La ciudadanía, privada de información sobre el retorno y el verdadero estado de salud de la Presidente

No puede uno dejar de sorprenderse frente a que, ante un hecho de importancia y entidad, como ser, que el o la presidente de un país no se encuentre en condiciones de reasumir sus funciones normalmente, nadie se cuestione con seriedad el porqué de semejante escenario.

En el caso de la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sabido es que su licencia ha expirado el pasado 8 de noviembre. También es de público conocimiento que el cuerpo médicos encargado de su salud le ha otorgado el alta en dicha fecha. A posteriori, estarían dadas las condiciones para que pudiera reasumir sus funciones en el Ejecutivo Nacional. No obstante ello, la noticia es que, al momento, aún no se habría decidido ni la fecha en que volvería a hacerse cargo del mandato presidencial, ni el alcance de su retorno.
 

Sencillamente, lo que se anuncia es que todavía no se habría decidido ni lo uno ni lo otro. La primera pregunta que surge hace a la identidad de las personas a cargo de la decisión. Si los médicos en el ámbito de sus responsabilidades ya le han otorgado el alta pertinente, queda claro que no son ellos quienes pudieran estar involucrados en el proceso de toma de decisiones. De lo contrario, o bien estarían excediendo sus responsabilidades, o no sería cierto que le hubieran extendido el alta médica a Cristina Kirchner tal como se manifestó de manera oficial; parece obvio que no nos encontramos frente a ninguna de estas dos posibilidades.
 

Finalmente, ¿a "quién" o "quiénes" se refieren las noticias cuando enuncian que "estarían decidiendo" la fecha del regreso y el alcance del mismo?
 

De igual suerte, otro cuestionamiento asoma inmediatamente al formularse el inicial: si acaso la Presidente de la Nación se encuentra en condiciones reales de reasumir, ¿por qué no lo ha hecho hasta el momento? ¿A qué obedece, concretamente, la demora? Los informes oficiales parecen, cuando menos, contradictorios: que una licencia por enfermedad -superada ésta- no finalice de manera inmediata y quede sujeta a otras condiciones sobre las que se desconoce a qué factores pudieren obedecer. Sobra decir que, en este caso puntual, no tratamos con una licencia médica cualquiera, sino de una que involucra a la jefe de Estado, y con todo lo que ello implica. La ausencia de la citada obliga a que se pongan en marcha todos los resortes constitucionales para evitar una acefalía en el mando, y/o suplirla y/o superarla, en su caso. Como se advierte -y vale subrayarlo-, no es menor lo que acontece o pudiera acontecer.
 

De igual modo, tampoco se expone de manera transparente la legitimación en el ejercicio del Vicepresidente de la Nación; quien esto escribe, supone lícito el planteo de la duda, por cuanto se desconoce si el acta de sustitución suscripta al momento de tomar la responsabilidad presidencial fijaba el término en que expiraría el mandato de Amado Boudou a cargo de la Presidencia de la Nación, o si acaso coincidiría con el de la fecha de expiración de la licencia de la Presidente; o, por el contrario, no establecía plazo determinado alguno.

Estimo que la ciudadanía tiene el derecho de conocer y de encontrarse al tanto de la totalidad de estos misteriosos "pormenores", al tiempo que no debiera perderse de vista que tan solo hemos otorgado un mandato en el marco de la República y de la democracia; el mandatario siempre debe rendir cuentas ante su mandante -en este caso, la ciudadanía, es decir, el pueblo que vota, elige y delega la administración de sus intereses-.

Del otro lado, los ciudadanos no debiéramos ser tan indiferentes o despreocupados de cara a esta cuestión de vital importancia y de profundo interés público, y demandar se nos informe como corresponde. Si la Presidente de la Nación no se encuentra en condiciones de retornar, aún pese a contar con el alta correspondiente, el público merece que le sean manifestados con la debida claridad y contundencia los motivos.


* El autor, Dr. Roberto Porcel es Abogado. Experto en temáticas relacionadas con la falsificación marcaria, es socio titular del Estudio Porcel Abogados.