilimitada, y la búsqueda de todas las artimañas posibles nunca alcanza para la mordaza.

He escrito en varias oportunidades sobre este tema vital (la última, en La Nación de Buenos Aires el 10 de abril del corriente año bajo el título de "Asalto a la libertad de prensa"), pero es menester insistir, dada la cantidad creciente de amenazas que se ciernen a diario en distintas partes del mundo.

Es sabido que Thomas Jefferson, considerada la importancia superlativa que le atribuía al asunto, ha escrito que “Ante la alternativa de un gobierno sin prensa libre o prensa libre sin gobierno, me inclino decididamente por esto último”. También es sabido que los sicarios del Leviatán desbocado no argumentan; apuntan a la aniquilación del pensamiento y la consiguiente expresión del mismo, so pretexto de que ideas distintas a las oficiales “son desestabilizadores”, “afectan el orden público”, “comprometen la seguridad del Estado”, “invaden secretos de Estado” y sandeces similares.

Puede resumirse el asunto aquí tratado en el siguiente decálogo. Primero, absolutamente todo debe permitirse que se exprese, lo cual no es óbice para que los que se sientan damnificados de algún modo recurran a la Justicia para su debida reparación. De lo que se trata es de abrogar toda posibilidad de censura previa. Segundo, lo anterior incluye ideas consideradas disolventes, las cuales deben ser discutidas abiertamente, pero jamás aplicar criterios inquisitoriales. Tercero, no deben existir agencias oficiales de noticias, al efecto de evitar la tentación de utilizarlas políticamente.

Cuarto: el espectro electomagnético y las señales televisivas (y las respectivas definiciones de los anchos de banda) deben asignarse en propiedad y eliminar la peligrosa figura de la concesión. Quinto: los gobiernos no deben contar con medios de comunicación estatales ni involucrarse en relación alguna con la prensa oral o escrita, lo cual naturalmente excluye también —por la consiguiente incompatibilidad— a proveedores del gobierno. Sexto: no debe existir organismo de control de ningún tipo incluido los llamados horarios para menores en un contexto de satélites que toman señales de muy diversos husos horarios, situaciones que quedan reservadas a los padres y a las codificaciones y limitaciones de los propios medios.

Séptimo: afecta la libertad de prensa el establecerse topes monetarios para la financiación de campañas electorales, puesto que la independencia de los gobiernos respecto a pretendidos empresarios que esperan favores a cambio debe ser por la vía institucional a través de la preservación de las respectivas independencias en un sistema republicano a través de  normas compatibles con el derecho para evitar la cópula entre el poder y el mundo de los negocios. Octavo: bajo ningún concepto se debe promulgar una "ley de medios", ya que esto significa restringir la libertad de prensa, lo cual también excluye la posibilidad de efectuar distinciones entre capital extranjero y el nacional. Noveno: la red de Internet debe quedar al margen de las garras gubernamentales, del mismo modo que los operadores de cable. Y décimo, el cuarto poder bajo ninguna circunstancia debe estar obligado a revelar sus fuentes de información.

El conocimiento se halla disperso entre millones de personas y, para sacar partido de ello, es necesario que las puertas y ventanas se encuentren abiertas de par en par, para que cada uno exprese libremente su punto de vista al efecto de los fértiles intercambios de ideas y para dar lugar a eventuales refutaciones de las corroboraciones siempre provisorias.

La libertad de prensa o libertad de expresión significa eso y, simultáneamente, hace de contralor insustituible al poder de turno, al tiempo que informa de los actos de gobierno a la población en un proceso abierto de competencia. Quienes estimen que pueden imprimir o decir de mejor manera lo pueden hacer instalando otro medio (y si no disponen de los recursos necesarios los reclutan en el mercado si es que lo que proponen resultara atractivo y viable).

