España: Día de la Liberación Fiscal

El informe anual sobre el 'Día de la Liberación Fiscal' intenta calcular en qué momento del año empezamos los españoles a disponer de lo que nos queda de nuestros ingresos, tras haber liquidado lo que hemos de entregar al Fisco. El resultado es doloroso. La versión impresa del informe presenta el siguiente cálculo de días dedicados al pago de los impuestos para un trabajador que durante el ejercicio 2013 haya cobrado un sueldo acomodado de unos 24.400 euros al año, estaba casado, con dos hijos, tenía coche, una casa, fumaba y bebía alguna bebida alcohólica:

IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): 41 días.

IVA (Impuesto sobre el valor agregado): 25 días.

Seguridad Social: 102 días.

Impuestos especiales: 11 días.

Otros impuestos: 5 días.

Suma: 184 días.

De este cálculo, se deduce que a dicho trabajador le quedan unos ingresos disponibles de 181 días, que es la razón por la que se ha elegido el 3 de julio para celebrar la liberación del contribuyente español. En este caso, los ingresos libremente disponibles son menores a los detraídos. Me atrevo a presentar estos resultados y alabar su elaboración porque, aun siendo secretario (no remunerado) del think tank que ha producido ese trabajo, no lo he realizado yo, sino la jefe de investigación de Civismo, Cristina Berechet, con lo que no caigo en la falta de gusto de elogiarme a mí mismo.

Se comprenderá que los resultados son distintos para cada nivel de ingresos y para cada domicilio fiscal dentro de la España de las autonomías. Así, para un empleado con un salario bruto anual de 15.500 euros, el día de la liberación fiscal fue el 16 de junio; con un salario de 19.300 euros, el 26 de junio; el susodicho 3 de julio para el de 24.400 euros; el 9 de julio para un salario de 40.000 euros; pero el 7 de julio para otro de 100.000 euros. En efecto, el día se adelanta para los ingresos brutos más altos, pues hay un tope a lo que se contribuye a la Seguridad Social —como lo hay a la pensión que al final de la vida laboral puede uno cobrar—.

Para más detalle, el informe en su versión de Internet contiene una calculadora que permite calcular el esfuerzo fiscal de cada contribuyente individual. El estudio es, además, notable por analizar la situación de las diferentes autonomías: la horquilla es de nueve días entre el País Vasco, el 28 de junio, y Cantabria y Cataluña, el 7 de julio.

El trabajo es especialmente instructivo en dos cuestiones, una explícita y otra implícita. La revelación directa más notable es el peso de la financiación de la Seguridad Social en el esfuerzo fiscal de los españoles. A sostener las pensiones, la subvención del paro y los servicios sociales dedicamos en el caso típico descrito nada menos que 102 días de trabajo de los 184 días que nos detrae anualmente el Fisco —y eso que dicha cuantía deja fuera la financiación de la Educación y de la Sanidad, que también pagamos los contribuyentes—.
 

 

Cuña fiscal

Más que el total del coste en días de trabajo del Estado de Bienestar, interesa lo que las cotizaciones a la Seguridad Social encarecen el coste del trabajo. Se trata de lo que los economistas llamamos la cuña, la diferencia entre lo que los asalariados reciben por su trabajo antes de los otros impuestos y lo que un trabajador le cuesta en total a su empresa. Nadie le dice a los trabajadores que la Seguridad Social encarece sus servicios con un gravamen sobre la mano de obra de un 36% adicional. Es un impuesto especial con el que, en una época de alto desempleo, cargan los trabajadores y no la empresa, por mucho que aparentemente el empleado no parezca contribuir más que con el 7%: la competencia hace que el resto, a fin de cuentas, se detraiga de la paga. Esa cuña tiene como efecto que la tasa de paro básica, o tasa de paro natural que decimos los economistas, sea varios puntos más alta de lo necesario.

La cuestión implícitamente evocada por el estudio de Civismo es la del peso insostenible del Estado de Bienestar en su conjunto. Como han señalado recientemente los investigadores de Fedea, Juan Rubio Ramírez e Ignacio Conde-Ruiz, el sector público español arrastra un déficit estructural de un 4% del PIB, equivalente a una falta de ingresos de 40.000 millones de euros. Ese déficit se origina en la necesidad de financiar el Estado de Bienestar; es decir, la suma de la Seguridad Social a cargo del Estado, y la Sanidad y la Educación a cargo de las autonomías. La elección es bien clara: o se restringe (“desmantela” dice dramáticamente Fedea) el Estado de Bienestar o se suben los impuestos hasta doblar el esfuerzo fiscal: nada menos que todos el IVA al 21%; la supresión de todas las deducciones del Impuesto de Sociedades para poder reducir el tipo al 15% sin perder ingresos; aumentar los impuestos especiales y las tasas y precios públicos; y generalizar el impuesto sobre la riqueza. Esos animosos investigadores nada dicen del efecto que tendría sobre el crecimiento del PIB.

Mis lectores coincidirán conmigo en que gobiernos de cualquier color se guardarán mucho de elevar los impuestos de esa manera. Pero como el gasto público hay que financiarlo, ello implica que, lejos de reducirse la deuda pública, ésta seguirá aumentando, aunque la recaudación crezca a la par que la economía. La otra salida, en la que nuestro gobierno de tinte socialdemócrata ni siquiera se atreve a pensar, es la de reformar a fondo el Estado de Bienestar. No lo duden: seguiremos creciendo despacio e incurriendo en una deuda pública cada vez mayor.