Argentina y los años setenta: deudas pendientes

El cambio de época que consignara el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y el posterior ascenso al poder de Mauricio Macri no sólo está llamado a comportar consecuencias para el plano económico. La dinámica de los entretelones perfectamente podría conducir a modificaciones en el comportamiento de la justicia -trascendiendo, inclusive, el áspero sendero que remite a las causas de corrupción.

En los albores de los setenta, Macri ni siquiera contaba los 15 años de edad -hijo de un acaudalada hombre de negocios. En aquellos tiempos, la política era una quimera impensada. Desde este lugar, llama la atención que, en la óptica de un puñado de organizaciones dedicadas a los derechos humanos, su persona alimente sospechas y susceptibilidades. Ciertas opiniones explican esos reparos como nutridos por el prejuicio, arguyéndose -en el peor de los casos- que la cuestión podría vincularse con el intento de manufacturar un relato desde el kirchnerismo, ahora atorado en el espectro de oposición. Que algunos dirigentes de ese espacio caractericen a la jujeña Milagro Sala como 'presa política' es, a fin de cuentas, toda una declaración de principios.

Sin embargo -y más allá de estas tomas de posición-, no serían pocos ciudadanos los que se atreven a soñar con la reorientación del norte judicial, allí donde se investigan la violencia y la consecuente represión registradas en la década del setenta. Toda vez que esa ilusión se respalde más en la expresión de deseos que en el 'aquí y ahora' de la realidad. En tanto se registran opiniones unánimes en el sentido de que no es factible evaluar sin distinciones a la represión de organizaciones paraestatales (cuando no estatales) y a la violencia guerrillera, se conoce a quienes alzan la voz pidiendo que determinados hechos protagonizados principalmente por Montoneros y el ERP sean investigados en profundidad para, a la postre, lograr que se los tipifique como crímenes de 'lesa humanidad'. O que pueda explorarse algún otro plano que sirva para aplicarles novedosas figuras jurídicas que encuadren sus actuaciones como delito.

Así, pues, el proceso judicial que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata contra ex integrantes de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) ofrece espacio para que letrados y organizaciones vinculadas a la justicia intenten abrir el juego en pos de un debate más amplio y rico que abarque estas espinosas cuestiones. Al tratarse del primer juicio contra civiles actuantes en los setenta, sumado esto las derivaciones que vienen de la mano deel cambio de Gobierno, hay margen para un viraje en la metodología que aborde la década de referencia.

El empleo de la lucha armada, pues, convirtióse -para muchos de los actores centrales de aquella temporada- en el único modus operandi aceptable, si de lo que se trataba era de saldar las diferencias ideológico-políticas. La violencia, llevada a no pocas geografías de la República Argentina desde finales de los sesenta hasta el golpe militar de 1976 y evaluada siempre en su contexto, sirve a los efectos de arrojar luz sobre el poco feliz accionar de las fuerzas armadas y sus contrapartes en la guerrilla.

El 2 de julio de 1976 -esto es, casi cuatro meses luego del arribo de los uniformados-, un artefacto explosivo detonado por la organización Montoneros destruyó el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal -episodio en el cual perdieron la vida 23 oficiales y un civil. El Comisario (Ret.) Hugo Raúl Biazzo presentó una denuncia con miras a que el hecho sea investigado con precisión, pero la Cámara de Casación -el más encumbrado tribunal penal del país- optó por desestimar la presentación. En su argumento, la Cámara entiende que los eventos habían prescripto, precisamente, por no haberse considerado en su oportunidad a los mismos como delitos de lesa humanidad. Complementariamente, y ya en el año 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó ese fallo.

En el mes de agosto de 1974, en un ataque del ERP contra una instalación militar con base en la ciudad cordobesa de Villa María, fue secuestrado el Coronel Argentino del Valle Larrabure. Este permaneció cautivo por un total de 372 días y, a posteriori, su cuerpo fue hallado con evidentes signos de tortura. Si bien hace pocos años un columnista del matutino 'Página 12' dio cuenta de que Larrabure se había ahorcado, en 2009, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dictaminó que el acto coincidió con un homicidio, y que el mismo debe ser considerado como 'crimen de lesa humanidad'. El cadáver del militar exhibía un alarmante desgaste: la recapitulación habla de casi 50 kilos de peso menos, inflamación testicular, y signos de muerte por ahorcamiento. Al parecer, el grupo guerrillero tomó la decisión de privar a Larrabure de su libertad para que fabricara explosivos para el propio provecho. Ante la negativa del militar, la decisión fue ejecutarlo.

