Muerte de Oswaldo Payá en Cuba: informe sugiere responsabilidad del gobierno

En el tercer aniversario de la desaparición física del famoso disidente cubano Oswaldo Payá, la organización Human Rights Foundation dio a conocer un informe que sugiere que el gobierno cubano podría haberlo asesinado. En el apartado legal del trabajo, la Human Rights Foundation subrayó las discrepancias e inconsistencias surgidas de la investigación del gobierno de La Habana sobre la muerte de Payá.

El informe halló numerosas violaciones al debido proceso, la alteración de declaraciones de testigos, la realización de una autopsia 'groseramente inadecuada' y otras incontables piezas de evidencia presentadas por la familia Payá, que pasaran desapercibidas para funcionarios cubanos. 'El poder en La Habana entendió que era necesario destruir a mi padre', declaró Rosa María Payá, hija del desaparecido activista. 'Este informe será una herramienta de importancia contra la impunidad del poder'.

Payá, el activista pro-democracia más prominente de América Latina durante los últimos veinticinco años, falleció junto a su compañero activista Harold Cepero en un accidente vehicular, luego de que el automóvil en que viajaban se saliera de una ruta cubana e impactara contra un árbol. La organización Human Rights Foundation concluyó que la 'evidencia, que fue deliberadamente ignorada, sugiere fuertemente que los eventos del 22 de julio de 2012 no remiten a un accidente, sino que tuvieron lugar como resultado de un accidente de automóvil directamente provocado por agentes estatales'.

El ciudadano español Angel Carromero, que conducía el vehículo, insistió en que el mismo fue impactado por detrás por otro automóvil, que portaba matrícula estatal; ello provocó que el auto se saliera de control y, eventualmente, del camino. Carromero fue puesto inmediatamente bajo custodia tras el evento, y fue luego forzado a grabar una declaración en la que aceptaba la responsabilidad por el accidente. A Carromero, le fue presentada una declaración por parte de oficiales de la seguridad cubana, y que debía leer ante cámara de video; a posteriori, tomó parte de un juicio arreglado. Carromero terminó sentenciado a cuatro años de prisión por homicidio en conducción de un automóvil. Tiempo después, regresó a España, donde se desdijo de todos los comentarios que fue llevado a compartir bajo coacción.

La falla fatal en el juicio irregular al que fuera sometido Carromero destaca por ser resultado directo del sistema judicial cubano -así concluye la organización Human Rights Foundation. Cuba es una dictadura, y la investigación y procesos judiciales posteriores por los decesos de Payá y Cepero fueron llevados a cabo bajo el formato totalitario esperable, cita el informe. Javier El-Hage, consejero general de la Human Rights Foundation, presentó los hallazgos del informe en la Georgetown University, el miércoles 22 de julio próximo-pasado. El-Hage explicó que los abogados cubanos, a diferencia del consejo legal en otros sitios del globo, tienen la obligación de defender los intereses del gobierno -nunca los derechos de sus clientes.

'Cuando esto sucedió, el 22 de julio, aquellos que conocían a Oswaldo Payá dijeron que esto es igual a que si el gobierno sudafricano hubiese asesinado a Nelson Mandela, o similar a que si el gobierno soviético hubiese ultimado a Andrei Sakharov, o si el gobierno birmano hubiese eliminado a Aung San Suu Kyi', declaró Carl Gershman, presidente de la fundación National Endowment for Democracy, en la presentación del informe en la Universidad de Georgetown (Washington, D.C.). (Foto, crédito: Chelsea Scism/The Daily Signal)

Comprender el sistema judicial cubano es crítico a la hora de indagar por qué el juicio a Carromero y la investigación posterior fueron falsificaciones, completó El-Hage.

Todos los abogados en Cuba deben registrarse en una asociación nacional, si su intención de ejercer. Los consejeros legales en ese país deben atenerse a un código de ética, que los fuerza legalmente a 'asumir y contribuir, a consciencia -dentro de sus obligaciones-, a la defensa y la preservación de los principios contenidos en la nación, la revolución y el socialismo'.

Más aún, sus trabajos deben llevarse a cabo 'imbuídos con las ideas nobles, correctas y humanas del socialismo, e inspiradas por el ejemplo compartido por el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz'.

Como resultado, el informe de la Human Rights Foundation reconfigura la atención sobre Carromero, alejándola de la falsa confesión que le impusiera el Estado cubano. En lugar de ello, el informe sugiere 'responsabilidad directa del gobierno' en las muertes de Payá y Cepero.

Específicamente, la evidencia sugiere que los agentes estatales intervinientes actuaron en uno de tres estadíos mentales, a saber: buscando asesinar a Payá y a los pasajeros, o bien buscando 'inflingir daño físico severo', o bien con 'descuidada y depravada indiferencia' frente a las vidas de aquéllos.

Las citadas posibilidades alcanzan para que la acusación del homicidio pueda fundamentarse, a los ojos de la legislación internacional, declaró El-Hage.