El Congreso debe ser convocado a sesiones extraordinarias

Lamentablemente, el Poder Legislativo en la Argentina carece de la facultad que, en cambio, sí es propia de su par norteamericano de decidir -por sí mismo- el momento en que debe reunirse para sesionar. De allí deriva, en parte, que no haya tenido nuestro parlamento la posibilidad de cumplir acabadamente con uno de sus roles fundamentales, que coincide con impedir que el Poder Ejecutivo se mueva fuera del cauce constitucional.

La Reforma de 1994, que tuvo origen en el denominado Pacto de Olivos, alargó el período de sesiones, estableciendo su duración del 1 de marzo al 30 de noviembre. Pero esa prolongación no es suficiente: la fortaleza del parlamento, en buena medida, reposa en que pueda reunirse toda vez que a su exclusivo criterio ocurran hechos que exijan su intervención, sin que quede en manos del Poder Ejecutivo la potestad de convocarlo o no, según su parecer, a sesiones extraordinarias o sea fuera del período establecido.

En este preciso momento, la situación institucional y económica del país exhibe un desorden generalizado en que, para poner un ejemplo visible, tenemos un Jefe de Gabinete de Ministros, que es uno de los funcionarios mas encumbrados del país, y que no ha reunido ni una vez al elenco a cuyo frente se encuentra.

La Ley de Presupuesto, que fuera recientemente aprobada en forma vertiginosa y en donde los problemas nacionales apenas fueron rozados, ha quedado ahora, además, completamente desactualizada. Porque partía de niveles de precios fuera de la realidad y de un valor de la moneda nacional que ha quedado notoriamente desmentido por hechos comprobables. La legislación sobre presupuesto es una de las principales normas que un cuerpo legislativo está llamado a dictar, y casi podría decirse que es una razón fundamental de su existencia, porque los pueblos a lo largo de la Historia se propusieron contar con un organismo que defendiera sus derechos individuales y pusiera un límite a la voluntad de los soberanos. Esa labor le fue encomendada a los parlamentos, en tanto le fueron obsequiados los atributos necesarios para cumplirla. En nuestro caso, como decimos, esta facultad se ha visto acotada.

 

La Ley de Presupuesto es también fundamental, porque su gestación es la oportunidad para discutir en el Congreso los problemas fundamentales de la sociedad. Desdichadamente, al debatirse la ley que rige este año 2014, no se trataron con la debida extensión cuestiones tan esenciales como la falsificación de las cifras de las estadísticas desde las cuáles se interpreta la actividad en el país. Tampoco fue planteado otro hecho que surge de la mencionada falsificación: al disminuírse artificialmente las cifras del índice de precios, se agrandan los guarismos del Producto Bruto Interno. Esta artificial creación de riqueza trae aparejada que los bonos emitidos en dólares -desde la cláusula que fija que, si el PBI crece más allá del 3.2%, debe abonarse a los propietarios de los bonos más de US$ 3 mil millones. Esta falsa 'obesidad' de la producción argentina -conforme la cifra oficial aparentemente es alrededor del 5%- costará una cifra espeluznante por una parte y, por otra, hemos de pagar lo que no se debe.

 

¿Se ha debatido durante la consideración de la ley de presupuesto el cepo cambiario a las importaciones que ha disminuído la capacidad industrial argentina, o la influencia que tiene en la tasa de inversión nacional y extranjera la veda al envío de utilidades a las casas matrices de esas empresas? Cualquiera sabe que un país que no deja al inversor recibir sus legítimas ganancias, condena a ese país a no recibir mas inversiones. Esta cuestión sigue en pié: continúa se sigue demoliendo la creación de empleos dignos y encerrando al país detrás de una cortina de hierro.

 

Muchos hombres de saber y con experiencia concreta en materia energética han predicado durante años con gran valentía y tesón que la política del gobierno sobre el tema era suicida y que aquella nos removería de la categoría privilegiada de país con posibilidades de autoabastecerse en materia de energía. Este lamentable hecho finalmente ocurrió, y hoy somos importadores netos de hidrocarburos y electricidad. En diciembre de este año, se presentó al Congreso el informe del Auditor General de la Nación, Dr. Leandro Despouy, de carácter lapidario y que, por sí solo, justifica el llamado a sesiones extraordinarias para analizarlo. El Dr. Despouy explicó que en 2011 perdimos el autoabastecimiento energético y que, en 2013, la factura de las importaciones energéticas sería de US$ 7 mil millones. Esta cuenta es impagable. El trabajo de referencia debería ser analizado y revisado públicamente en el Congreso Nacional para que la ciudadanía se entere de lo que está sucediendo. Esa factura colosal no disminuirá, a no ser que una fuerte recesión tenga lugar, o bien se cambien las actuales políticas por otras más serias.

 

Por cierto, existen muchos bastante más candentes que los planteados, como ser, la inflación, el desenfreno en el gasto público, la enconada política contra la producción agropecuaria, la estafa perpetrada por el Ministerio de Economía contra los acreedores del Estado -a quiénes engaña, abonándoles menos de loq ue corresponde-, etcétera. Pero lo que cabe destacar es que el parlamento se presenta como el sitio en donde, cuanto antes, debe tener lugar un esclarecimiento profundo respecto de la verdadera situación argentina y la formulación de un presupuesto cuidadosamente legislado, con amplia difusión pública con el objeto de conjurar las dificultades que aquejan al país.