El nuevo cártel de Sinaloa -familia Meza Flores- busca instalarse en la Argentina
El nuevo Cártel de Sinaloa (México) -liderado por Fausto Isidro Meza Flores- mira a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como posible destino para instalarse, en virtud de que las condiciones de comercialización le resultaría sustancialmente menos complicada de ejecutar desde el sur del continente.
El nuevo Cártel de Sinaloa (México) -liderado por Fausto Isidro Meza Flores- mira a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como posible destino para instalarse, en virtud de que las condiciones de comercialización le resultaría sustancialmente menos complicada de ejecutar desde el sur del continente.
El conocido como "Chapito Isidro", Fausto Meza Flores ha logrado adueñarse de los dominios del Joaquín "el Chapo” Guzmán Loera en el oeste de México, decidiendo -en esta última etapa- sobre los envíos de todo tipo de drogas hacia los Estados Unidos. Entre los productos característicos en el tráfico perpetrado por estos grupos, destacan la cocaína, la marihuana y las drogas de diseño.
Fuentes confiables adelantaron la novedad, fundamentada inicialmente en que la madre del propio Meza Flores estaría en viaje hacia Buenos Aires. Su objetivo es invertir en bienes inmuebles en el barrio porteño de Puerto Madero, conocido por ser el más caro de la urbe, apetecido particularmente por políticos argentinos y narcotraficantes con origen en Colombia y México.
Como complemento al arribo de los Meza Flores a la Argentina, se destaca que el próximo-pasado 17 de enero, el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos de América designó al cártel de los Meza Flores como una "organización dedicada al tráfico de drogas" (http://www.upi.com/Top_News/US/2013/01/17/Meza-Flores-named-trafficking-organization/UPI-43031358449574/), tras lo cual se procedió al congelamiento de sus activos. Medida que perfectamente pudo constituírse en la causa de los integrantes del grupo para trasladarse a la República Argentina, para así aprovechar las conocidas carencias exhibidas por el país en materia de legislación penal antinarcóticos, desmovilización de fuerzas de seguridad y los elevados niveles de corrupción política y judicial, que son de público conocimiento.