Uno de los argumentos que usan los aparatos estatales para controlar los medios es el imputarles una situación de monopolio (o, en su defecto, de “posición dominante”) cuando, en verdad, los que ocupan circunstancialmente el poder son los que cobijan la idea de ser ellos los monopolistas de la información, con la diferencia que lo hacen recurriendo por la fuerza a los dineros de los contribuyentes.

Conviene, en este sentido, clarificar el tema del monopolio, cuya única situación dañina es cuando lo detenta el gobierno —en este caso respecto a la prensa— o cuando la legislación lo otorga a un operador del sector privado. En un sentido más general, debe precisarse que el monopolio es consubstancial al progreso, puesto que si hubiera una ley antimonopólica, la innovación quedaría clausurada y la Humanidad no hubiera pasado del garrote. Ya que, quien primero ensayó el arco y la flecha era monopolista, concepto que modernamente se aplica, por ejemplo, a los que introducen nuevas computadoras, novedosos medicamentos etc.

Se ha dicho que el monopolista cobra el precio que decidan sus dueños, lo cual no es correcto: cobra el precio más alto que puede, del mismo modo que lo hacen todos los comerciantes y están también limitados por la elasticidad de la demanda y dependerá del producto de que se trate, puesto que las ventas del monopolista de tornillos cuadrados probablemente sea cero. En todo caso, el mercado siempre debe estar abierto para que cualquiera desde cualquier punto del planeta —y sin ninguna restricción— pueda competir en caso que se estime atractivo el reglón en cuestión (lo cual también limita la idea de “posición dominante” en un mundo globalizado y competitivo por las noticias).

Cuando se hace alusión a la competencia, no se está definiendo a priori cuántos proveedores de cierto bien o servicio debe haber. Pueden existir miles, uno o ninguno (y las situaciones no son irrevocables sino cambiantes). Como queda dicho, el tema crucial es que el mercado se encuentre abierto y libre de trabas de toda índole para que, en nuestro caso, cualquiera que contemple un proyecto periodístico lo pueda ejecutar (lo cual, claro está, no garantiza su éxito).

Al efecto de tender a la pluralidad de voces, es también indispensable que el mercado se encuentre totalmente abierto. No solo en cuanto a lo que en esta nota dejamos consignado, sino a la libertad plena de incorporar la tecnología que se considere conveniente y comerciar con quienes ofrecen las mejores condiciones, independientemente del lugar geográfico en que se encuentren. Surge un silogismo de hierro en esta materia: si no hay libertad de prensa con sus denuncias, críticas y límites al poder, el Leviatán se hace más adiposo y grotesco. Ergo, corroe, deglute y destroza las libertades individuales.

Si se adoptan actitudes timoratas, por ejemplo, en cuanto a mendigar la distribución de pautas publicitarias que reparte una agencia oficial de noticias en lugar de pedir su abolición, se está -en verdad- negociando la cadena de la esclavitud pidiendo que el amo la alargue. Lo cual es un signo de sometimiento que trae aparejados avances adicionales sobre las autonomías individuales.

Si se adopta una actitud vacilante frente a los atropellos a la prensa en lugar de enfrentarlos en su raíz autoritaria, se terminará promulgando una constitución como la soviética del 31 de enero de 1924, en la que se lee que "Para garantizar una verdadera libertad de opinión, la República Socialista Federal Soviética elimina la dependencia de la prensa capitalista...", concepción que va junto a  la meticulosa descripción orwelliana del Ministerio de la Verdad. Desafortunadamente en la actualidad hay muchos ejemplos de gobernantes desaforados que la embisten contra la libertad de expresión y la democracia. Solo para citar un ejemplo veamos lo que dijo el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, en Canal Uno, en el programa de Andrés Carrión, el 26 de agosto de 2007: "¿Qué es la libertad de expresión? Que ahora llamen al Presidente ignorante... Perdóneme, si eso es libertad de expresión, yo no estoy de acuerdo con esa libertad de expresión. Se lo digo muy claramente: si eso es democracia, yo no estoy de acuerdo con la democracia".