Paraguay: Alianza Pública Privada y reglas institucionales

Con un año y medio de vigencia, la ley de Alianza Pública Privada (APP) fue alterada sustancialmente en la Cámara de Senadores paraguaya. Lleva el mismo nombre, pero no es la misma. Le fueron modificadas su naturaleza y ejecutividad. El Congreso autorizará caso por caso la ejecución de los proyectos.

Si bien en año y medio no fue llevada a la práctica, lo que supondría una debilidad de gestión, ello no significa que esta legislación no pueda ser administrada con eficiencia y transparencia en base a las facultades constitucionales otorgadas al Ejecutivo, como originalmente estaba previsto.

Esta modificación de la APP en el Senado muestra la extrema dependencia de las reglas de juego institucionales por parte de la coyuntura política y el sesgo ideológico. Esto es más que preocupante, y más aun en un país con extremo atraso en infraestructura.

La ley de la APP es una regla de juego que el Estado paraguayo publicitó al mundo para atraer capitales. Y, tal como ocurre en cualquier lugar, la iniciativa empresarial solo se pone en marcha cuando percibe información certera por parte del sector gubernamental.

Si la información emitida por la legislación garantiza seguridad y un marco predecible, entonces los factores de producción como el capital y el trabajo se fusionan armoniosamente. De esta manera, se mejoran las condiciones de vida de la gente, mediante más puestos de trabajo, un aumento de los salarios -y todo ello, con el efecto multiplicador sobre la economía en su conjunto.

El capital invertido requiere del retorno del mismo, y solo puede darse si las reglas son vistas como a largo plazo; de tal suerte que el costo del capital primariamente establecido no tenga posteriores agregados. Si los agentes económicos se percatan de la existencia de esos agregados convertidos en costos basados en la subjetividad de las conductas políticas de redistribución del dinero o la riqueza, entonces surge la incertidumbre que no hace más que espantar al capital. Este termina buscando mejores lugares en los cuales establecerse.

Un ejemplo sencillo al respecto explica mejor lo anterior. La APP ya contaba con varios proyectos multimillonarios para invertir en infraestructura en el país; pero que por términos de confidencialidad no estaban aún siendo conocidos y cuyos costos relacionados a estudios de factibilidad son altísimos (casi el 3 por ciento del total a invertir) y que en gran parte ya ha sido sufragado. ¿Qué empresa deseará ahora invertir si sabe que el proyecto necesariamente deberá pasar por la aprobación del Congreso y en cada caso?

Lo que el Senado ha hecho es emitir una señal de alerta a los mercados internacionales y calificadoras de riesgo. Lo que podría haberse invertido, ahora ya no vendrá; o bien se retirará para no volver. De ahí la importancia de las reglas institucionales como en efecto sucede con la APP, la que aprobada por mayoría en su momento, hoy está desmembrada por la coyuntura electoral y por el sesgo ideológico.

La realidad es que por el capricho e ignorancia de algunos y por las malas ideas de otros se sigue poniendo palos a la rueda del progreso. Mientras tanto, la clientela política surgida de la pobreza debido a la falta de inversiones va creciendo como una masa electoral proclive a la demagogia y el populismo.