Estados Unidos: ¿está el gobierno espiando a los reporteros con mayor frecuencia de la que creemos?

Julian Sanchez es académico titular de investigaciones del Cato Institute.

El espionaje del Departamento de Justicia del registro de llamadas de las líneas telefónicas de docenas de reporteros de Associated Press (AP) ha provocado una abundante crítica que atraviesa líneas partidistas, gran parte de la cual ha caracterizado la decisión como una preocupante desviación de la norma. El director de AP, Gary Pruitt, condenó la decisión, que es parte de una investigación acerca de filtración de información clasificada, como una "intrusión masiva y sin precedentes". Aún así, hay mucha evidencia circunstancial que sugiere que la detención puede que sí tenga precedentes —solo que estos rara vez son revelados.

Se supone que el Departamento de Justicia debe obedecer reglas especiales cuando busca los registros telefónicos de reporteros, en reconocimiento de que meter las narices de esa forma estaría en conflicto con los valores protegidos por la Primera Enmienda. Como se quejó Pruitt en una enfurecida carta al Fiscal General Eric Holder, esos registros le proveían al gobierno una “hoja de ruta” acerca de las noticias que sus reporteros estaban investigando y hay evidencia de que tales pesquisas disuaden a las fuentes anónimas de hablarle a la prensa —no interesa si están discutiendo programas clasificados o simplemente datos que avergüencen al gobierno.

Las regulaciones federales requieren que el Fiscal General apruebe personalmente tal medida, asegure que el pedido es limitado y necesario, y que notifique a la organización de noticias acerca del pedido —por adelantado cuando sea posible. En este caso, sin embargo, el Departamento de Justicia parece haber utilizado una estrategia sin discriminación de aspiradora —buscar información (de las empresas telefónicas) acerca de un amplio rango de números telefónicos utilizados por reporteros de AP— y solo notificó a AP después de que esto había sucedido.

No sorprendería que hayan más casos como éste y acerca de los cuales nunca nos hemos enterado. Aquí les explico por qué: las reglas del Departamento de Justicia solamente dicen que la prensa debe ser informada acerca de “citaciones” de “registros de llamadas telefónicas”. Las guías de operaciones del FBI interpretan esas reglas de manera literal, dejando claro que el requisito “concierne solamente a las citaciones de un juzgado”. Esto significa que estas reglas no se aplican a las Cartas de Seguridad Nacional, que son pedidos secretos de información utilizados por el FBI que no requieren una aprobación judicial. La interpretación minimalista del FBI tampoco cubre las citaciones administrativas, que son emitidas por las agencias federales antes de pasar por una revisión judicial. El año pasado, el FBI emitió Cartas de Seguridad Nacional pidiendo los registros financieros y de comunicaciones de más de 6.000 estadounidenses —y el número ha sido mucho más alto que en los años anteriores. Los procedimientos que si aplican a estas herramientas han sido redactados a partir de versiones públicamente disponibles de las directrices del FBI. De manera que no debería sorprender que el espionaje de AP parecería “una intrusión sin precedentes” si el gobierno no cree que nos tiene que informar acerca de los precedentes. Y no hay manera de saber si las reglas del Departamento de Justicia (y la interpretación que el FBI haga de ellas) le permiten a los agentes federales obtener sin advertencia previa otros tipos de información como registros de comunicaciones electrónicas que podrían revelar el correo electrónico, las conversaciones vía chats o la actividad de navegación en Internet de un reportero.

¿Es paranoico temer que el Departamento de Justicia y el FBI estén obviando las normas? Considere un caso que fue reportado primero en 2008, y discutido considerablemente en un reporte condenatorio (aunque extensamente redactado) de 2010 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia. En este caso, el FBI obtuvo alrededor de dos años de registros de llamadas telefónicas de líneas que pertenecían a los burós y reporteros del Washington Post y del New York Times —aún cuando el FBI había pedido inicialmente registros solamente para siete meses. En lo que la Oficina del Inspector General denominó “un serio abuso de la autoridad del FBI para obtener información”, los agentes tomaron estos registros en virtud de falsas pretensiones, “sin proceso legal alguno y sin la aprobación del Fiscal General”. Y estos registros permanecieron en la base de datos del FBI por más de tres años antes de que la Oficina del Inspector General o la prensa se dieran cuenta.

La cosa empeora. El reporte de la Oficina del Inspector General indicó que el FBI había realizado un pedido de "comunidad de intereses" a las empresas telefónicas; estos pedidos incluyen no solamente los registros de llamadas de los objetivos, sino también a aquellos de la gente con las que el objetivo ha hablado —esto puede incluir a reporteros. Tales pedidos pueden proveer a los investigadores un retrato increíblemente revelador de redes sociales completas. Aún así la Oficina del Inspector General descubrió que los agentes utilizaban pedidos estándar de información de las telefónicas; algunos decían que ellos entablaban los pedidos sin saber en realidad lo que “comunidad de intereses” significaba y, aún cuando lo hacían, no necesariamente se les ocurría que estaban probablemente obteniendo registros de llamadas de reporteros mediante dichos pedidos. En otras palabras, los agentes del FBI muchas veces hacían estos pedidos sin entender completamente lo que estaban pidiendo.

Solo en enero de 2009, el FBI pensó en preguntarle a los abogados empleados en el Departamento de Justicia si las restricciones de prensa aplicaban cuando los registros de los reporteros son obtenidos a través de medios indirectos como los pedidos de comunidad de intereses. Los abogados del gobierno dijeron que si, pero el FBI concluyó que no le tenía que informar a la prensa en el caso específico acerca del que había realizado la consulta, porque los agentes no “habían entendido en el momento en que las citaciones fueron emitidas que las citaciones pedían los registros de reporteros”.

Los legisladores en una audiencia del Comité Judicial del Congreso recientemente sometieron a un severo interrogatorio a Holder acerca de la investigación de AP con poco éxito: Holder se había negado a esta consulta de filtración y se negó a discutir una “investigación en desarrollo”. Pero hay mucho que los legisladores pueden hacer además de incomodar a Holder. El congreso debería demandar una auditoría de anteriores incidentes en que el gobierno espío a reporteros. Tal revisión revelaría si el Departamento de Justicia cree que debe informar a sus objetivos de prensa cuando ha espiado a sus reporteros utilizando métodos alternativos a una citación y si sus reglas para obtener los registros de llamadas de reporteros se aplican al material en Internet. Este tipo de auditoría también descubriría cuántos periodistas han sido incluidos en las bases de datos del Estado —directa, o indirectamente a través de los pedidos de “comunidad de intereses”.

El verdadero escándalo podría ser qué tanto fisgoneo a la prensa permiten las reglas actuales. Para entender completamente la obtención de información de AP, la prensa y la gente necesitan una imagen más clara de las reglas que gobiernan todo tipo de espionaje en la prensa —y cómo muchas veces tales tomas de información han sucedido. Pudiera ser que la obtención de los registros de llamadas de reporteros de AP sea un caso extraordinario. O puede ser que lo único extraordinario acerca de este caso sea que, de éste, nos hemos enterado.

Este artículo fue publicado originalmente en Mother Jones (EE.UU.) el 17 de mayo de 2013.