Paralelismos, tras la victoria del NO en Colombia: la Argentina y las FARC

En rigor, la Argentina no era ajena a lo que sucediera en Colombia y al plebiscito llevado a cabo el próximo-pasado domingo para apoyar o rechazar el promocionado 'Acuerdo de Paz' con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas). Las noticias previas al desarrollo de la consulta popular cubrieron -con mucha fortuna- apenas una pequeña porción de la agenda en los principales medios de comunicación argentinos.

El ciudadano colombiano y Abogado Fernando Vargas, co-fundador del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, explicitó ante distintos canales latinoamericanos las críticas más firmes al convenio que rechazara la ciudadanía en su país. Los puntos obscuros merodearon las concesiones hechas por parte de la Administración Santos al grupo guerrillero, entre ellas, las millones de hectáreas para explotación y el número de bancas en el palacio legislativo. Asimismo, el letrado hizo hincapié en la eventualidad de que, detrás del Acuerdo, se ocultaba un monumental negocio multinacional -en donde el tráfico de drogas se proponía como actor central. Conforme es conocido internacionalmente -y mediando la pérdida de margen de maniobra de los otrora grandes cárteles de la droga en la República de Colombia-, las FARC transitaron desde su proposición como guerrilla rural a un espectro de proyección transnacional en el comercio y contrabando de estupefacientes. En efecto, sus integrantes son calificados por organizaciones del globo como 'narcoterroristas', factor que, a la postre, les ha proporcionado ingresos multimillonarios en dólares estadounidenses.

Un eje poco explorado en la Argentina deriva de la grosera contradicción existente entre aquellos que apoyaron decididamente el Acuerdo. Personalidades variopintas del mundo de la cultura, la política y el derecho -pretendidamente en nombre de la paz- pisotearon lo que ellos mismos habían propugnado en su propio país, esto es, el fogoneo de los juicios por delitos de lesa humanidad contra más de un centenar de militares y funcionarios judiciales que revistieron funciones durante la dictadura entre 1976 y 1983. La tipificación de 'lesa humanidad' (crímenes contra la Humanidad o crímenes de guerra, en conformidad con la legislación internacional) portan la particularidad de ser de naturaleza imprescriptible. Sin embargo, y al manifestarse por el apoyo al Acuerdo en Colombia, quedaron expuestos: no aplicaron idéntica vara al momento de evaluar la actuación perpetrada por los guerrilleros colombianos desde 1964, año de su surgimiento.

Los aberrantes actos contra el Estado y la integridad humana que el propio seno de Naciones Unidas ha endilgado a las FARC remiten a violencia sexual contra mujeres y niñas, desapariciones forzadas, secuestros de civiles, trato inhumano a rehenes, abortos forzados, ejecuciones, y asesinatos. Sólo entre 1980 y 2012, el grupo guerrillero ejecutó más de 240 masacres (que arrojaron un saldo de 1.400 víctimas), destruyendo doscientos núcleos urbanos y suburbanos en el proceso -al tiempo que se dieron a la expropiación violenta de miles de fincas, cuyos titulares fueron ejecutados de manera 'sumaria'. Amén de cuestiones formales que versan sobre la letra del Acuerdo, los líderes que se pusieron al frente de la campaña por el NO, como el ex presidente Álvaro Uribe (quien abandonó el poder en su país con márgenes de popularidad cercanos al 70%) o el ya mencionado Abogado Vargas, advirtieron oportunamente que el conjunto de los delitos perpetrados por FARC serían condonados, sin más.

Nuevamente, los simpatizantes argentinos de la postura por el SI deberían tener a bien ser consecuentes con las posiciones que supieron defender en el orden local. Llamativamente -o no-, las ejecuciones y atentados acometidos por células de objetivación terrorista como Montoneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) fueron enterrados en las arenas del olvido -por obra de la ironía, idéntico objetivo que se perseguía en Colombia con el accionar de FARC.

El jurista Ignacio Guillermo Livy, en su tratado sobre 'Derecho Penal', se refiere al rol del Derecho Internacional Humanitario que, por definición, entiende sobre 'un cuerpo de normas internacionales de origen convencional y consuetudinario, específicamente a ser aplicado en los conflictos armados internacionales o no internacionales y que limita, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra. El fenómeno del terrorismo, en tanto es un método de combate ilegal, debe ser al menos alcanzado por este Derecho'. Advierte Livy que, 'si sólo se le exige al Estado el cumplimiento de las obligaciones que emanan del Derecho Humanitario, y no a aquellos que combaten al Estado, se estaría ante un profundo desequilibrio del sistema'. Desvarío que, retórica mediante, se registra en la República Argentina -tal como, se dijo, se pretendió instalar en la discusión colombiana.

