Corrupción K, atisbos de plan criminal a escala

El 1 de agosto de 2016, se recibió una denuncia en el correo electrónico de la Fiscalía 9 en lo Criminal y Correccional de Comodoro Py, a cargo de Guillermo Marijuán. Su texto se exhibió tan contundente como revelador. Allí se describía -sin mayor vuelta- los pormenores de un plan criminal diseñado desde el kirchnerismo, con el claro propósito de cometer y encubrir actos de corrupción desde el Estado Nacional. Para tal fin, habría sido indispensable la cooptación de organismos críticos en la estructura estatal, en especial el Ministerio Público Fiscal y la AFIP.

 

Rezaba el escrito recibido: 'Se diseñó un plan criminal común, que incluye a buena parte de los ex funcionarios kirchneristas, bajo la figura de una Asociación Ilícita (Artículo 210, C.P.) en la que prima el designio común de garantizar el encubrimiento (Art. 277 CP) de todos los delitos cometidos por los distintos agentes del Estado'. Tajante, el texto proseguía, afirmando que dicho plan 'debe analizarse en el contexto de la estructura o asociación ilícita que lo incluye y que respondió a un plan criminal de impunidad y encubrimiento de matriz estatal'. 

 

Desde el rol que cumplió el Ministerio Público, a cargo de la ya renunciante Alejandra Gils Carbó, se habría contribuído a llevar a cabo el plan denunciado a partir del nombramiento de fiscales, integrantes de la agrupación judicial K Justicia Legítima. También mediante llamados a concursos directamente ilegales, designaciones irregulares, o la creación de nuevas fiscalías o unidades fiscales. Casualmente, estas últimas son ahora motivo de desacuerdos entre la Administración Macri y el justicialismo, en la discusión acerca de la nueva Ley del Ministerio Público que se pretende impulsar desde el oficialismo. 

 

Así lo explicita un referente clave en la justicia federal de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca: 'Las Procuradurías son una mentira. Se hicieron para encubrir los delitos previos. En la PROCELAC (lavado de activos) estaban Carlos Gonella y Omar Orsi, que encubrieron a Lázaro Báez. Por la PROCUVIN pasaron Abel Córdoba, Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, para proteger a Milagro Sala. Por Lesa Humanidad, pasaron Jorge Auat y Félix Crous, quienes armaban causas de derechos humanos para perseguir a jueces y fiscales que investigaban al poder. Y a cargo de la UFISEX (delitos sexuales) estaba Julio César Castro, procesado por abuso sexual y lesiones agravadas por parte de ex empleadas y por su ex pareja'.

 

El Fiscal ante el TOF de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani -cuyo enfrentamiento con Gils Carbó es de público conocimiento-, confió a este medio que, bajo la gestión de la saliente Procuradora, se hizo especial hincapié en investigar delitos de trata de personas, en desmedro de aquellos vinculados al narcotráfico. No resulta casual que en los últimos días el cuestionado Daniel Adler, Fiscal de Cámara de Mar del Plata, saliera a declarar abierta y públicamente que en la ciudad balnearia se registró la mayor cantidad de condenas por delitos de trata en todo el país.

El 12 de junio de 2013, Pettigiani realizó una presentación en la que denunciaba a Gils Carbó y a su antecesor, Esteban Righi, por dilatar una investigación que involucraba a funcionarios del gobierno del ex intendente de General Pueyrredón, el kirchnerista-vecinalista Gustavo Pulti, por el destino de casi AR$14 millones, girados por el Gobierno Nacional en el marco del 'Programa de Protección Ciudadana' -que fuera elaborado por el entonces Jefe de Gabinete, Sergio Tomás Massa. En dicha pesquisa, se detectaron numerosas irregularidades, como sobreprecios y desvíos de los fondos. La causa se inició el 12 de julio de 2010 pero, tres años después, poco se había hecho para motorizar la investigación.

Otro engranaje de magnitud en esta estructura de poder habría sido el ex titular de AFIP, Ricardo Echegaray, a quien muchos señalan de gozar de una pretendida protección política y judicial. Al día de la fecha, resulta en extremo difícil dilucidar los motivos por los cuales el ex administrador federal de impuestos no ha sido procesado (ni siquiera citado como testigo) en la Causa Ciccone, donde el ex vicepresidente Amado Boudou está siendo sometido a juicio oral, por haber aprobado un salvataje de la empresa calocográfica. Ese plan involucró un plan de pagos a doce años, comportando una irrisoria tasa del 0,5% mensual. La denuncia de referencia acusa al ex recaudador por comisión de delito de encubrimiento, señalándolo por el 'desmantelamiento o copamiento de jurisdicciones federales enteras para proteger a sujetos ligados o integrantes de la asociación ilícita indicada'. Se refiere, puntualmente, a la disolución de la Regional Bahía Blanca de AFIP en el año 2012, luego de que 'sabuesos' de la ciudad detectaran una usina de facturas apócrifas, la cual habría facilitado una millonaria evasión fiscal por parte de Austral Construcciones, firma constructora de Lázaro Báez. (ver http://www.elojodigital.com/contenido/16613-bah-blanca-el-rol-de-ricardo-echegaray-y-la-conexi-n-suris-daniel-scioli).

