Otto Pérez Molina y la crisis en Guatemala

Guatemala amaneció el 3 de septiembre con la noticia que Otto Pérez Molina renunciaba a la presidencia del país, por acusaciones de corrupción en su contra, y se fue a dormir con la novedad que Molina irá a la cárcel con orden de prisión provisional. Esto es el más reciente acto de un drama de teatro que empezó su presentación ante el público en abril de 2015, pero cuya trama se inició tras bambalinas hace más de un año.

 

A tres días de las elecciones presidenciales, la renuncia de Pérez Molina —catalizada por su desafuero— sorprende a muchos por la vehemencia con que él la niega su participación en la 'La Línea', una red criminal cuyo modus operandi era recibir sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos en aduanas guatemaltecas.

 

Las operaciones de La Línea se conocieron a finales de abril de 2015, tras una investigación conjunta del sistema judicial guatemalteco y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente creado con ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuyo presupuesto es financiado por Noruega, Canadá, Suecia, la Comisión Europea y EE.UU., este último aporta la mitad de los fondos de la CICIG.

 

El papel de EE.UU. en la crisis política que vive Pérez Molina suele ser pasado por alto, pero en realidad ha influido en ella. En marzo de 2015 Joe Biden, vicepresidente de EE.UU., sostuvo una reunión con mandatarios del Triángulo Norte de Centroamérica —Guatemala, El Salvador y Honduras— para negociar los términos con los que la Alianza de la Prosperidad podría ser llevada a cabo.

 

Entre esas propuestas, Biden resaltó la necesidad de luchar contra la corrupción, y en el caso específico de Guatemala, que el período de acción de la CICIG debería de ser prorrogado: en lugar de terminar en septiembre de 2015, se extendiese a 2017. Petición que también hizo eco entre los congresistas Edward Royce y Eliot Engel quienes, hacia fines de marzo le enviaron una misiva a Pérez Molina en la que apoyaban la petición de Biden.

 

Un mes después de estas peticiones, la red criminal La Línea fue desmantelada, develando 40 casos de cobros ilegales. Como pruebas en investigación se obtuvieron más de 80.000 escuchas telefónicas y 5.000 correos electrónicos con referencias a personas denominadas el “Número 1” y “Número 2”, supuestamente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ex-vicepresidente de Guatemala. Baldetti renunció el 8 de mayo a su cargo y fue capturada el 20 de agosto. Actualmente se encuentra en prisión preventiva mientras se realiza un juicio en su contra.

A partir de abril, la ciudadanía guatemalteca ha protagonizado protestas por 17 sábados ininterrumpidos en los que exigía el procesamiento judicial de los involucrados en La Línea. Las protestas se intensificaron. El 27 de agosto 100.000 personas se manifestaron en diversos puntos de Guatemala. Varios sectores de la sociedad civil convocaron a un paro nacional, al que se unieron muchas empresas —entre ellas la cervecería más grande del país, que no había parado su producción por ningún motivo político desde su fundación hace 125 años— exigiendo la renuncia de Pérez Molina, quien se negó a hacerlo.

 

El 1 de septiembre el Congreso de Guatemala le quitó la inmunidad a Pérez Molina, con 132 votos —solo 105 eran necesarios— a favor y ninguno en contra, mientras que 26 congresistas optaron por no asistir a la sesión. El 2 de septiembre por la noche, Pérez Molina renunció a la presidencia de Guatemala.

 

En los últimos meses se ha hablado de la necesidad de Comisiones similares en Honduras y El Salvador, y considero que son necesarias. Procesos de anticorrupción y pro-transparencia fortalecen las instituciones de cualquier país y sin duda son necesarios en los países del Triángulo Norte centroamericano. Las investigaciones efectuadas por la CICIG no tuvieran un efecto tan grande si no hubiese una ciudadanía activa que controle el poder del estado. Lección que El Salvador y Honduras harían bien en aprender.

 

Estos esfuerzos no son suficientes, la ayuda económica de EE.UU. a través de diversos esfuerzos no esconderá el hecho que el Triángulo Norte también padece el efecto del tránsito de drogas hacia EE.UU., que Washington se niega a combatir efectivamente.

 

Este domingo, Guatemala escoge a su siguiente presidente. Diversos sectores de la sociedad civil en Guatemala hicieron llamados a cancelar las elecciones argumentando que la actual Ley de Partidos Políticos en Guatemala carece de las garantías necesarias para que estas sean transparentes. 

 

Se vaticina una segunda vuelta el 25 de octubre, entre Jimmy Morales —el favorito en las encuestas y relacionado con una red de ex-militares corruptos— Manuel Baldizón —del que se rumora que tiene fuertes vínculos con el narcotráfico y se presume que este financió su campaña— o Sandra Torres —ex esposa de un expresidente cuya hermana y sobrina han sido acusadas de malversación de fondos. 

 

La obra de teatro que los guatemaltecos han escrito y están escribiendo merece aplauso de pie. La renuncia de Otto Pérez Molina también es triunfo de la sociedad civil, que con sus manifestaciones y protestas expresó su rechazo a la corrupción.

 

La madurez ciudadanía de Guatemala es digna de admiración. Su siguiente acto en el que tendrán un papel protagónico será continuar en su lucha contra la corrupción —sea cual sea el candidato que gane el 6 de septiembre o el 25 de octubre.