Buenos Aires, la Provincia que menos invierte en obra pública

La Provincia de Buenos Aires muestra la menor participación de obra pública en relación al gasto total. Esta situación explica el deterioro en términos de infraestructura que hoy se evidencia en las inundaciones, pero también en las cifras de accidentes viales (lidera el ranking de muertes en esta categoría) y otras carencias para la población, como la falta de agua y de energía eléctrica.

Las adversidades no son casualidades del destino, sino que todo remite a causalidad. A tal efecto, resulta importante diferenciar la foto de la película. Las causas de la difícil situación que enfrentan miles de familias argentinas no responden estrictamente a las lluvias recientes en forma exclusiva. Son, antes bien, el emergente de un extenso historial de postergaciones, la subordinación del largo plazo a los objetivos cortoplacistas del poder de turno (al estilo populista), en su misión exclusiva de retenerlo para propio beneficio.

El interrogante primario podría ser: ¿qué se ha hecho para impedir el actual escenario de inundaciones? Responder a esta pregunta es analizar cuánto los gobiernos destinan realmente a la inversión real directa, que resulta ser una de las principales variables que se contemplan a la hora de analizar el crecimiento o desarrollo de una economía.

La inversión real directa incluye nuevas obras de infraestructura y la adquisición de bienes de capital destinados a aumentar o reponer el patrimonio de bienes de capital del Estado. Un estudio detallado señala que, para el año 2013 (último con cifras oficiales), las jurisdicciones que presentaron la mayor proporción de inversión real directa en relación al gasto total ejecutado fueron: Santiago del Estero (33,1%), San Luis (32,1%) y Formosa (27,8%).

Mientras que, en el otro extremo, revistan la Provincia de Buenos Aires (2,2%); Tierra del Fuego (4,5%) y Neuquén (5,0%).

Otro cálculo que puede realizarse es aquel que toma en cuenta las erogaciones per cápita, es decir, lo que cada jurisdicción destinó de sus recursos a infraestructura en relación a la cantidad de habitantes que tiene la misma. De este modo, se obtiene lo siguiente:

Conforme se aprecia en el gráfico, la provincia de Formosa se ubica en el primer lugar, con una IRD pública de $5.527 per cápita en 2013, mientras que en el otro extremo se encuentra Buenos Aires con una IRD de $167 per cápita. Si se comparan ambas provincias, la primera destinó a inversión por individuo 33 veces más que la segunda. Asimismo, se distinguen en esta variable Santiago del Estero, San Luis y La Pampa, las cuales destinaron montos por  $4.673, $4.517 y $4.445 per cápita en forma respectiva.

Los datos anteriores no hacen más que demostrar las grandes disparidades que hay entre una provincia y otra, incluso entre provincias de similares características. Por ejemplo, se puede citar el caso de Misiones en el que la IRD ejecutada en 2013 fue de $3.278 por habitante, más de tres veces y medio del nivel alcanzado por Corrientes ($891 per cápita) o el caso de Formosa que más que triplica la IRD per cápita de su vecina Chaco ($ 1.759).

Si bien los valores antes mencionados están influenciados tanto por cuestiones redistributivas y demográficas, lo cierto es que las discrepancias entre las economías del interior van más allá de estos factores.

En definitiva, una de las razones que pueden explicar las diferencias entre una jurisdicción y otra radica en considerar que típicamente la inversión pública es una variable con comportamiento errático y pro-cíclico en Argentina, es decir, se ejecuta mucha obra pública cuando los recursos y excedentes fiscales abundan y se subejecuta en períodos de escasez. Asimismo, la evolución de esta variable está ligada tanto a los períodos electorales, esto es, aumenta en los ejercicios que hay comicios y disminuye en los que no hay comicios programados.

En otras palabras, la IRD tiene una exigua participación dentro de los presupuestos provinciales. Esto se aprecia muy bien cuando se advierte que, en promedio, los distritos del interior de la República Argentina destinan el 50% de su presupuesto a gastos en personal, es decir, casi cuatro veces que lo dirigido a obra pública.

Más allá de los fríos números, la conclusión que emerge es clara. No será hora de mirar al cielo al buscar un responsable por las trágicas consecuencias de las inundaciones, que dejan un legado de pérdidas humanas y materiales. Los responsables deben buscarse entre quienes decidieron postergar las tan necesitadas, invirtiendo los roles del gobierno. Esto es, poniendo la gente al servicio del gobernante y no al gobernante al servicio de la gente.