EE.UU.: las víctimas del Banco de Exportaciones e Importaciones (Ex-Im Bank)
Como lo presentan los políticos y los lobistas de las grandes empresas, no existe desventaja alguna en reautorizar...
11 de Julio de 2014
Como lo presentan los políticos y los lobistas de las grandes empresas, no existe desventaja alguna en reautorizar al Banco de Exportaciones e importaciones de EE.UU. (Ex-Im Bank). El banco provee financiamiento a tasas bajas para clientes extranjeros de empresas estadounidenses, lo que facilita el objetivo de aumentar las exportaciones y crear empleos. Todos ganan, ¿de qué nos podríamos quejar?
Pues, bien; dejando a un lado el hecho de que se ponen en riesgo recursos del contribuyente estadounidense y de que se fomenta una relación demasiado estrecha entre el Estado y ciertas empresas, el Ex-Im Bank victimiza a un sinnúmero de empresas y sus trabajadores al efectivamente tributar sus operaciones, mientras que subsidia a sus competidores en el extranjero. Esas consecuencias ocultas de un programa estatal que se presenta así mismo como un bien público sin costo merecen una examinación más detenida.
Cuando el Ex-Im Bank provee financiamiento a una aerolínea comercial extranjera —por ejemplo Air India— para que esta pueda comprar aviones de Boeing en términos más favorables de los que el mercado permite, Air India y Boeing pueden alzar sus copas y celebrar agradeciéndole al contribuyente estadounidense por llenar una brecha que de otra manera evitaría que la transacción se de o que haría los términos menos favorables para ambas empresas. Air India y Boeing se benefician.
No obstante, ¿qué sucede con los competidores estadounidenses de Air India? Una evaluación honesta requiere mirar más allá de los efectos inmediatos para obtener una imagen más integral de los beneficios y costos de involucrar al Ex-Im Bank. Tal evaluación conduce a la inevitable conclusión de que la transacción subsidiada entre Boeing y Air India perjudica a las aerolíneas estadounidenses. Cuando Air India puede comprar equipos capitales esenciales con un financiamiento más favorable que, por ejemplo, Delta Airlines, entonces Air India obtiene el beneficio de costos más bajos, lo cual le permite competir de manera más rigurosa con Delta por viajeros en determinadas rutas. Mientras tanto, si Boeing está ocupado construyendo y haciendo entregas para un mercado global artificialmente inflado, los precios para sus clientes domésticos también estarán artificialmente inflados. Por lo tanto, el Ex-Im Bank le quita a Delta para darle a Boeing, “escogiendo ganadores y perdedores”, de manera literal.
La queja de Delta acerca de los efectos de las ventas subsidiadas de Boeing a Air India es un ejemplo real. Hay otros. Cliffs Natural Resources, una empresa minera que opera en tres minas de mineral de hierro en Minnesota y una en Michigan, cuestiona los $694 millones de financiamiento del Ex-Im Bank para las compras de niveladoras y camiones Caterpillar, locomotoras General Electric y martillos percutores Atlas Copco que hace una mina de hierro australiana. Tienen razón. Los contribuyentes estadounidenses están subsidiando los costos de la extracción del mineral de hierro y de otros minerales en Australia, medida que aumenta la oferta actual y en el futuro, y ejerce una presión a la baja en los precios, lo que perjudica a las minas estadounidenses y a los productores de hierro del país, quienes deben competir con los productores de hierro en China —que resultan ser los principales beneficiarios del mineral de hierro barato de Australia.
Pero este efecto adverso no es excepcional. Esto es lo normal. Considere que el Ex-Im Bank subsidió $168.000 millones de exportaciones entre 2007 y 2013, mediante préstamos, garantías de préstamos, y la provisión de seguros y capital de trabajo. Cerca de dos tercios ($107.000 millones) de esos gastos fueron destinados al propósito de facilitar las exportaciones de productos de manufacturas: a los aviones se destinó la impresionante cantidad de $58.000 millones del gasto del Ex-Im Bank; la venta de equipos recibieron $22.000 millones; $8.000 millones se destinaron a fomentar las exportaciones de equipos de computación y electrónica; $7.000 millones se gastaron en productos de metal; $5.400 millones subsidiaron las ventas de equipos de transporte (excluyendo a los aviones) y las exportaciones de químicos costaron más de $2.300 millones al Ex-Im Bank.
