Sinfonía para un saqueo a muchas manos
Se me reprocha mi postura a favor de utilizar los mecanismos constitucionales para desalojar, ya mismo, a Cristina del poder...
26 de Febrero de 2014
'En los períodos de crisis, las culpas se buscan automáticamente en el pasado, cuando los culpables viven en el presente' (Osvaldo Loudet)
* * *
Se me reprocha mi postura a favor de utilizar los mecanismos constitucionales para desalojar, ya mismo, a Cristina del poder, y a juzgarla –con sus familiares, cómplices y funcionarios- por los hechos de corrupción cometidos. Quienes piensan lo contrario, invocan la posibilidad de victimizarla y, con ello, darle la oportunidad de retornar en el futuro, aunque creo que, al menos en la dirigencia, prima el miedo a asumir el pago de la cuenta que la inevitable crisis pasará, sin dudas, a quien la suceda.
No pretendo que, en la Argentina, se replique lo sucedido en Egipto, Túnez, Libia, Siria, Ucrania y está pasando en Venezuela, o sea, desplazar al Gobierno con manifestaciones callejeras. Como sucedió en Honduras y Paraguay, donde presidentes fraudulentos o incapaces fueron destituidos, quiero que el pueblo se exprese libremente y, si una significativa mayoría así lo quiere, logre que los legisladores asuman en papel que la Constitución les asigna, es decir, la representación de los ciudadanos y de las provincias.
Mi posición, como sabe, tiene su fundamento en el enorme costo que toda la sociedad argentina deberá asumir por sostener al régimen hasta que finalice el período legal. Para que quede claro a qué me refiero, haré un resumen de la historia de uno de los rubros más significativos que componen ese costo aún cuando, en este caso, la suerte parece ya estar echada.
Se trata, obviamente, del arreglo con Repsol, anunciado con bombos y platillos por los mismos que, hace muy poco tiempo y con igual verborragia, tomaron la sede de YPF militarmente y provocaron al mundo afirmando que nada se pagaría –es más, se cobraría- por la confiscación (la expropiación requiere el pago anticipado del precio) del 51% de las acciones. A priori, declaro que llegar a un acuerdo era absolutamente indispensable.
Esta historia comenzó, en la práctica, cuando don Néstor Kirchner se transformó, siendo Gobernador de Santa Cruz, en el factótum de la privatización de la empresa dispuesta por el gobierno de Carlos Menem. Para “facilitar” la decisión de los mandatarios de las provincias petrolíferas, el riojano inventó un gigante caramelo: la liquidación de regalías mal liquidadas; eso sí, cuando firmó ese acuerdo, el mismo quedó condicionado a la aprobación de la venta de YPF por el Congreso, es decir, los gobernadores debían obtener los votos de los legisladores para poder cobrar esas regalías.
El esfuerzo que realizó Kirchner fue tal que hasta llegó a enviar el avión sanitario de su provincia a buscar a un senador del noreste argentino, que resultaba indispensable para alcanzar la mayoría necesaria. Como contrapartida, el santacruceño recibió US$ 500 millones en efectivo y acciones de la propia YPF que, vendidas en el mercado poco después, le reportaron otros US$ 600 millones; esos son los fondos de Santa Cruz fugados al exterior y desaparecidos, sobre los cuales la ciudadanía no recibió explicación alguna.
Como necesaria consecuencia de la crisis de 2001, las tarifas de energía y combustibles, entre otras, fueron congeladas por Eduardo Duhalde, para proteger a quienes se habían caído del mapa en ese tsunami. Al llegar Néstor al poder en 2003 y pese a que la economía ya se había recuperado fuertemente, mantuvo el congelamiento, al principio por razones populistas.
Luego, la imaginación del difunto ex presidente, que recibía permanentes reclamos de las compañías petroleras, le permitió imaginar qué sucedería si ese fenomenal apriete financiero empezaba a golpear los bolsillos de Repsol. Cuando, finalmente, obtuvo ese previsto resultado, ofreció a los españoles una solución: vender parte de YPF (primero 15%, con derecho a 10% más) a una empresa que, pese a no saber absolutamente nada acerca de la industria del petróleo, “tiene mucha experiencia en operar en mercados regulados”, como dijo luego el contrato de venta.
Como la adquirente, los Eskenazi –dueños del Banco de Santa Cruz, carecían de los fondos necesarios para pagar la compra del porcentaje comprado, la propia Repsol le prestó el importe necesario y, sorprendentemente, le transfirió la total administración de YPF. Eso sí, para garantizar la devolución del préstamo, la compradora y administradora debió comprometerse a distribuir no menos del 95% de las ganancias anuales; en la industria mundial, ninguna empresa distribuye más del 30/35%, ya que el resto debe ser invertido en exploración y producción; además, Repsol exigió que el contrato de compraventa estuviera confirmado por Kirchner y por Patotín Moreno.