Consumado el traspié de los acuerdistas en la nación caribeña, el manto de neblina comienza a despejarse en el ámbito rioplatense. El escritor y dirigente radical Álvaro de Lamadrid, quien residiera durante años en la localidad sureña de El Calafate, acaba de publicar un libro, intitulado 'La Década Enterrada' -la referencia al kirchnerismo es obvia, en tanto los detalles escenifican las sospechas de fondos negros ocultos bajo tierra por orden de la familia Kirchner. Lamadrid pone en evidencia que el modus operandi de enterrar dinero tiene su origen, precisamente, en las FARC. Pero va más allá: acusa lisa y llanamente a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de ser representantes de la narcoguerrilla colombiana en la Argentina. Explicita, en modo textual, que la organización guerrillera otorgó a la familia de la ex presidente y su difunto esposo una 'franquicia, llave en mano', garantizándose zonas liberadas y permitiendo la instalación de encumbrados narcotraficantes en La Matanza (Provincia de Buenos Aires), Rosario (Provincia de Santa Fe) y distritos bien identificados del Norte del país. De tal suerte que ingentes toneladas métricas de, por ejemplo, cocaína, comenzaron a ser exportadas hacia Europa por vía del continente africano. La Venezuela de Hugo Chávez también era engranaje crítico de este esquema.

Naturalmente, los procedimientos descriptos con valiosa precisión por Lamadrid no deberían desmerecerse: las FARC cuentan con una caja multimillonaria y están en posición idónea para comprar y/o alquilar voluntades, toda vez que ello sea necesario para dotar de mayor alcance a su proyección. Lamadrid incluso se esmera en puntualizar un perturbador prolegómeno, que relata cómo, en 2003, un alto jefe de las FARC prestó especial atención al modo en que Néstor Kirchner evaporó del país los comentados fondos del Banco de Santa Cruz. En semejante contexto, muchos observadores citan aquel subcapítulo de 2007, cuando el difunto ex mandatario argentino partió a la espesura colombiana para -según promocionaron los canales oficiales- negociar la libertad de Ingrid Betancourt. ¿A qué fue Néstor Carlos Kirchner realmente?

Datos complementarios: entre 2001 y 2010, el decomiso de cocaína de alta pureza se disparó en un 800% en nuestro país, además de ser la nación sudamericana donde más laboratorios de drogas ilícitas terminarían descubriéndose. Entre 2003 y 2008, la cifra de causas judiciales vinculadas al tráfico de sustancias peligrosas se duplicó. Y las tasas de homicidios se situaron en la estratósfera: la ciudad de Rosario, con más de una veintena de homicidios por cada cien mil habitantes, supera con creces a las mismísimas Bogotá (14)  y México DF (13).  Ya en noviembre de 2014, el periodista Jorge Fernández Díaz reveló que, en 2013, se llevó a cabo una silenciosa cumbre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de ella, tomaron parte los cabecillas de las dos organizaciones de narcotraficantes más importantes de Medellín. La execrable reunión fue en su momento denunciada por el senador colombiano José Navarro Wolff. A la luz de los padecimientos de la ciudadanía argentina, valdría la pena subrayar que el avance del tráfico de estupefacientes en territorio nacional es el tema candente que ni la dirigencia política, ni el sistema de administración de justicia, ni las fuerzas de seguridad -empleadas de la primera- se esmeran en detener.  

Eduardo Soares es un ex montonero que tiene por costumbre respaldar hasta la recalcitrancia el accionar y la 'lucha política' de las FARC. De hecho, supo militar en las filas del ejército narcoterrorista. En ocasión de cumplirse cuarenta años de la creación de la guerrilla, se celebró en Buenos Aires un acto conmemorativo donde, además de Soares, también tomó parte Madres de Plaza de Mayo. Corría el año 2004, y Néstor Kirchner ya se había afirmado en la Presidencia de la Nación. Fue, precisamente, este ex elemento de Montoneros uno de los principales denunciantes de Gustavo Demarchi, el ex Fiscal de Mar del Plata -acusado y detenido por delitos de lesa humanidad, bajo acusaciones de liderar una organización peronista vinculada a la derecha en el año 1975. Entendidos en la materia que residen en la ciudad de Mar del Plata no dejan de apuntar que el proceso judicial es abundante en vicios. Lo propio sindican sobre la causa interpuesta contra el magistrado Pedro Hooft y contra funcionarios judiciales de la Provincia de Mendoza. El abogado Juan Day no duda, y afirma: 'Eugenio Zaffaroni y León Arslanian tienen cientos de hábeas corpus rechazados en aquella época, y sin embargo, no fueron enjuiciados por ello'. De vuelta al inicio: los citados juristas expresaron su contundente apoyo por el acuerdo con la guerrilla en Colombia. 

Retornando a la tierra de García Márquez, múltiples informes dan cuenta de que las FARC están tratando de desconocer los resultados del plebiscito con formalismos, alegando que el mismo no tiene efectos jurídicos. A su vez, el Presidente Juan Manuel Santos es hoy percibido por la ciudadanía como carente de reacción y políticamente golpeado: estudios de opinión sitúan su margen de popularidad en un magro 13%. Para peor, Santos se muestra hoy decididamente eclipsado por la figura agigantada de su ex aliado político Uribe (ahora, su némesis).