 

Poco después, los caminos comienzan a cruzarse. En su oportunidad, el matutino La Nación reveló que, a los efectos de confeccionar un plan de salvataje para Ciccone, se decidió convocar a Carlos Bertozzi, destacado contador del puerto de Mar del Plata, harto conocido a raíz de su informalidad y curiosa impetuosidad. Cabe consignar que dicho contador fue detenido recientemente, en el marco de una causa radicada en la provincia de Entre Ríos que investigaba la emisión de facturas irregulares, que exhibiría una destacada ramificación en Mar del Plata. En ese esquema, Bertozzi sería uno de los protagonistas centrales. A su través, los interesados en resguardar a Ciccone llegaron a Fernando Villaverde, persona de extrema confianza de Echegaray.

Amigos desde los tiempos de UPAU en Mar del Plata, brazo universitario de la ex UCeDé, Villaverde supo trabajar codo a codo con Echegaray en la función pública. Y, a pesar de que se hacía llamar 'Doctor', lo cierto es que jamás obtuvo el título oficial de abogado. 'Yo lo conozco desde los siete años. Sus padres tenían una juguetería muy conocida. Siempre fueron de clase media. De vivir en un departamento de dos ambientes en la zona de Tribunales, pasaron a vivir en Puerto Madero. [Villaverde] siempre se ofrecía como lobista; pero de poco vuelo. Era de esos tipos que pululaban por los bares cerca de la Municipalidad, ofreciendo sus servicios. Estuvo involucrado en varias causas en la ciudad, como "recuperos de IVA" en el puerto', relata a este medio un encumbrado letrado local.

 

En rigor, Villaverde se desempeñó como consultor de Ricardo Echegaray en la ya disuelta ONCAA, oportunidad en la que fue acusado de ser parte de una banda que entregaba millonarios subsidios a presuntos indigentes. A posteriori, siguiendo a su amigo, ocupó el cargo de Subdirector General de Planificación de AFIP. En 2010, fue denunciado por Francisco De Narváez, por -de acuerdo a los conceptos vertidos por el ex legislador- haberle 'armado una causa' en tiempos de la campaña electoral, el año anterior. Villaverde habría ido a ver en persona al ex juez subrogante de Mar del Plata Rodolfo Pradas, para interesarlo en la denuncia contra el ex diputado. Adicionalmente, fue denunciado junto al abogado local César Sivo, por el ciudadano Andrés Barbieri; el motivo: haber intentado involucrarlo en una causa por derechos humanos. 

 

Uno de los abogados de Echegaray es -si uno ha de prestar atención a curiosas coincidencias- César Sivo. Convenientemente, Sivo es patrocinador legal del operador Alejandro Ferrarello, acusado de ser uno de los dueños del clausurado prostíbulo 'Madaho's'. Por este asunto, el camarista Jorge Ferro afronta una denuncia ante la justicia penal y ante el Consejo de la Magistratuta, ya que se lo acusa al juez de mantener estrechos vínculos con Ferrarello (ver http://www.elojodigital.com/contenido/16405-el-magistrado-jorge-ferro-y-una-delicada-situaci-n-judicial). 

 

Finamente, las gestiones de Villaverde por Ciccone no lograron prosperar -Amado Boudou se anticipó, en compañía de sus asociados marplatenses. Como dato de color, será necesario consignar los conceptos detectados en un Decreto del año 2012, cuando la gestión municipal de Gustavo Pulti otorgó, con la merced del Concejo Deliberante, el título de 'Vecino destacado' de la ciudad al ex vicepresidente hoy en prisión: 'Por su estrecha vinculación con nuestra ciudad, visitándola en reiteradas oportunidades con el propósito de relacionarse y comprometerse con las temáticas que hacen al Partido de General Pueyrredón'. En aquella oportunidad, Diario Clarín ya había revelado al detalle las maniobras de Boudou para quedarse con la imprenta.

En la denuncia, se explicita: 'En el ámbito respectivo de actuación e influencia de cada uno de los agentes del Estado, se cometieron distintos delitos, donde ninguno actuó autónomamente del resto'.

La presentación de rigor concluye con una frase contundente, y por demás atendible: 'Todos actuaron con el conocimiento de que las otras esferas del poder en las que actuaban los otros miembros de la asociación ilícita no actuarían, tanto desde los organismos de control como desde los fiscales encargados de formular las imputaciones'.