Argentina tras las PASO: la Justicia y el Caso Freiler

El resultado favorable que cosechara el gobierno en las recientes PASO -que habrán de ser ratificados en la elección real de octubre-, amén de contribuir a la eventual configuración de un nuevo mapa político, también prefiguran un nuevo escenario en el ámbito judicial. No sólo en la justicia federal de Comodoro Py, sino también en el Ministerio Público Fiscal aún a cargo de Alejandra Gils Carbó. La reciente suspensión del camarista Eduardo Freiler está llamada a ser un indicador en tal sentido.

 

Jugando al límite del reglamento, la maniobra oficialista en el Consejo de la Magistratura expuso casi con crudeza las novedosas reglas de juego. Tras conocerse la victoria de Cambiemos en las primarias, uno de los enigmas a dilucidar era conocer la reacción de la corporación judicial, a la que se le endilga una aproximación un tanto permeable al lidiar con el poder político de turno. En este punto, las versiones eran contradictorias. Si bien en los últimos días se conoció que las audiencias del juicio oral al ex ministro Julio De Vido por la tragedia de Once darán inicio el próximo 27 de septiembre, casi un mes antes de las elecciones de octubre, en tanto los procesos contra Amado Boudou parecen acelerarse, un reconocido magistrado federal de Mar del Plata -de buen diálogo con algunos de sus colegas de Comodoro Py- aseveró a este medio que el resultado electoral 'no tiene mayor relevancia. No tuvo impacto. No mueve ni preocupa a nadie. En todo caso, están expectantes a lo que pase en octubre'. Acaso el gobierno del Presidente Macri tomó debida nota de este escenario, más allá de que una fuente del propio Consejo de la Magistratura, tras ser consultado, compartió: 'En un principio, irán contra jueces menos conocidos. Los de más renombre, no creo que los toquen'. Sin embargo, se multiplican las opiniones en contrario, a saber, que el jefe de Estado exigirá el ir por la cabeza todos los jueces cuestionados. Y que, aunque lleve su tiempo, la Administración se atendrá a su prerrogativa de neutralizar en su totalidad al espectro 'Justicia Legítima'. 

 

En un sinnúmero de oportunidades, la opinión pública y los analistas políticos la emprendieron contra Mauricio Macri, por mostrarse híbrido e indolente a la hora de lidiar con cuestiones sensibles, como la necesidad de remover de su cargo a la Procuradora Gils Carbó, o por no verbalizar señales claras a los jueces federales al respecto de la necesidad de avanzar a fondo en las causas de corruptela que involucran a la ex presidente Cristina Kirchner y a algunos de sus ex funcionarios más prominentes. Se llegó a exigir que Cambiemos apelase a los recursos poco ortodoxos de los que echara mano el kirchnerismo, toda vez que buscaba imponer su agenda. Quizás aquí se haya ensayado una jugada de manual, esto es, permitir que CFK participe de las PASO, esmerilarla en su propio territorio, darle argumentos como el del extraño escrutinio del Correo para exponerla en toda su enajenación y, finalmente, ir contra ella. Y, dada la falta de reacción de los jueces, la suspensión de Eduardo Freiler habría hecho el resto.  

 

Provisto que el proceder del elemento de Cambiemos en el Consejo se ajustó, aunque con ciertos límites, a reglamento, la oposición ha comenzado a plantear una serie de interrogantes: ¿resulta legítima la decisión de tratar el caso aún antes de la jura por parte de la Corte del nuevo integrante del Consejo, Mario Páis, quien ya había sido designado para reemplazar a Ruperto Godoy? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de la demora en la ceremonia de jura por parte de Ricardo Lorenzetti? ¿Hasta qué punto contribuyó a esta resolución el holgado porcentual que registrara Elisa Carrió en los comicios del domingo? Al cierre, una pregunta casi existencial: ¿es posible gobernar a la república de otra manera?

