Mantener una guerra comercial con China no hace a los intereses de Estados Unidos

El mantener una guerra comercial con la República Popular China consignaría un daño aún mayor a la economía estadounidense, de lo que podría recaudarse a partir de un esquema de tarifas y otros mecanismos de carácter proteccionista.

Este es el problema con el proceder unilateral de la Administración Trump, explicitada en la cita de la Sección 301 del Acta de Comercio de 1974, interponiendo tarifas punitivas hasta US$ 50 mil millones contra bienes originados en China. 

Esa decisión ya ha motorizado una réplica de parte de Pekín, que pone la mira contra 128 productos de origen estadounidense que van desde soya, vino y frutas varias, llegando a cañerías y etanol. Estos tributos chinos sobre las exportaciones estadounidenses, y los más altos precios de los impuestos sancionados por EE.UU. contra las importaciones, podrían comportar efectos ampliamente negativos para la economía de los Estados Unidos de América. 

Pekín ha empleado tácticas coercitivas durante mucho tiempo, en su objetivo de forzar a firmas estadounidenses a que éstas transfieran propiedad intelectual con valor de miles de millones de dólares, a manos chinas. Pero la decisión de contrarrestar tales abusos con modelos tarifarios e impuestos a las importaciones chinas, no es la manera correcta de proceder. 

Amén de penalizar a los consumidores estadounidenses, tales medidas incluso violan los compromisos de los Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (WTO). 

Mi colega en el think tank estadounidense Heritage Foundation, Riley Walters, ha aconsejado que la Administración americana y el Congreso eviten interponer restricciones comerciales de mano dura y que, en lugar de ello, tomen medidas vigorosas para proteger la propiedad intelectual, al tiempo que ha de lograrse que ella se mantenga coherente con los valores estadounidenses. 

Walters ha urgido al gobierno americano a que éste interponga reclamos ante la falta de acceso a mercados chinos, incluyendo la presentación de un caso ante la WTO, permitiendo que las firmas de los Estados Unidos mantengan una presencia en China y puedan sacar ventaja del crecimiento potencial del PBI en la nación asiática.

Por su parte, mi colega y experta en políticas comerciales Tori Whiting, se pregunta si acaso la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos condujo oportunamente un análisis de costos y beneficios sobre las restricciones a las importaciones chinas, tomando como base la Sección 301. 

¿Acaso la cúpula de esa dependencia presentó al presidente Donald Trump información abarcativa sobre el impacto que tendrían semejantes restricciones, previo a que el jefe de Estado tomase la decisión de implementarlas? ¿Cuenta el presidente estadounidense con un panorama completo sobre las consecuencias potencialmente negativas que esas restricciones económicas significarían para los trabajadores estadounidenses?

Whiting cita misivas remitidas por docenas de grupos empresarios estadounidenses, advirtiendo al presidente sobre una 'reacción en cadena de consecuencias negativas', que emergerá de los tributos impuestos a China. Entre las consecuencias, se citan: costos más elevados para las firmas privadas estadounidenses y para consumidores (especialmente en el segmento de la electrónica, la indumentaria y otros productos destinados a consumidores finales); una reducción de la competitividad en el rubro manufacturas, debido a los costos artificialmente elevados que se registrarán en la importación de bienes intermedios procedentes del extranjero. 

En el mientras tanto, los grupos empresarios de referencia advirtieron que los desafíos de orden fundamental representados por las prácticas injustas y discriminatorias implementadas por China, continuarán sin ser atendidos. 

David Kreutzer, research fellow de carrera en las áreas de mercados laborales y comercio, elogió el historial de la Administración Trump en el recorte de regulaciones e impuestos. Sin embargo, observa el analista que las tarifas de la S.301 anunciadas esta semana (y otros sistemas tarifarios represivos que la Administración ha interpuesto para el acero, el aluminio, los paneles solares y máquinas lavarropas hogareñas) en realidad se incorporarán en la forma de nuevos impuestos y de una carga regulatoria más pesada para las compañías que busquen cumplir con las nuevas restricciones comerciales. A la postre, ello conducirá a la transferencia de riqueza 'desde aquel que no se encuentra políticamente posicionado, a aquellos que son políticamente influyentes', advierte Kreutzer, que el resultado coincidirá con una economía americana más débil. 

Finalmente -y quizás lo más importante-, habrá que referirse al impacto de las políticas proteccionistas de Donald Trump en la libertad económica del país. 

A lo largo de las últimas dos décadas, el Indice de Libertad Económica de la Heritage Foundation ha venido consignando que las naciones económicamente más libres -aquellas que, al igual que los Estados Unidos, han abierto sus sociedades a nuevas ideas, productos e innovaciones- han consolidado elevados estándarse de progreso social. 

Las economías planificadas centralizadamente -como la de China- no producen los resultados sociales más positivos. 

Si China ha de buscar un progreso social real, habrá de ampliar las libertades económicas -y eso significa menores barreras de ingreso a su mercado, y permitir que sus ciudadanos y firmas privadas cuenten con mayor libertad para relacionarse con el mundo, reduciéndose la intrusión gubernamental.

Artículo original, en inglés, en éste link