Paraguay: el Ministerio de Industria y Comercio, verdugo del consumidor

Desde hace cinco años, el gobierno de la República del Paraguay viene forzando -decreto mediante- a los emblemas privados a comprar gasoil de la petrolera estatal, Petropar; hecho que, además de violar el Artículo 107 de la Constitución Nacional, también explica la debilidad institucional de la que todavía padece Paraguay, tanto a nivel político como económico.  

 

Ni siquiera existe necesidad alguna de apelar a las reglas de la hermenéutica jurídica, para concluir acertadamente que un decreto se encuentra subordinado a la Constitución en el orden de prelación de las leyes. No obstante, así se procedió. Bajo la batuta de la cartera del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se puso en marcha el proyecto de convertir a la estatal Petropar en una empresa rentable con dinero privado e, igualmente, en constituirse en el vocero de la propaganda oficial.

 

Semejante arremetida -bien propia de los países con gobiernos populistas- está mutiplicando, por estos días, las críticas del sector privado que, luego del anuncio por parte del MIC de liberar el precio del combustible, provocará daño a los que estaban comprando en contra de su decisión y al público consumidor. Por su parte, Petropar seguirá ofreciendo precios distorsionados, violando las reglas de la sana competencia de la economía de mercado.

 

Liberado el precio, el gasoil se volverá más oneroso para el público y el sector privado será visto como el malo de la película. Tienen razón los dueños de los emblemas privados al criticar la decisión gubernamental, conforme les provocará perjuicios a ellos y a los consumidores. Petropar continúa siendo un competidor desleal, dada la fijación de precios políticos.

 

La realidad es que el malo y verdugo de los consumidores es el propio gobierno y, a la cabeza, se encuentra su ejecutor más temible, el MIC. Pero el daño mayor ya había sido provocado antes, en ocasión de la compra coercitiva del combustible por parte de las empresas privadas a Petropar, establecida por decreto, que hizo del sector privado el mayor financista de su propia competidora, Petropar, lo que le permitió a la proveedora estatal constituir decenas de estaciones de servicio en todo el país.

 

Petropar, habida cuenta de su ingreso al mercado de los combustibles, provoca una distorsión de precios, debido a que se encuentra en plena capacidad para comprar y vender sin consideración alguna con la realidad de sus balances y costos financieros. Y lo hace porque esta "empresa" es dirigida por personas que no son titulares de la misma y tampoco responden por sus pérdidas. A la postre, se embarcan en aventuras en donde basta con diferir para el futuro los compromisos, abultando los multimillonarios pasivos y pérdidas, ...y todo con cargo para los contribuyentes.

 

Este modo de proceder desde el MIC y Petropar, lejos de ser económicamente eficiente y transparente, remite a una clásica conducta político-demagógica. Su propósito es congraciarse con el pueblo, alegando precios más baratos frente a los pretendidamente abusivos y angurrientos que caracterizarían al sector privado que -desde la óptica oficial- solo tiene como fin al lucro. De ese modo, se ha buscado generar un efecto propagandístico para favorecer al gobierno de turno.