Eduardo Freiler no ha podido justificar siquiera un saldo negativo en sus declaraciones juradas de AR$16 millones, entre 2012 y 2016. Adicionalmente, se lo ha acusado formalmente de haber financiado la compra de un lujoso automóvil con cheques de una empresa propiedad de Raúl 'El Tarta' Mingini, recordado por la justicia marplatense por integrar en su juventud una banda dedicada a la comisión de una miríada de delitos. Mingini fue beneficiado por un fallo de Freiler que, en su oportunidad, le permitió convertirse en titular de un puñado de terrenos en cercanías de la localidad bonaerense de Balcarce, que habría sido propiedad del Cártel de Juárez. En el complemento, las actuaciones de Freiler merecen, cuanto menos, una investigación profunda. En junio pasado, el ahora suspendido camarista había sido rescatado por el voto del consejero Jorge Candis, íntimo del kirchnerismo. Aquella decisión fue cuestionada, a raíz de la fuerte presión a la que habría sido sometido el representante de los académicos. Será útil recordar que los colegas de Freiler no habían hecho demasiado para que el gobierno tuviera éxito en el Consejo. A fin de cuentas, si lograban removerlo, luego podría plantearse el ir por cualquiera de ellos. Demasiado tarde: hay -irónicamente- cosa juzgada. 

 

La parsimonia judicial no sólo se vincula con causas más sensibles. Abarca también a casos de menor impacto, pero no menos graves. El Fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Dr. Juan Manuel Pettigiani, presentó recientemente tres denuncias de trascendencia, a saber, por la instalación de inadecuados durmientes de hormigón en el tramo ferroviario que une la ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata, que involucraría a importantes ex funcionarios kirchneristas. Otra, versus un matrimonio marplatense que sería testaferro de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner; y una tercera, a partir de la contratación irregular de un inmueble por parte del Ministerio Público Fiscal, que se dedicaría al funcionamiento de las fiscalías federales en la ciudad balnearia. Las tres presentaciones fueron radicadas ante la justicia federal de Comodoro Py. Todas ellas, en palabras del propio Pettigiani, 'duermen el sueño de los justos'.   

 

Con toda probabilidad, la cuestión no pase estrictamente por un cambio de nombres sino, antes bien, por una reformulación del sistema judicial y su funcionamiento. El affaire brasileño del Lava Jato fue posible porque, en la nación vecina, la administración de justicia no se caracteriza por una centralización extrema, como en el caso argentino. Ese formato dio lugar a que un magistrado distrital, Sérgio Moro, del estado de Curitiba, pudiera iniciar las actuaciones, producto de las investigaciones que había llevado a cabo un circuito de fiscales. En la República Argentina, las causas más notorias de corrupción o defraudación pública -que involucran a funcionarios nacionales- deben franquear sí o sí los pasillos de Comodoro Py, espacio físico en donde apenas doce magistrados deciden la fortuna de los expedientes. Invariablemente, esa concentración de las resoluciones en pocas manos nutre un subsistema viciado, que otorga elevadas cuotas de poder a esos magistrados. Una eventual solución para el entuerto pudiera cobrar empuje a partir de la siempre postergada reforma da del Código Procesal Penal, que descentralice los procedimientos para que los fiscales puedan instruir sobre las causas -lo cual equivaldría a que éstos podrían encausar las investigaciones, que hoy se paralizan en manos de determinados jueces. No obstante, una fuente inobjetable en la familia judicial apunta al respecto: 'El Decreto está a la firma de Macri. Pero, hasta que no se vaya Gils Carbó, no lo va a firmar'. Así las cosas, otro objetivo de la Gestión Cambiemos queda a tiro de la intuición: remover a la Procuradora General, una vez que la ciudadanía refrende su agenda en las urnas en octubre.

 

Freiler ha sido suspendido por ciento ochenta días, hasta tanto se defina su eventual y casi segura remoción como camarista. En abril de 2016, el analista Carlos Pagni compartió, en su espacio en La Nación, una sentencia elocuente: 'El estado de la justicia es una amenaza para Macri. El problema de la corrupción y la impunidad están en el origen de su poder'. La sentencia ganó certificación, en este domingo de primarias. Más importante aún: el propio Presidente parece haberla asimilado.