En una nueva voltereta, al momento de la firma apareció como compradora una empresa con sede en Australia que, estoy seguro, pertenece al gigantesco patrimonio de la sucesión de don Néstor. A partir de entonces, todos felices. En el primer año, YPF distribuyó 142% de las ganancias, incorporando las reservas de ejercicios anteriores; por cada US$ 100 que se repartían, US$ 75 se los llevaba Repsol por la propiedad de sus acciones, y los otros US$ 25 también, en pago de la deuda de los Eskenazi/Kirchner.
Como no quedaba dinero para el giro de YPF, ésta dejó de buscar y producir gas y petróleo, y la Argentina perdió todas sus reservas probadas y, sobre todo, el autoabastecimiento energético; la consecuencia de ambos hechos llevó a que hoy, las importaciones alcancen la bonita suma de US$ 14.000 millones anuales, y siguen creciendo.
Todo el mundo sabe que, en el mundo de la corrupción, no hay papeles ni documentos que prueben el rol de cada uno de los actores de cada hecho, tengo para mí que, cuando su marido murió, la viuda llamó a los Eskenazi y les pidió la rendición de las cuentas non sanctas. La negativa de los testaferros habría desatado la furia presidencial que terminó con la confiscación de la empresa. Como Axel Kiciloff la había convencido que había una importante suma en la caja de YPF, fue indispensable invadir con la Gendarmería Nacional a la empresa y echar a los funcionarios sin que pudieran tocar un solo papel.
A partir de entonces, YPF pasó a pertenecer en un 51% al Estado y a las provincias petrolíferas, un 12% conservó Repsol, un 7% terminó en manos de Carlos Slim por la ejecución de sus propios créditos contra los Eskenazi, y el resto está en las bolsas.
Los españoles, que de bobos tienen poco, armaron una inteligente estrategia para forzar un arreglo con el Gobierno: inició demandas preventivas ante tribunales de varios países, con las cuales amenazó a cualquier compañía que pretendiera invertir en YPF, y bloqueó así todos los esfuerzos de Miguel Galuccio para conseguir indispensables acompañamientos para Vaca Muerta.
El mismo aullante Kicillof, ahora con cara compungida, nos informó que se ha llegado a una solución para el problema. Argentina pagará a Repsol, en bonos, US$ 5.000 millones netos, o sea, tendrá garantías suficientes para que, cuando decida venderlos, siempre perciba esa suma. En resumen, nuestro país emitirá deuda soberana por un importe cuyo monto se ignora, pero se estima entre US$ 1.000 y US$ 3.000 millones adicionales, y con una tasa de interés que supera –en realidad, casi triplica- la que pagan Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú y Chile por su deuda a treinta años; si esto es un nuevo negociado, ya se verá.
Lo más notable es que no se conoce quién y con qué criterio valuó las acciones, pese a que la ley ordena que sea el Tribunal de Tasaciones quien fije el monto de la indemnización a pagar.
Esta larga explicación justifica que Cristina Fernández de Kirchner sea destituida, siguiendo los pasos previstos en la Constitución, ya mismo. Si ese hecho se concretara, en realidad lo considero imposible por ahora, un nuevo gobierno, confiable y serio, reduciría sensiblemente el riesgo-país que hoy padecemos y, con eso, también la tasa de interés a pagar.
También, al sincerar las cifras de la inflación y del crecimiento, nos evitaría tener que efectuar el pago –ya confirmado- por los cupones atados al PBI, que he denunciado desde hace meses como un nuevo saqueo y que alcanza a otra sideral suma: entre US$ 2,5 y 4.000 millones. Y lo califico así por una respuesta que usted mismo podría dar a una pregunta elemental: si todos los bancos y las agencias de riesgo decían que la Argentina no creció el año pasado, ¿quiénes pudieron comprar esos cupones si no fueron aquéllos que sabían que podían falsear las estadísticas?
Lo absurdo y más preocupante es que, en la práctica, la ciudadanía nada sabe ni le interesan estos hechos, pese a que ellos son los causantes de la inflación que hoy los azota. No vincula la corrupción al deterioro de su propia vida. Tal vez, como alguien me dijo, se deba a que “entre los pueblos sajones, la cosa pública es de todos; entre los latinos, no es de nadie”.
