Alberto Nisman y el lunes que no fue

La falta de realismo en la visión del hoy cuesta credibilidad en el mañana.

John Calvin Maxwell (pastor estadounidense, n. 1947-)

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En la mañana de este lunes 19, horas después de conocerse la novedad de la desaparición física del fiscal Alberto Nisman, el Teniente Coronel y médico Sergio Berni se explayó sobre la hipótesis del suicidio -sin mediar aún las pericias del equipo forense interviniente. Atontado por la premura, el verborrágico funcionario de la cartera de Seguridad dejó entrever atisbos de la narrativa potencialmente favorita del Gobierno Nacional de cara al episodio, esto es, que el ex funcionario judicial optó por poner fin a su vida en momentos en que se tenía lugar el cambio de elementos en su custodia personal.

Desgraciadamente, la prisa de Berni viene a encarnar una suerte de espejo de lo que sucede en la vereda de enfrente; analistas políticos y columnistas dominicales se aprestaban a tomar partido por teorías conspirativas y por la eventualidad de un homicidio ejecutado por profesionales. Los últimos (sin mayores datos) defienden su tesis en un aspecto sobradamente lineal, entendiendo que Nisman nunca podría haberse suicidado con un disparo en la cabeza menos de veinticuatro horas antes de una exposición en el parlamento que hubiese sido letal para la frágil Administración de Cristina Elisabet Fernández Wilhelm y su pendulante agenda de impunidad. En apariencia, la imbecilidad y la inoperancia no solo trabajan a destajo: también lo hacen sin discriminación de rubro ni distinción de sponsor.

En tanto el deceso del fiscal no deja de concentrar una creciente atención mediática en el orden doméstico y en el extranjero, y mal podría caracterizarse como un hecho anecdótico en sí mismo, sí invita a evaluar a consciencia otros aspectos igualmente críticos. Por principio, la muerte de Alberto Nisman expone con crudeza el formato inenarrablemente endeble del sistema democrático argentino: la administración de justicia no solo se encuentra viciada por la corruptela y los intereses políticos; a la postre -y acaso debido a ello- se exhibe inexistente para los ciudadanos de a pie. No existe protección para testigos ni para funcionarios; los procesamientos múltiples jamás conducen a prisión efectiva; las causas que comprometen a altos personajes caducan, tras evidenciarse la carencia de resultados; la manipulación de magistrados (presiones incluídas) originadas en servicios de inteligencia o en el seno de los gobiernos de turno es moneda tóxica y corriente. Los deleznables prolegómenos del joint-venture entre el Gobierno Nacional con el Estado terrorista de la República Islámica de Irán no han impedido que el Congreso de la Nación apruebe raudamente un pretendido 'memorándum de entendimiento' tendiente a resguardar a fundamentalistas panislámicos y a engordar a los partenaires locales de Hezbolá. Más allá de los votos cosechados por el Frente para la Victoria, los mecanismos constitucionales diseñados para impedir el elocuente suicidio de la República (que hoy cobra una dimensión que raya lo inverosímil) se han, simplemente, desvanecido.

Bastante más allá de Nisman, el gobierno de Cristina Kirchner tropieza ahora con una consecuencia no deseada (aunque no imprevista) de su propia propaganda, portadora de una formulación y fascinación psicoterrorista, aceitada con la amenaza, el autoatentado y la extorsión: aún cuando el conjunto de pericias apuntase con solidez al suicidio del actor central de la pesquisa sobre AMIA, la ciudadanía difícilmente dará fe de ello. Tanto Néstor como su esposa tensaron al extremo la cuerda de la propia credibilidad, al punto de cercenarla limpiamente. Si así no fuera, ahora mismo no se acopiarían los investigadores -nacionales y foráneos- que refrescan datos e información marginal sobre subcapítulos distantes y nunca profundizados como los de Jorge Julio López, Luis Gerez, 'Cacho' Espinoza (Conarpesa), Alfonso Severo, Juan Castro y similares.