La seguridad nacional: un bien común, incluso por encima de la privacidad

Llega el final de año y, con él, un tiempo de reflexión y análisis acerca de cómo fue este 2013 que se nos escapa ya de las manos. A nivel político, el ejercicio que ahora se cierra fue bastante más complejo de lo previsto para un Barack Obama quien ya no tiene unas próximas elecciones a las que concurrir, por lo que, en principio, tenía las manos más libres para gobernar con mayor margen de maniobra y tranquilidad.

 

El malfuncionamiento de la página web que permite contratar un seguro médico y vertebra la polémica Ley de Sanidad (el llamado Obamacare), la imposibilidad de abordar la tan ansiada reforma migratoria –principalmente por culpa de los republicanos- y el cierre del gobierno federal -que se prolongó durante demasiado tiempo- han hecho mella. El reflejo más claro está en el índice de aprobación del presidente, hoy por debajo del 40%.

 

Asimismo, en el plano internacional la decisión de no intervenir en Siria fue percibida por muchos como un paso atrás de Washington que dio a Moscú una victoria diplomática que, desde luego, no merece. Una Rusia capitaneada además por un Vladimir Putin que, además, quiso reírse de Estados Unidos con el tema Edward Snowden.

 

Precisamente, quiero orientar mi reflexión de fin de año hacia la polémica suscitada por los programas de vigilancia masiva destapados por este individuo. Resulta espeluznante ver cómo con sólo treinta años de edad, el joven Edward ha puesto patas arriba la seguridad nacional de Estados Unidos. Y es que, por mucho que se considere un patriota, en realidad no es sino un cobarde traidor que pensó que el mejor bien que le podía hacer a su país era desatando un escándalo mediático de proporciones bíblicas. Si eso es patriotismo, que baje Dios y lo vea. La vía correcta hubiera sido la de los canales habituales de denuncia establecidos por el propio gobierno. No hay que olvidar que hablamos de cuestiones muy serias y secretas, y airear estos programas da pistas al enemigo de cómo se vigila, algo que va en claro perjuicio de todos los estadounidenses y ciudadanos del mundo libre.

 

Más allá de la consideración que a cada uno le merezca Snowden, muy mal parada ha salido la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de todo este asunto. La prensa de izquierdas, siempre deseosa de cuestionar a las agencias de inteligencia, rápidamente hizo leña del árbol caído, y tanto dentro como fuera del país se creó un estado de opinión realmente desfavorable para el gobierno, poniéndole siempre un paso por detrás de los acontecimientos periodísticos.

 

A tales niveles ha llegado el asunto que incluso el propio Obama tuvo que anunciar cambios, proponiendo revisar procedimientos, cómo se obtiene el visto bueno jurídico por parte del tribunal que supervisa programas de vigilancia extranjera (FISC), etc. Incluso un juez federal de la capital afirmó que la recopilación masiva de metadatos –que calificó de “orwelliana”- es probablemente inconstitucional.

 

En este contexto, en el que lo fácil es tirar piedras indiscriminadamente contra el gobierno, resulta sorprende la decisión de hace unos días de otro juez federal, esta vez en Nueva York, diciendo exactamente lo contrario que su colega de Washington. Este afirmó sin ambajes que estos programas no sólo son legales y constitucionales, sino que además son necesarios y críticos para el país.

 

No podría estar más de acuerdo con el magistrado neoyorquino, William Pauley. Es de sentido común que la eficacia de estos programas se asienta sobre la base de que se recopila todo. Sólo una vez que se tienen todas las migas de pan que deja cada llamada (a quién se llamó, cuándo y cuánto duró la llamada), se pueden cribar para dar con esas pocas que quieren corromper a todo el sistema. Sólo así se puede hallar sentido en un océano de datos aparentemente inconexos entre sí y seguir la pista a una al-Qaeda muy escurridiza. No hay que olvidar que los terroristas utilizan la tecnología en su beneficio, como afirma Pauley.