¿Quién compró estos productos? Generalmente, los clientes fueron productores extranjeros, quienes usualmente incorporan esas mercaderías como insumos o equipos de capital para su propia producción. Las empresas estadounidenses luego son obligadas a competir en casa y en el extranjero con estos beneficiarios extranjeros del financiamiento del Ex-Im Bank.
La retórica de que subsidiar las ventas de exportaciones estadounidenses fomenta las exportaciones del país y crea empleos ignora los efectos secundarios, que deben ser considerados. ¿Qué hay del ingreso de las empresas estadounidenses que compiten con el beneficiario extranjero del préstamo subsidiado? ¿Qué hay del empleo en esas empresas en esas industrias? ¿Acaso no es probable que ambos sufran?
Tal vez el razonamiento más comúnmente citado a favor de la continuación del banco es que la generosidad estadounidense con el crédito para las exportaciones palidece en comparación a la de otros gobiernos, y que proveer respaldo financiero es lo mínimo que el gobierno de EE.UU. puede hacer para tratar de igualar las reglas del juego. Pero al intentar de igualar las reglas del juego entre los grandes exportadores estadounidenses y sus competidores extranjeros subsidiados, el Ex-Im Bank necesariamente “desnivela” las reglas del juego entre esas dos partes de empresas estadounidenses: los beneficiarios y las víctimas. Ese no es un rol adecuado para el Estado.
Subsidiar las ventas en el extranjero, de hecho, tiene el mismo impacto negativo que cobrarle impuestos a los bienes intermedios importados. El Ex-Im Bank opera de manera similar al programa azucarero de EE.UU., a los aranceles al acero y a la Ley de Jones (que restringe severamente la competencia en la industria de transporte). Le concede beneficios a un selecto grupo de empresas (usualmente aquellas con operaciones exitosas en la calle K en Washington, DC) a costa de las empresas estadounidenses menos conectadas.
Algunas personas en Washington menospreciaran todo esto y dirán, “Bueno, así es como se hacen los negocios. Crece y acostúmbrate”. Pero ese tipo de pensamiento solo asegura que las consideraciones políticas se impongan ante las económicas, lo que fomenta el desplazamiento de todavía más recursos desde los fines económicos hacia los fines políticos. Eso podría ser bueno para los que somos dueños de casas en Washington, pero es evidentemente corrosivo para el sistema económico de los Estados Unidos.
Pues, bien; dejando a un lado el hecho de que se ponen en riesgo recursos del contribuyente estadounidense y de que se fomenta una relación demasiado estrecha entre el Estado y ciertas empresas, el Ex-Im Bank victimiza a un sinnúmero de empresas y sus trabajadores al efectivamente tributar sus operaciones, mientras que subsidia a sus competidores en el extranjero. Esas consecuencias ocultas de un programa estatal que se presenta así mismo como un bien público sin costo merecen una examinación más detenida.
Cuando el Ex-Im Bank provee financiamiento a una aerolínea comercial extranjera —por ejemplo Air India— para que esta pueda comprar aviones de Boeing en términos más favorables de los que el mercado permite, Air India y Boeing pueden alzar sus copas y celebrar agradeciéndole al contribuyente estadounidense por llenar una brecha que de otra manera evitaría que la transacción se de o que haría los términos menos favorables para ambas empresas. Air India y Boeing se benefician.
No obstante, ¿qué sucede con los competidores estadounidenses de Air India? Una evaluación honesta requiere mirar más allá de los efectos inmediatos para obtener una imagen más integral de los beneficios y costos de involucrar al Ex-Im Bank. Tal evaluación conduce a la inevitable conclusión de que la transacción subsidiada entre Boeing y Air India perjudica a las aerolíneas estadounidenses. Cuando Air India puede comprar equipos capitales esenciales con un financiamiento más favorable que, por ejemplo, Delta Airlines, entonces Air India obtiene el beneficio de costos más bajos, lo cual le permite competir de manera más rigurosa con Delta por viajeros en determinadas rutas. Mientras tanto, si Boeing está ocupado construyendo y haciendo entregas para un mercado global artificialmente inflado, los precios para sus clientes domésticos también estarán artificialmente inflados. Por lo tanto, el Ex-Im Bank le quita a Delta para darle a Boeing, “escogiendo ganadores y perdedores”, de manera literal.
