Nicaragua: el régimen de Daniel Ortega incrementa la persecución contra la Iglesia; aumentan las manifestaciones de estudiantes

A comienzos del mes de julio, la Iglesia Católica de la Divina Piedad en Managua (Nicaragua), se encontraba bajo asedio. Durante un lapso de 15 horas, el próximo-pasado 13 de julio, paramilitares patrocinados por el gobierno abrieron fuego contra estudiantes universitarios que se manifestaban en una universidad cercana. Los estudiantes habían estado entre la primera línea de la ciudadanía que se manifestaba contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega, desde que dieron inicio en abril.

 

En aquellas quince horas, las fuerzas paramilitares de Ortega emplearon explosivos, francotiradores y ametralladoras contra los estudiantes. El pastor Raúl Zamora se ocultó, y rezó junto a los jóvenes. El clérigo de la iglesia se ocupó de resguardar a los estudiantes que habían recibido disparos de armas de fuego.

 

El choque llegó a su fin cuando representantes de la iglesia intervinieron y negociaron con los paramilitares, con el fin de poner fin al tiroteo para poder trasladar a los estudiantes heridos y, así, que éstos pudieran recibir tratamiento médico. Sin embargo, el saldo fue de dos estudiantes muertes, en tanto que docenas de ellos resultaron heridos.

 

Los paramilitares empleados en el evento y la decisión del régimen de Ortega de atacar la iglesia consignan la gravedad de la situación en Nicaragua, que ya ha escapado a todo control. El desprecio gubernamental para con la curia local se respalda en la decisión de los sacerdotes de proteger a los estudiantes que se manifestaban.

 

La Iglesia Católica, que afirma cuenta con el respaldo del 60% de los ciudadanos nicaragüenses, se ha convertido en firme defensora de los activistas -y, como resultado, ha mutado en clara enemiga de Ortega. Por estas horas, oficia de mediadora en el proceso dialoguista entre régimen y oposición, en un foro para miembros de la sociedad civil y el gobierno; con el objetivo declarado de llevar adelante conversaciones de paz.

 

Pero las conversaciones con Daniel Ortega han sido fútiles. El mandatario nicaragüense no tiene interés alguno en el desarrollo de negociaciones de buena fe, sino que solo pretende afirmarse en el poder. Los sacerdotes se han topado con escenarios de resistencia y violencia oficial. Las iglesias, capillas y otras instituciones eclesiales continúan bajo ataques en alarmante recurrencia. Públicamente, la iglesia y sus clérigos han denunciado corruptela gubernamental y han convocado al fin de la violencia.

 

Los ataques contra representantes y dignatarios católicos se han vuelto moneda corriente. A comienzos de este mes, un obispo auxiliar fue atacado por matones pro-régimen. Las amenazas de muerte también se han multiplicado.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto en marcha medidas protectivas para el Obispo Auxiliar Silvio José Báez Ortega -que no exhibe parentesco con el presidente-, a partir del incesante número de amenazas de muerte que ha recibido. Numerosos sacerdotes, entre ellos el Padre Augusto Gutiérrez, ha sido forzado a la clandestinidad, a raíz de idénticas amenazas contra su seguridad física.

 

El 19 de julio, aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega denunció públicamente a la Iglesia Católica. Su condena contra el episcopado ha puesto en mayores riesgos a los hombres del clero y a sus cercanos.

 

En los Estados Unidos de América, la Administración Trump ha respondido ante las violaciones contra la libertad religiosa y a la crisis que se ha desatado en Nicaragua. El vicepresidente estadounidense Mike Pence ofreció un discurso la pasada semana, ante el Ministerio de EE.UU. para la Promoción de la Libertad Religiosa, en la cual se refirió a la delicada situación de la nación centroamericana. Al condenar los actos de violencia y otras acciones perpetradas por el régimen de Ortega, Pence describió el escenario como una violación extrema de la libertad religiosa en ese país.

 

Asimismo, la Administración estadounidense decidió sancionar a numerosos funcionarios del gobierno sandinista, bajo el Acta Global Magnitsky, a partir de las violaciones contra los derechos humanos ordenadas por esos dirigentes. De igual manera, el Acta Magnitsky contempla la asistencia de parte de Washington a la sociedad civil de Nicaragua.

 

En un país cercado por la violencia y la inestabilidad, la Iglesia Católica de Nicaragua debería ser un espacio para el propio resguardo y para la seguridad individual. Se ha estimado que más de 400 hombres, mujeres y niños, han sido asesinados ya por el régimen de Daniel Ortega, desde el mes de abril. Otros miles han resultado heridos, y un estimado de 800 ha desaparecido -y se teme que hayan perdido la vida a manos de elementos del régimen.

Conforme las manifestaciones continúan y la situación solo tiende hacia una escalada, Ortega deberá ser tenido por responsable, a partir de sus reiteradas violaciones contra la libertad religiosa y contra los derchos humanos.

Artículo original, en inglés, en éste link