Bolivia: silenciar a los medios
El gobierno de Bolivia ha acusado al periódico Página Siete de defender intereses chilenos, argumentando que el presidente del directorio...
Oscar Ortiz Antelo es ex presidente del Senado de la República de Bolivia.
El gobierno de Bolivia ha acusado al periódico Página Siete de defender intereses chilenos, argumentando que el presidente del directorio tiene como cuñada a una diputada chilena y que el director del periódico tiene una familiar como funcionaria del consulado de Chile en La Paz. Estas declaraciones, impropias de una autoridad que debe velar por el respeto a los derechos de las personas, representan un pretexto para descalificar y amedrentar a un medio de comunicación que, por asumir una posición independiente, es tildado como opositor al gobierno del Movimiento Al Socialismo.
De esta forma, se busca linchar moralmente a quien se percibe como disidente del pensamiento hegemónico que se pretende imponer en Bolivia y se atenta contra la libertad de prensa, una de las libertades fundamentales de toda sociedad democrática. Denigrar a las personas por las relaciones de parentesco que tuviesen o por las ocupaciones laborales que desempeñasen sus familiares es un abuso que viola las garantías y derechos de los que debe gozar todo ciudadano en un Estado democrático.
Se pretende controlar la información que reciben los ciudadanos, silenciando los problemas del gobierno y resaltando sus pretendidas virtudes. Este proceso avanza sostenidamente en Bolivia; limita la libertad de expresión, provoca autocensura en muchos medios y afecta sustancialmente las condiciones que permitirían un debate abierto, libre y plural sobre los principales asuntos públicos de la sociedad boliviana.
La multiplicación de medios estatales, como las radios comunitarias financiadas por el gobierno venezolano; un presupuesto de publicidad estatal que suma la propaganda de empresas públicas, ministerios, servicios nacionales y una infinidad de entidades públicas, convirtiendo al gobierno en un cliente imprescindible para la supervivencia económica de los medios; una nueva ley de telecomunicaciones, que establece la próxima caducidad de las frecuencias electromagnéticas, y las presiones que se habrían ejercido sobre propietarios de medios para que vendan sus empresas a inversionistas desconocidos, que asumen líneas informativas y editoriales afines al oficialismo, definen una estrategia que ha reducido significativamente las opciones del ciudadano para acceder a información libre.
La opinión pública debe discernir qué medios independientes quedan para informarse a través de ellos, apoyarlos y defenderlos.
Este artículo fue publicado originalmente en El Deber (Bolivia) el 22 de agosto de 2013.