La queja de Delta acerca de los efectos de las ventas subsidiadas de Boeing a Air India es un ejemplo real. Hay otros. Cliffs Natural Resources, una empresa minera que opera en tres minas de mineral de hierro en Minnesota y una en Michigan, cuestiona los $694 millones de financiamiento del Ex-Im Bank para las compras de niveladoras y camiones Caterpillar, locomotoras General Electric y martillos percutores Atlas Copco que hace una mina de hierro australiana. Tienen razón. Los contribuyentes estadounidenses están subsidiando los costos de la extracción del mineral de hierro y de otros minerales en Australia, medida que aumenta la oferta actual y en el futuro, y ejerce una presión a la baja en los precios, lo que perjudica a las minas estadounidenses y a los productores de hierro del país, quienes deben competir con los productores de hierro en China —que resultan ser los principales beneficiarios del mineral de hierro barato de Australia.
Pero este efecto adverso no es excepcional. Esto es lo normal. Considere que el Ex-Im Bank subsidió $168.000 millones de exportaciones entre 2007 y 2013, mediante préstamos, garantías de préstamos, y la provisión de seguros y capital de trabajo. Cerca de dos tercios ($107.000 millones) de esos gastos fueron destinados al propósito de facilitar las exportaciones de productos de manufacturas: a los aviones se destinó la impresionante cantidad de $58.000 millones del gasto del Ex-Im Bank; la venta de equipos recibieron $22.000 millones; $8.000 millones se destinaron a fomentar las exportaciones de equipos de computación y electrónica; $7.000 millones se gastaron en productos de metal; $5.400 millones subsidiaron las ventas de equipos de transporte (excluyendo a los aviones) y las exportaciones de químicos costaron más de $2.300 millones al Ex-Im Bank.
¿Quién compró estos productos? Generalmente, los clientes fueron productores extranjeros, quienes usualmente incorporan esas mercaderías como insumos o equipos de capital para su propia producción. Las empresas estadounidenses luego son obligadas a competir en casa y en el extranjero con estos beneficiarios extranjeros del financiamiento del Ex-Im Bank.
La retórica de que subsidiar las ventas de exportaciones estadounidenses fomenta las exportaciones del país y crea empleos ignora los efectos secundarios, que deben ser considerados. ¿Qué hay del ingreso de las empresas estadounidenses que compiten con el beneficiario extranjero del préstamo subsidiado? ¿Qué hay del empleo en esas empresas en esas industrias? ¿Acaso no es probable que ambos sufran?
Tal vez el razonamiento más comúnmente citado a favor de la continuación del banco es que la generosidad estadounidense con el crédito para las exportaciones palidece en comparación a la de otros gobiernos, y que proveer respaldo financiero es lo mínimo que el gobierno de EE.UU. puede hacer para tratar de igualar las reglas del juego. Pero al intentar de igualar las reglas del juego entre los grandes exportadores estadounidenses y sus competidores extranjeros subsidiados, el Ex-Im Bank necesariamente “desnivela” las reglas del juego entre esas dos partes de empresas estadounidenses: los beneficiarios y las víctimas. Ese no es un rol adecuado para el Estado.
Subsidiar las ventas en el extranjero, de hecho, tiene el mismo impacto negativo que cobrarle impuestos a los bienes intermedios importados. El Ex-Im Bank opera de manera similar al programa azucarero de EE.UU., a los aranceles al acero y a la Ley de Jones (que restringe severamente la competencia en la industria de transporte). Le concede beneficios a un selecto grupo de empresas (usualmente aquellas con operaciones exitosas en la calle K en Washington, DC) a costa de las empresas estadounidenses menos conectadas.
Algunas personas en Washington menospreciaran todo esto y dirán, “Bueno, así es como se hacen los negocios. Crece y acostúmbrate”. Pero ese tipo de pensamiento solo asegura que las consideraciones políticas se impongan ante las económicas, lo que fomenta el desplazamiento de todavía más recursos desde los fines económicos hacia los fines políticos. Eso podría ser bueno para los que somos dueños de casas en Washington, pero es evidentemente corrosivo para el sistema económico de los Estados Unidos.
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@DIkenson
Sobre Daniel J. Ikenson
Es Director Asociado del Centro de Estudios de Política Comercial de Cato Institute. (Washington, D.C.). Sus artículos son publicados en idioma español en el sitio web del Instituto, ElCato.org.