* * *
Se me reprocha mi postura a favor de utilizar los mecanismos constitucionales para desalojar, ya mismo, a Cristina del poder, y a juzgarla –con sus familiares, cómplices y funcionarios- por los hechos de corrupción cometidos. Quienes piensan lo contrario, invocan la posibilidad de victimizarla y, con ello, darle la oportunidad de retornar en el futuro, aunque creo que, al menos en la dirigencia, prima el miedo a asumir el pago de la cuenta que la inevitable crisis pasará, sin dudas, a quien la suceda.
No pretendo que, en la Argentina, se replique lo sucedido en Egipto, Túnez, Libia, Siria, Ucrania y está pasando en Venezuela, o sea, desplazar al Gobierno con manifestaciones callejeras. Como sucedió en Honduras y Paraguay, donde presidentes fraudulentos o incapaces fueron destituidos, quiero que el pueblo se exprese libremente y, si una significativa mayoría así lo quiere, logre que los legisladores asuman en papel que la Constitución les asigna, es decir, la representación de los ciudadanos y de las provincias.
Mi posición, como sabe, tiene su fundamento en el enorme costo que toda la sociedad argentina deberá asumir por sostener al régimen hasta que finalice el período legal. Para que quede claro a qué me refiero, haré un resumen de la historia de uno de los rubros más significativos que componen ese costo aún cuando, en este caso, la suerte parece ya estar echada.
Se trata, obviamente, del arreglo con Repsol, anunciado con bombos y platillos por los mismos que, hace muy poco tiempo y con igual verborragia, tomaron la sede de YPF militarmente y provocaron al mundo afirmando que nada se pagaría –es más, se cobraría- por la confiscación (la expropiación requiere el pago anticipado del precio) del 51% de las acciones. A priori, declaro que llegar a un acuerdo era absolutamente indispensable.
Esta historia comenzó, en la práctica, cuando don Néstor Kirchner se transformó, siendo Gobernador de Santa Cruz, en el factótum de la privatización de la empresa dispuesta por el gobierno de Carlos Menem. Para “facilitar” la decisión de los mandatarios de las provincias petrolíferas, el riojano inventó un gigante caramelo: la liquidación de regalías mal liquidadas; eso sí, cuando firmó ese acuerdo, el mismo quedó condicionado a la aprobación de la venta de YPF por el Congreso, es decir, los gobernadores debían obtener los votos de los legisladores para poder cobrar esas regalías.
El esfuerzo que realizó Kirchner fue tal que hasta llegó a enviar el avión sanitario de su provincia a buscar a un senador del noreste argentino, que resultaba indispensable para alcanzar la mayoría necesaria. Como contrapartida, el santacruceño recibió US$ 500 millones en efectivo y acciones de la propia YPF que, vendidas en el mercado poco después, le reportaron otros US$ 600 millones; esos son los fondos de Santa Cruz fugados al exterior y desaparecidos, sobre los cuales la ciudadanía no recibió explicación alguna.
Como necesaria consecuencia de la crisis de 2001, las tarifas de energía y combustibles, entre otras, fueron congeladas por Eduardo Duhalde, para proteger a quienes se habían caído del mapa en ese tsunami. Al llegar Néstor al poder en 2003 y pese a que la economía ya se había recuperado fuertemente, mantuvo el congelamiento, al principio por razones populistas.
Luego, la imaginación del difunto ex presidente, que recibía permanentes reclamos de las compañías petroleras, le permitió imaginar qué sucedería si ese fenomenal apriete financiero empezaba a golpear los bolsillos de Repsol. Cuando, finalmente, obtuvo ese previsto resultado, ofreció a los españoles una solución: vender parte de YPF (primero 15%, con derecho a 10% más) a una empresa que, pese a no saber absolutamente nada acerca de la industria del petróleo, “tiene mucha experiencia en operar en mercados regulados”, como dijo luego el contrato de venta.
Como la adquirente, los Eskenazi –dueños del Banco de Santa Cruz, carecían de los fondos necesarios para pagar la compra del porcentaje comprado, la propia Repsol le prestó el importe necesario y, sorprendentemente, le transfirió la total administración de YPF. Eso sí, para garantizar la devolución del préstamo, la compradora y administradora debió comprometerse a distribuir no menos del 95% de las ganancias anuales; en la industria mundial, ninguna empresa distribuye más del 30/35%, ya que el resto debe ser invertido en exploración y producción; además, Repsol exigió que el contrato de compraventa estuviera confirmado por Kirchner y por Patotín Moreno.