El 19 de enero de 1974, también el ERP formuló su propio ataque armado contra el Cuartel de Guarnición del Ejército Argentino en la ciudad bonaerense de Azul; este subcapítulo fue harto comentado, no solo por el nivel de violencia empleado, sino también por las consecuencias que comportara poco después. Además de las lógicas bajas del lado guerrillero, perecieron en el episodio la esposa de un militar, y un conscripto. Adicionalmente, terminaría siendo secuestrado el Teniente Coronel Jorge Ibarzábal, ultimado diez meses después. La noche del ataque, el entonces Presidente Juan Domingo Perón compartió un discurso que determinaría la avanzada final contra la facción armada de la izquierda peronista. Al día siguiente, cae el Gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegaín, vinculado a las organizaciones marxistas. Incidentalmente, se multiplicaron declaraciones que sostenían que la persona del gobernador fue clave para brindar apoyo logístico para el homicidio de José Ignacio Rucci, registrado el 25 de septiembre de 1973: las versiones consignan que algunos de los integrantes del grupo que se cobró la vida del sindicalista ocupaban altos cargos en la Administración bonaerense. Toda vez que la acumulación de pruebas para certificar este dato siga su curso, se exigirá ante los tribunales que el crimen del ex titular de la CGT sea considerado delito de lesa humanidad.

El 5 de octubre de 1975, Montoneros -rompiendo con su promocionada tradición de no atacar hasta ese momento objetivos militares- intentó tomar el Regimiento de Infantería de Monte 29, en la Provincia de Formosa. La maniobra fue bautizada como 'Operación Primicia' y, en conformidad con el periodista-investigador Ceferino Reato -autor de una exitosa publicación que arrojó datos sobre el evento-, el ataque motivó la justificación de las fuerzas armadas para tomar el poder el 24 de marzo del siguiente año. Preciso como escalofriante, el relato repasa una instancia no anticipada por el grupo terrorista, a saber, que se toparía con una sólida resistencia de parte de los conscriptos, y ello condujo al inevitable fracaso de la operación. Con todo, el saldo fue de diez soldados del Ejército muertos. En lo que fuera una cuestionable decisión desde el Estado Nacional, el kirchnerismo decidió ofrecer elevadas indemnizaciones para las familias de las víctimas del lado guerrilero. Los familiares de los conscriptos -que ofrendaron su vida en la defensa del regimiento- continúan esperando algún tipo de reconocimiento: fueron abiertamente ignorados.

Así las cosas -y más allá de la discusión que versa sobre la figura legal desde la cual encuadrar los delitos perpetrados por la guerrilla-, se contabilizan discrepancias aún en el seno de los actuales juicios, en especial el que se está desarrollando contra integrantes de la CNU en Mar del Plata (cuyos prolegómenos este espacio continuará profundizando). Asimismo, surgen sospechas que remiten a irregularidades que, de comprobarse, empañarían la virtud del debido proceso en el juicio. ¿Acaso dicha organización fue creada exclusivamente con el fin de cometer actos criminales? El dictamen del Fiscal Daniel Adler respalda esa hipótesis. En ruidosa disidencia, el alegato previo -elaborado en su momento por Juan Manuel Pettigiani, luego recusado al negar el carácter de lesa humanidad de los crímenes investigados- sostiene lo contrario. Quienes defienden desde la letra de la ley este dictamen, reafirman que los crímenes bajo análisis refieren a episodios aislados o bien desarticulados, no existiendo un jefe visible de la CNU y que, en virtud de esto, no es factible referirse a una sistematización criminal. La contracara de esta opinión es que la CNU fue, desde sus orígenes, un grupo de choque de la 'ultraderecha peronista' en los claustros, coloreada por una remarcable impronta antisemita. A la postre, la CNU mutó en organización parapolicial en la que convivían estudiantes, policías y 'culatas'. Los comentarios se completan con la existencia de un importante respaldo estatal -variable crítica a la hora de comprener la dinámica y orientación del proceso actual.

Conforme se apuntara en trabajos previos, los hechos investigados en el proceso marplatense merodean cinco crímenes cometidos durante la madrugada del 21 de marzo de 1975, réplica por el asesinato -ocurrido la jornada anterior y con fuego de ametralladoras, a plena luz del día- del letrado Ernesto Piantoni, supuesto líder de la CNU local. Un veterano militante de la derecha peronista, presente en el velatorio del abogado rememora que, si bien testimonios ilustran que en esa oportunidad se idearon los asesinatos que tuvieron lugar de madrugada, corresponde no obsequiar mayor crédito a las versiones: 'Vinieron patotas, especialmente desde Buenos Aires. Lo que fue muy extraño, dado que era más lógico que vinieran de La Plata, que también vinieron. Piantoni era muy joven y Mar del Plata era una ciudad chica. Sin embargo, era impresionante la cantidad de gente que había en su velorio. Ahí hubo algo raro'. Esta fuente agrega: 'Uno de los cinco muertos esa noche fue un militar retirado, pariente nada menos que de Jorge Rafael Videla. El relato dice que los crímenes fueron en venganza por la muerte de Piantoni. Entonces, ¿para qué matar un militar?'. Las crónicas recuerdan que, en el domicilio del mencionado Videla, se hallaba escondido un militante de la juventud peronista y sobrino suyo, verdadero objetivo de las patotas. Al caer aquella noche, asesinaron a dicho joven, a los dos hijos de Videla, y al propio militar. El quinto fue un médico cirujano poco conocido en la localidad.

