Mar del Plata: Nueva denuncia contra Alejandra Gils Carbó

Alejandra Gils Carbó continúa acopiando problemas. Además de su flamante procesamiento por irregularidades en la adquisición de un edificio para la Procuración, y por el reciente fallo de la justicia en lo contencioso administrativo que avala su remoción en el cargo sin necesidad de juicio político, la titular del Ministerio Público fue denunciada nuevamente por un subalterno suyo, por destrato y discriminación.  

 

Tal como lo hiciera su colega Carlos Ernst, el Fiscal Federal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó una nueva denuncia penal contra la Procuradora por incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación motivada en razones de índole política. La misma fue presentada por ante el Juzgado Federal 1 de los Tribunales de Comodoro Py a cargo de la jueza María Romilda Servini. El Dr. Ernst la había denunciado por "tratos desaprensivos" y por el traslado de una Fiscalía General (ver bit.ly/2iwgjHR y bit.ly/2z5waEa).

 

En su denuncia, Pettigiani refiere que “este estado de cosas fue arbitrariamente provocado por la Sra. Procuradora General de la Nación en una clara política de persecución que algunos Magistrados del Ministerio Público hemos venido sufriendo desde hace ya largo tiempo. Es una estrategia particularmente diseñada para aquellos que no se encuentran alineados a su impronta política”. Y agrega: “Es la conclusión que se obtiene de observar el derrotero seguido durante este año, no sólo con infructuosos pedidos de entrevista que formulé, sino además con las diversas solicitudes de asignación de personal que realicé a través de distintas oficinas”. De manera taxativa, asegura que este destrato afecta el servicio de justicia.

 

En Mar del Plata funcionan cuatro Fiscalías Federales. Además de las dos de instrucción, existen dos generales: la ya mencionada a cargo del Dr. Pettigiani, y la Fiscalía ante la Cámara Federal de Apelaciones presidida por Daniel Adler. Mientras que esta última funciona con diez empleados, además de contar con un contador, una criminóloga, y hasta una periodista, la Fiscalía del denunciante lo hace sólo con tres personas, entre los que se encuentra el propio letrado. La disparidad de recursos entre ambas dependencias es evidente. No conforme con ello, resulta notorio el permanente ingreso de personal para ampliar la planta o cubrir vacantes en las fiscalías de primera instancia. Tal vez aquello tenga su explicación: quienes las presiden son Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik, reconocidos miembros de Justicia Legítima, cuyo titular en la ciudad balnearia es, justamente, Daniel Adler. Pese al abundante plantel del que disponen, Mazzaferri y Czizik han mostrado cierta morosidad en la investigación del grosero ataque a pedradas contra el Presidente Mauricio Macri y la Gobernadora María Eugenia Vidal ocurrido en el barrio Belisario Roldán.    

 

Si bien la plantilla original de la Fiscalía ante el TOF preveía cuatro empleados, en 2015 se jubiló el ordenanza designado y en estos dos años el MPF jamás lo reemplazó. Por otra parte, en julio de 2017, quien oficiaba como secretario solicitó una licencia médica y al reincorporarse en los últimos días, le fue asignada otra tarea fuera de la Fiscalía. Luego de haber agotado los caminos administrativos disponibles para subsanar estos problemas, Pettigiani afirma que “me veo motivado a realizar la presente denuncia penal a fin de garantizar el buen desempeño de esta dependencia y ofrecer a la sociedad una administración de justicia acorde a la Constitución”.  

 

El 12 de septiembre último, estos hechos fueron expuestos ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación -presidida por la Dra. Graciela Caamaño. Allí, el Fiscal solicitaba su urgente intervención habida cuenta de la falta de actuación de Gils Carbó. Y también hizo mención a un asunto tanto o más delicado: Pettigiani fue desplazado de su natural oficina dentro del Tribunal Oral, teniendo que entrevistarse con los imputados y los defensores en los pasillos. El propio letrado califica su ámbito de trabajo como un “infierno”. En dicha oficina, ahora funciona una Unidad de Derechos Humanos. 

 

Vale recordar que el Dr. Pettigiani ya había denunciado que el Ministerio Público suscribió un contrato de alquiler para su funcionamiento en Mar del Plata con una sociedad sospechosa por un inmueble que aún no había sido construido (ver http://www.elojodigital.com/contenido/16422-mar-del-plata-denuncia-contra-alejandra-gils-carb-por-otro-inmueble). Además, el 27 de marzo de 2013 presentó una denuncia penal contra el gobierno de Cristina Kirchner por presunta violación a la Ley 19359, llamada de Régimen Penal Cambiario, a partir de un artículo del periodista Carlos Pagni publicado en el diario “La Nación”, donde se hacía mención a presuntas maniobras cambiarias clandestinas promovidas por el propio Estado a partir de la vigencia del “cepo” al dólar. Para aquellos que sospechen que las razones discriminatorias de Gils Carbó en perjuicio del Dr.Pettigiani tengan que ver con aquello, habría que oponer un precepto de la Carta Orgánica del MPF, que dice que éste “debe ejercer sus funciones con autonomía funcional, sin sujeción o instrucción o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura”. 

 

La presentación del Fiscal se apoya en distintos preceptos legales. Por una parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define que los actos discriminatorios constituyen un modo de violencia laboral, siendo una de las principales fuentes de inequidad, discriminación, estigmatización y conflicto laboral. Por su parte, la ley 23.592, que trata sobre la penalización de dichos actos, en su artículo 1 establece que “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio y reparar el daño ocasionado”. 

 

Las distintas solicitudes remitidas a Alejandra Gils Carbó por parte de Juan Manuel Pettigiani, correspondientes a 2016, datan del 24 y 26 de mayo, y 29 de junio. Y del corriente año, del mes de febrero, del 28 de julio, y del 4 de octubre. La única respuesta obtenida fue de parte de un empleado de la Procuración, Dr. Javier Fernández, quien alegó una y otra vez que no podía "ubicar" a la Procuradora. El art. 33 de la Ley Orgánica del MPF dice que es función de su titular “responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio”. Hasta el propio Ricardo Sáenz, Fiscal ante la Cámara Nacional de la Capital, ha sufrido el ninguneo de la Procuradora: “Pidas lo que pidas, mandes la nota que mandes, a mi no me va a contestar”, explicó.  

 

En una entrevista concedida al matutino filokirchnerista Página 12 el 11 de julio último, Gils Carbó explicitó: “Imagínese si se suma una destitución de Macri por decreto al mejor estilo del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. ¿Usted piensa que yo voy a dejar a los fiscales sin el respaldo que hoy tienen para investigar todas las causas?”. 

 

En este contexto, convendría mejor citar al brasilero Paulo Galvao, representante del Ministerio Público Federal e integrante del equipo de trabajo de la operación anticorrupción. Refiriéndose al llamado Lava Jato, consignó: “Para lograr desenmascarar las entrañas de las relaciones promiscuas entre Estado, políticos y empresarios, fue necesario un trabajo articulado entre muchos Procuradores de Brasil”.