En una nueva voltereta, al momento de la firma apareció como compradora una empresa con sede en Australia que, estoy seguro, pertenece al gigantesco patrimonio de la sucesión de don Néstor. A partir de entonces, todos felices. En el primer año, YPF distribuyó 142% de las ganancias, incorporando las reservas de ejercicios anteriores; por cada US$ 100 que se repartían, US$ 75 se los llevaba Repsol por la propiedad de sus acciones, y los otros US$ 25 también, en pago de la deuda de los Eskenazi/Kirchner.
Como no quedaba dinero para el giro de YPF, ésta dejó de buscar y producir gas y petróleo, y la Argentina perdió todas sus reservas probadas y, sobre todo, el autoabastecimiento energético; la consecuencia de ambos hechos llevó a que hoy, las importaciones alcancen la bonita suma de US$ 14.000 millones anuales, y siguen creciendo.
Todo el mundo sabe que, en el mundo de la corrupción, no hay papeles ni documentos que prueben el rol de cada uno de los actores de cada hecho, tengo para mí que, cuando su marido murió, la viuda llamó a los Eskenazi y les pidió la rendición de las cuentas non sanctas. La negativa de los testaferros habría desatado la furia presidencial que terminó con la confiscación de la empresa. Como Axel Kiciloff la había convencido que había una importante suma en la caja de YPF, fue indispensable invadir con la Gendarmería Nacional a la empresa y echar a los funcionarios sin que pudieran tocar un solo papel.
A partir de entonces, YPF pasó a pertenecer en un 51% al Estado y a las provincias petrolíferas, un 12% conservó Repsol, un 7% terminó en manos de Carlos Slim por la ejecución de sus propios créditos contra los Eskenazi, y el resto está en las bolsas.
Los españoles, que de bobos tienen poco, armaron una inteligente estrategia para forzar un arreglo con el Gobierno: inició demandas preventivas ante tribunales de varios países, con las cuales amenazó a cualquier compañía que pretendiera invertir en YPF, y bloqueó así todos los esfuerzos de Miguel Galuccio para conseguir indispensables acompañamientos para Vaca Muerta.
El mismo aullante Kicillof, ahora con cara compungida, nos informó que se ha llegado a una solución para el problema. Argentina pagará a Repsol, en bonos, US$ 5.000 millones netos, o sea, tendrá garantías suficientes para que, cuando decida venderlos, siempre perciba esa suma. En resumen, nuestro país emitirá deuda soberana por un importe cuyo monto se ignora, pero se estima entre US$ 1.000 y US$ 3.000 millones adicionales, y con una tasa de interés que supera –en realidad, casi triplica- la que pagan Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú y Chile por su deuda a treinta años; si esto es un nuevo negociado, ya se verá.
Lo más notable es que no se conoce quién y con qué criterio valuó las acciones, pese a que la ley ordena que sea el Tribunal de Tasaciones quien fije el monto de la indemnización a pagar.
Esta larga explicación justifica que Cristina Fernández de Kirchner sea destituida, siguiendo los pasos previstos en la Constitución, ya mismo. Si ese hecho se concretara, en realidad lo considero imposible por ahora, un nuevo gobierno, confiable y serio, reduciría sensiblemente el riesgo-país que hoy padecemos y, con eso, también la tasa de interés a pagar.
También, al sincerar las cifras de la inflación y del crecimiento, nos evitaría tener que efectuar el pago –ya confirmado- por los cupones atados al PBI, que he denunciado desde hace meses como un nuevo saqueo y que alcanza a otra sideral suma: entre US$ 2,5 y 4.000 millones. Y lo califico así por una respuesta que usted mismo podría dar a una pregunta elemental: si todos los bancos y las agencias de riesgo decían que la Argentina no creció el año pasado, ¿quiénes pudieron comprar esos cupones si no fueron aquéllos que sabían que podían falsear las estadísticas?
Lo absurdo y más preocupante es que, en la práctica, la ciudadanía nada sabe ni le interesan estos hechos, pese a que ellos son los causantes de la inflación que hoy los azota. No vincula la corrupción al deterioro de su propia vida. Tal vez, como alguien me dijo, se deba a que “entre los pueblos sajones, la cosa pública es de todos; entre los latinos, no es de nadie”.
Seguir en
@EGAvogadro
Sobre Enrique Guillermo Avogadro
Abogado. Columnista de temas políticos de Argentina, y colaborador en otros medios nacionales. Sus artículos completos pueden repasarse en el blog del autor, o en el enlace http://www.elojodigital.com/categoria/tags/enrique-guillermo-avogadro.