En cualquier caso, no todos los personajes que fueran depositados en el banquillo están allí para responder por homicidios; algunos enfrentan cargos por 'asociación ilícita', toda vez que pudieron ser parte de una organización con fines criminales. Naturalmente, dicha figura colisionaría con el concepto de 'lesa humanidad', provisto que la legislación penal no tipifica viable la acusación contra un ciudadano bajo cargos de homicidio, siendo que pudo -o no- pertenecer a una facción en el cual algunos de sus integrantes efectivamente lo eran. Uno de los patrocinadores legales intervinientes en el juicio recuerda: 'El dictamen de Adler especifica que resulta claro que no se reprocha a los imputados haber formado parte de una organización política, sino el haber formado parte de una asociación ilícita enmascarada en la agrupación CNU. El criterio es en extremo confuso; no se discrimina quién era parte de una asociación ilícita, ni quién de la CNU. La CNU era un grupo estudiantil que tenía una actividad política dentro del justicialismo. No es posible acusar a alguien por haber concurrido a charlas políticas'.

Uno de los testimonios más esperados en el juicio fue el de la ciudadana Mirta Susana Masid, quien aseguró haber estado en pareja con un integrante de la CNU -ya fallecido, de identidad Carlos González. A fin de cuentas, su declaración estuvo a tono con la expectativa que previamente habían generado sus palabras. Declaró: 'Los hechos violentos comenzaron luego del asesinato de Piantoni' (...) 'Ernesto no los dejaba desviarse, ya que era una persona pacífica'. Para completar luego que 'La violencia era de todos lados; también de izquierda'. Poniendo como ejemplo los explosivos que fueran detonados en el domicilio de uno de los imputados, el abogado José Luis Granel, y en el local de la CNU de la calle Yrigoyen. Adicionalmente, Masid perjuró haber oído a la viuda de Piantoni exigir venganza por la muerte de su marido y que su pareja Carlos González le anticipó en una boda que un amigo suyo de la secundaria (y militante del peronismo revolucionario), Daniel Gasparri, estaba llamado a 'ser boleta'. A los pocos días, Gasparri apareció muerto en un automóvil de uso particular, a tres cuadras de Edison y Mario Bravo.

Al cierre, Masid declaró sentirse 'maltratada' en oportunidad de su primera declaración, al ser interrogada por el Dr. César Sivo, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). En una declaración por demás perturbadora, Masid arrojó luz sobre el comportamiento de Sivo: 'Me gritaba, quería que diera nombres y me sentí presionada', dijo. Luego, alegó padecer numerosas presiones de parte del programa de protección a testigos, y que el Juez Subrogante Rodolfo Pradas quería ser ratificado en su cargo, necesitando la declaración de ella para consolidar ese nombramiento. Por otra parte, la testigo reconoció haber mantenido una reunión con el Fiscal Adler, en el Club Náutico, a pedido de Susana Salerno, presidenta del club social -quien en su momento fuera novia del referido Gasparri. Masid recuerda que, en ocasión del encuentro, se sintió 'intimidada' por Adler, añadiendo que el Fiscal (que fuera Presidente del jury de enjuiciamiento contra José María Campagnoli) la amenazó con la posibilidad de formularle cargos por falso testimonio, y que podía terminar en prisión. Ante la gravedad de estos dichos, uno de los letrados defensores apunta: 'Los hechos relatados por la testigo Masid, que comprometen a integrantes del Poder Judicial de Mar del Plata, fueron ocultados en una evidente autocensura de prensa por el único medio gráfico que queda en la ciudad, el diario La Capital'.

Acaso sin proponérselo, el kirchnerismo sentó las bases un debate ineludible para la sociedad argentina, a raíz de la cuestionable política oficial sobre derechos humanos en los últimos doce años. Lo propio sucedería con una extendida serie de su agenda política, loables desde su planteo inicial pero sumamente cuestionables en su aplicación. Tras la caída del telón, analistas políticos y opinión pública terminarían coincidiendo en que las verdaderas intenciones eran otras, deslegitimándose el debate. Acaso los juicios por la verdad no sean la excepción, en tanto se pruebe el cúmulo de irregularidades de procedimiento, y no se refute el poco disimulado maniqueísmo que se nutría desde la Casa Rosada. El fiel de la balanza empleado para definir a quiénes indemnizar y a quiénes no, en el caso del ataque contra el regimiento de Formosa en 1975, se muestra como valioso punto de partida para la valoración.  

A fuer de dotar de verdadero sentido a la justicia, la República Argentina continúa debiéndose un debate sincero sobre la violencia política que coloreó gran parte de su historia reciente.