Ley de abastecimiento: proyecto soberbio, subjetivo y petulante

El proyecto de ley de abastecimiento llamado 'Nueva Regulación de las relaciones de producción y consumo' es una muestra más de la petulancia de los gobernantes.

Según el proyecto, el Poder Ejecutivo -a través de la Secretaría de Comercio-, podrá:

*Regir la compraventa, permuta, locación de cosas muebles, obras, y servicios —materias primas directas o indirectas y sus insumos— que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento así como otro bien o servicio que satisfaga necesidades básicas orientadas al bienestar de la población (Artículo 1);
* Establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios;
* Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción. Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios como así en la fabricación de determinados productos, dentro de 'niveles o cuotas mínimas'. Acordar subsidio, requerir toda documentación, exigir presentación de libros, documentos, papeles, y todo elemento relativo a la administración, realizar pericias, proceder al secuestro de información y documentación, crear registros y libros especiales, establecer licencias comerciales (Artículo 2);
* Autoriza a gobernadores a fijar precios máximos en sus jurisdicciones. Si fuera mayor al precio nacional, deben pedir permiso a la Secretaría de Comercio (Artículo 3). Todo ello, con la intención de castigar acciones privadas tales como (Artículo 4):

 

- La elevación artificial de precios de manera no acorde a costos, y la obtención de ganancias abusivas, el revalúo de existencias (salvo autorización), el acaparamiento de materias primas o productos. La formación de existencias superiores a las necesarias, la intermediación o permiso para intermediar innecesariamente, la destrucción de mercaderías o bienes, la negación o restricción injustificada de la venta de bienes o la prestación de servicios. O el no incremento de la disponibilidad de bienes y servicios, habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación. El desvío o discontinuación del normal y habitual de abastecimiento de una zona a otra sin causa justificada; la no disponibilidad para su venta o la discontinuación de la producción de bienes o servicios con precios máximos y mínimos; los márgenes de utilidad prefijados.

 

Esta ley estalinista parte de errores conceptuales básicos, impropios de una persona que se precie de respetar la más elemental operatoria comercial. Con haber atendido un mostrador de un quiosco durante unos meses, alcanza para comprender que el articulado es delirante, irreal y altamente peligroso.

 

Los errores conceptuales básicos son los siguientes:

 

* El proyecto considera que la información del mercado puede captarse, agruparse, decodificarse y comprenderse.

* Supone, además, que el Estado puede hacer tarea.

* Supone que el Estado Nacional, una vez en poder de esa información, puede lograr los cálculos económicos pertintentes para saber cuánto producir, cómo, cuál es el costo, cuáles los precios de venta.

* Supone que, estando en capacidad de hacer todo eso, el Estado es inmaculado, e incorruptible.

* Supone, en definitiva, que con una planilla Excel y un fusil pueden reemplazar al mecanismo de precios del mercado.

La realidad es que la información de los proceso de mercado no se puede agrupar, ni concentrarse en su conjunto. El mercado es, ante todo, un proceso de descubrimiento. La totalidad de los agentes, empresas, trabajadores, profesionales, etcétera, cuentan apenas con 'un poco de información'.

Es impensable e inviable que un secretario de comercio pueda obtener todos esos pedacitos de información.

Por ello, es impensable la planificación. No existe planificación sin multas ni machetes policiales. Las experiencias fallidas a la hora de controlar los precios por parte del nazismo, el comunismo y los gobiernos militares así lo corroboran.

Los precios son incontrolables, en el sentido de que no dependen de una 'junta de planificación' o de una 'secretaría iluminada'. No es fácticamente posible conocer la totalidad de los costos y de los precios. El proyecto complementario a la Ley de Abastecimiento que crea el 'Observatorio' es otro disparate.

Lo que es controlable es la inflación, pero por una vía distinta: la política monetaria sana y racional. Pretender establecer lo que dice el articulado sobre controlar utilidades, precios, suministros y cantidades no supone solo que el Ejecutivo está jugando al empresario, sino que está jugando a ser todos los empresarios a la vez.

El proyecto presume que los funcionarios pueden hacer mejor las cosas que el empresario. Si así fuera, cabe invitarlos a convertirse en empresarios con su propio dinero, y no mediante empresas públicas desde la acumulación de todos los privilegios estatales.

De hecho, si el funcionario pudiese fijar precios, cantidades, márgenes, líneas de producción, ello equivaldría administrar directamente la empresa. Sin embargo, no es imaginable ver al mismo funcionario respetando esos parámetros oficiales abonando los mismos sueldos, los mismos costos, los mismos impuestos que las firmas privadas.

El articulado implica una elevada subjetividad por parte de la autoridad de aplicación. En ningún párrafo se aclara qué implica un 'elevado margen de utilidad', ni un 'nivel de existencias elevado', ni cuál es el 'grado de intermediación deseable'. Ante tal ambigüedad, el poder arbitrario se magnifica. Tal poder arbitrario deriva necesariamente en la corrupción. La ley de abastecimiento generará la multiplicará.

El mejor mecanismo para eliminar la inflación es la competencia en un contexto de estabilidad macroeconómica, política monetaria sana y apertura económica. Un funcionario controlando precios no es otra cosa que un petulante al borde de la corrupción intentando una quimera. Todo ello, a costa del bienestar de los argentinos.

De votarse, el proyecto de ley de abastecimiento generará:

* Menores inversiones y, por tanto, menor nivel de empleo;

* Creciente desabastecimiento;

* Elevados niveles de evasión y corrupción administrativa;

* Clausura y cierre de empresas y menor incentivo a la inversión externa en la República Argentina;

Lejos de favorecer a los consumidores, esta ley los convertirá en mendigantes frente a góndolas vacías.