Argentina: jugueteando a la vera del precipicio

El intrascendente debate que se llevara casi toda la semana política, respecto a si acaso la eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones beneficiaría o no al gobierno, explicita cabalmente la mediocre realidad argentina. Allí, la Administración Cambiemos se decidió a jugar con fuego.

 

La presencia -o no- de la ex jefe de Estado en los comicios legislativos por venir no es, en rigor, lo relevante. Lo que verdaderamente debería interesar a la sociedad y a sus dirigentes brilla por su ausencia en la discusión pública. La gestión Macri, acaso por pereza, incompetencia o haciendo honores a alguna estratagema clandestina, aún no ha aplicado cirugía mayor allí donde debió hacerlo. 

 

Organismos oficiales estratégicos continúan atiborrados de dirigentes de 'La Cámpora', en sus segundas y terceras líneas. La necesaria quita de subsidios se implementó a ciegas; falló ahí la comunicación, especialmente en el reciente subcapítulo del recorte a las pensiones por discapacidad. Será difícil soslayar que abunda clientelismo a la hora de gestionar los cobros de dicha pensión pero, a todas luces, el núcleo del déficit fiscal no pasa por allí. De manera innecesaria y complaciente, el oficialismo le escribe a la oposición el libreto de la crítica. Para agregar al cuadro, hace cuestión de horas, elementos de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), a punto estuvieron de agredir físicamente al Ministro de Justicia, Germán Garavano, en la ex ESMA ('Espacio de la Memoria').

De cara al próximo 20 de junio -feriado nacional-, se ha anunciado una marcha ciudadana, programada para las 15:00 horas en la explanada de los tribunales de Comodoro Py, a los efectos de reclamar justicia. Con la deshonrosa excepción del renunciado Norberto Oyarbide, inexplicablemente, los once jueces federales que revisten funciones en ese edificio son los mismos que ocupaban su cargo el 9 de diciembre de 2015, último día de Cristina Kirchner en Balcarce 50. La Administración Cambiemos tampoco ha podido suspender al camarista Eduardo Freiler en el Consejo de la Magistratura, aún teniéndolo todo a favor. Las causas por corrupción no avanzan; sólo giran sobre su propio eje. Algunos -bien informados- le atribuyen esta estrategia al propio gobierno de Macri, que ha preferido respaldarse en la irrisoria especulación política de mantener a Cristina vigente en la puja electoral. Semejante iniciativa no podría sino describirse como mediocre de principio a fin, aún cuando pudiere rendir algunos frutos en octubre. En cualesquiera de los casos, el día después de las legislativas, habrá de comenzar otra historia: será tarde para argumentos y excusas gradualistas.

 

Conforme ya se explicitara previamente desde este espacio, de los cuatro fiscales federales de Mar del Plata, tres pertenecen a Justicia Legítima: se trata de Daniel Adler, Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik. Los dos primeros fueron denunciados oportunamente por el juez federal Alfredo López, bajo el cargo de obstruir la investigación que versaba sobre agresiones padecidas por el Presidente Macri y la Gobernadora María Eugenia Vidal en la ciudad balnearia, en 2016. La raíz del problema remite a la evidente incapacidad de Cambiemos a la hora de remover a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, aliada estratégica de Cristina Kirchner. Podría decirse que no ha podido -o que no ha querido. 

 

'No controlan los verdaderos resortes del poder', refiere con contundencia un hombre con excelente llegada a los gobiernos bonaerense y nacional. La operación de inteligencia que golpeara a la legisladora Elisa Carrió en la vecina República del Paraguay se replicaría luego en el país contra dirigentes políticos y judiciales. En todos los casos, la lacónica respuesta desde la cúpula de AFI (en la práctica, Silvia Majdalani) fue siempre: 'Nosotros no fuimos'. Entonces, ¿quién fue?

 

La candidatura de la Señora Cristina Fernández podría ser legal, pero su idoneidad se exhibe desbordada por cuestionamientos -poco interesa si existen muchos dispuestos a votarla. Las nutridas denuncias por corrupción que recaen sobre su persona ya a nadie sorprenden. Pero la ausencia de respuestas políticas y judiciales de cara a la corrupción ya merodea lo intolerable -delicado panorama al que se agrega la reacción violenta de vecinos contra comisarías, cuando no aquellos no intentan linchar a delincuentes sorprendidos in fraganti. Una ciudadanía enojada comporta peligros de alcance incalculable; pero nadie parece prestar atención.

Acaso el Gobierno Nacional deba potenciar su empatía, y comprender que en estos pocos renglones se juega la fortuna del país -no ya de un espectro político.