 

En una argumentación de 54 páginas que no tiene desperdicio, el propio Pauley puso además como ejemplo el propio 11 de septiembre de 2001, que motivó el refuerzo de la seguridad y la vigilancia a nivel general. Según explica el propio juez, Khalid al-Mihdhar, uno de los terroristas que secuestró uno de los aviones, efectuó siete llamadas desde San Diego a líderes de al-Qaeda en un piso franco en Yemen. La NSA detectó las comunicaciones pero, por falta de medios, no pudo saber que se estaban efectuando desde dentro de Estados Unidos. De haberlo sabido, se podía haber alertado al FBI y tal vez evitar la masacre (opinión compartida además por muchos altos cargos del gobierno, entre ellos el ex director del Buró, Robert Mueller). Hoy en día, con las capacidades técnicas que tiene la NSA, este fallo nunca más volverá a cometerse.

 

Habrá quienes se rasguen las vestiduras y pataleen clamando falta de libertad y de democracia. También habrá quienes digan que el gobierno lo abarca todo y den pábulo a las teorías de la conspiración que tanto gustan a cierta gente. Y no faltarán tampoco quienes digan que este programa no ha sido tan clave para detener atentados. El hecho real es que Estados Unidos es más seguro gracias a estos programas y a las miles de personas que anónimamente se dedican a cuestiones de inteligencia sin que nadie les dé las gracias, por el bien de su país. Personas a las que no les interesa si usted pagó sus impuestos o no, sino cuestiones mucho más trascendentes, como si se planea un nuevo ataque en suelo estadounidense.

 

Por eso espero que, a pesar de las críticas, estos programas continúen, reforzados por los cambios que parecen estar por venir. Siempre se puede mejorar y pulir, y hacerlo es síntoma de salud democrática. Ahora bien, malo sería que se alterara sustancialmente estos programas, dejando de recopilar todo, o que se aprobaran ciertos cambios significativos que se están discutiendo, como permitir que sean terceras empresas las que almacenen estos datos, o incluso las propias compañías telefónicas.

 

Y es que, como bien dicen los detractores de estos programas, los datos obtenidos son muy sensibles por cuanto que pueden revelar cuestiones privadas de las personas. Precisamente porque de ver que se llama muy frecuentemente a una “amiga” a altas horas de la noche pueden saberse cosas muy privadas, es necesario hilar muy fino. En este sentido, ¿qué mejor garantía que sea un ente que ha sido elegido por todos –como es el gobierno- quien custodie ese material tan delicado, y vele porque sólo se use para temas de seguridad nacional y no para cualquier otro fin? Justamente, porque el gobierno proviene del pueblo y es para el pueblo, está sujeto a controles a los que las empresas privadas no lo están. Además, una corporación siempre puede ser más fácilmente influenciable por otro tipo de intereses; es más fácil corromper a una empresa privada que a todo un gobierno.

 

Veremos cómo evoluciona en 2014 el debate acerca de los metadatos y los programas de la NSA. En vista de la división que existe -no sólo política y social, sino también judicial-, probablemente tenga que ser el Tribunal Supremo quien revise el caso y siente jurisprudencia. Independientemente de la constitucionalidad de estos programas –incuestionable desde mi punto de vista- el pueblo de los Estados Unidos de América debería recordar que, desgraciadamente, vivimos en una época en la que los terroristas no usan espadas como en el siglo XIII. Tampoco dicen “aquí estoy”, sino cada vez se aprovechan más de la sofisticación tecnológica. Garantizar la seguridad nacional implica renunciar a ciertos derechos, como es el de la privacidad (fundamental, pero no absoluto, como dijo Pauley). Cualquier precio a pagar será poco para evitar un nuevo ataque. La vida está por encima de la privacidad personal.


Foto de portada: Una señal de tráfico de la sede de la Administración Nacional de Seguridad (NSA) se ve en Fort Meade, Maryland, EE.UU. EFE/Archivo