En estos países, la libertad religiosa continúa bajo amenaza

Para una mayoría de personas en Occidente, la decisión de adoptar un nuevo credo es un tema de importancia -que suele tomarse luego de investigar las afirmaciones de personas pertenecientes a distintas religiones. Sin embargo, para muchísimos otros en el resto del mundo, este derecho individual de orden fundamental, brilla por su ausencia. Con perturbadora recurrencia, los gobiernos imponen obstáculos para impedir que sus ciudadanos se conviertan a otra religión.

En un reciente evento sobre políticas públicas, llevado a cabo en Capitol Hill (en Washington, D.C.), Balakrishnan Baskaran, quien sirve como consultor legal para la firma ADF International, compartió puntos de vista y perspectivas sobre los obstáculos a los que deben hacer frente las minorías religiosas en su India natal. Su familia se convirtió del hinduísmo al cristianismo. Tal decisión terminará convirtiéndose en ilegal, si acaso el partido nacionalista hindú BJP se sale con la suya. Ocho estados en la República de la India ya cuentan con leyes anticonversión en vigor, incluyendo a dos estados que las adoptaron el pasado año. Risiblemente dadas en llamar actas de 'Libertad de Religión', sus considerandos buscan impedir que los hindúes se conviertan ya fuere al cristianismo o al Islam. El propósito es prohibir tales conversiones respaldándose en el empleo de la fuerza, el fraude o la inducción, pero lo cierto es que estas terminologías son vagas. En esencia, las comentadas leyes prohíben la conversión, en todos los casos en que las autoridades decidan oponerse.

Algunas leyes requieren que los ciudadanos que tengan el propósito de convertirse notifiquen a funcionarios del gobierno, mientras que otras incluso imponen la consecución de permisos -los cuales suelen no ser otorgados. Esta realidad viola abiertamente todo principio internacional de derechos humanos -esto es, que una persona puede creer en lo que elija creere, y que nadie puede forzarla a adoptar o a renunciar a un credo en particular. Los miembros de castas inferiores que deciden abandonar el hinduísmo pierden ciertos beneficios gubernamentales -lo que consigna un obvio intento por mantenerlos en su sitio. En otro aspecto que no remite a la sorpresa, si acaso alguien se propone convertirse al hinduísmo -la religión mayoritaria en India-, no existen impedimentos. Ceremonias masivas de conversión al hinduísmo tienen lugar sin consecuencias, aún cuando algunos sostienen que son forzados a tomar parte de ellas.

Los más recientes arrestos incluyen a 32 seminaristas católicos que cantaban villancicos de Navidad, a chaperones de un campamento cristiano de verano, y a un cristiano que repartía panfletos en la vía pública. Los extremistas incluso atacan a los cristianos, en momentos en que estos últimos se encuentran en iglesias o en sus hogares -bajo el pretexto de impedir conversiones fraudulentas. Abogados como Baskaran representan a cristianos que han padecido ataques, pero puede llevar años lograr que las víctimas logren hacerse acreedores de reparación alguna, si es que la reciben a la postre.

Conforme el nacionalismo religioso se ve amplificado en la región, otras naciones han aprobado leyes similares. En agosto de 2017, Nepal criminalizó las conversiones religiosas, echando mano de una provisión constitucional preexistente. Mianmar aprobó una ley contra las conversiones en 2015, como parte de un paquete de leyes que ponía la mira en las minorías, especialmente la de los rohingya (de creencia musulmana). El código penal de Bután ha prohibido las conversiones desde 2011. Nepal, por ejemplo, es una nación con una mayoría hinduista. Mianmar y Bután cuentan con mayoría de budistas. 

En rigor, es lícito subrayar que Naciones Unidas ha fracvasado a la hora de proteger a las minorías religiosas en estas naciones, a pesar de su declaración de principios, que promociona el resguardo de los derechos humanos en el orden internacional. Así, pues, los principales violadores de derechos humanos continúan siendo tolerados en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incluyéndose a Afganistán, Cuba, Egipto, Paquistán y Venezuela. Irán, mientras tanto, participaba del Consejo hasta el año pasado.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que se autoarroga depositario de los principales esfuerzos de la ONU en materia de derechos humanos, se encuentra demasiado ocupada con sus campañas de salud reproductiva. Ergo, no invierte atención alguna en temáticas que hacen a la libertad religiosa.

Pocos países han condenado la aprobación de leyes contra las conversiones a través de la Revisión Periódica Universal, mecanismo por el cual los Estados-miembro pueden presentar recomendaciones sobre otros Estados-miembro. Pero las naciones bajo revisión sencillamente 'toman nota' -rechazan, en la fraseología de Naciones Unidas- de aquellas recomendaciones que no caen en su agrado. A los efectos de consolidar un cambio, los países deberán exigir rendición de cuentas a las entidades de Naciones Unidas que tienen a su cargo la protección y el resguardo de los derechos humanos, incluyendo la opción de retener fondos de la ONU hasta tanto esta comience a priorizar la libertad religiosa, condenando efectivamente toda legislación contra las conversiones.

De otro modo, Naciones Unidas continuará con su oleada de fracasos y sin proteger a minorías religiosas en India, Nepal, Mianmar y Bután. Países que, en rigor, carecen de libertad real a la hora de que cada quien elija en qué creer.

Artículo original, en inglés, en éste link


* La autora, Megan Grizzle Fischer, se desempeña como patrocinadora legal en la firma internacional ADF International