Argentina: ella no la oculta; la explica

Me gusta cuando callas
Porque estás como ausente,
Distante y dolorosa
Como si hubieras muerto.

 

Pablo Neruda

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Las confesiones de Carlos Wagner, Juan Chediak, Claudio Uberti y Ernesto Clarens han dejado en offside a todos los caraduras arrepentidos que, si bien reconocieron haber entregado fondos a los Kirchner, los atribuyeron a aportes para las campañas electorales y no, lisa y llanamente, a coimas o sobornos. Ya hemos visto, esta semana, a varios que habían arribado a acuerdos que mitigarían sus penas, volver corriendo a Comodoro Py para corregir sus declaraciones pues, de comprobarse que habían mentido, aquéllas se agravarían mucho.

Y el agregado de los dichos de nuevos choferes y hasta pilotos de avión, que describen una enorme cantidad de bolsos con dinero, a las pruebas que ya obraban en manos de Claudio Bonadio y Carlos Stornelli, ratifica que resultará imposible detener el proceso, aunque haya muchos interesados en hacerlo.

La totalidad de los empresarios presos o en libertad condicional coincidieron en atribuir esas coimas a la necesidad de proteger la fuente de trabajo y, en el caso de Paolo Rocca y Luis Betnaza, de Techint, hasta la seguridad personal de sus empleados que residían en Venezuela cuando su empresa Sidor fue confiscada por el chavismo. Ante tal unanimidad, me pregunto desde el absurdo: si en lugar de dólares les hubieran exigido asesinar, ¿hubieran actuado del mismo modo? Si la respuesta fuera negativa, implicaría que hay un límite moral insuperable, pero entonces, ¿cómo calificarían al despojo cometido sobre un país entero? Porque tengámoslo claro: todos esos sobornos no salieron de los bolsillos de estos falsos “capitanes de la industria”, que también lucraron más, sino que, transformados en enormes sobreprecios, se pagaron con impuestos y con la miseria de muchos.

Parte de la porquería cae de lleno sobre el propio edificio de Comodoro Py y la Justicia Federal Criminal y Correccional que allí se aloja, en especial sobre su menor jerarquía, los magistrados de Primera Instancia, que son los verdaderos dueños del “pasa o no pasa” de las denuncias relacionadas con la corrupción. La confesión del ex-juez Norberto Oyarbide, y los vínculos políticos y económicos que mantienen con el poder de turno sus colegas, antiguos y actuales, permiten que la sociedad se pregunte si debe someterse –con su buen nombre, su libertad y su patrimonio- a un Poder Judicial ya tan demostradamente venal.

Es cierto que sólo han transcurrido dieciocho días desde que estalló el escándalo y que ya hay un montón de imputados, detenidos o no, en la causa judicial, lo cual constituye un record absoluto, pero no está de más recordar algunos nombres que aún faltan en ella: ¿cuándo llegarán el Fiscal y el Juez a Máximo y Florencia Kirchner, Romina y Natalia Mercado, Sergio Berni, Axel Kicillof, Exequiel Espinosa, Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Daniel Cameron, Mariano Recalde, Daniel Scioli, Gildo Insfran, Fernando Espinoza, José Alperovich, Juan Manzur, Milagro Salas, Hebe Bonafini, Estela Barnes de Carlotto, Sergio Shoklender, Jorge Capitanich, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Eduardo de Pedro, Héctor Icazuriaga, Andrés Larroque, José Ottavis, los hijos de Lázaro Baéz, Hugo Moyano, Osvaldo Sanfelice, Enrique y Sebastián Ezkenazy? Todos ellos, y tantos otros cómplices del saqueo, deben dar muchas explicaciones al país.

La jefa de la asociación ilícita sigue callada frente a la Justicia, y sólo escribe definiéndose como una perseguida política, mientras el coro de fanáticos negadores de la realidad, aunque ésta se encuentre demostrada más allá de cualquier duda, utilizan un mismo argumento: toda la mugre que se destapa a cada hora es sólo un velo para ocultar la también innegablemente complicada situación económica. Sin embargo, la grosera magnitud del botín –no hay mayor en la historia del mundo, en términos tanto absolutos como relativos- es de tal tamaño que, como dice el título de esta nota, no oculta la crisis sino que la explica.

Para justificar esa penosa afirmación pensemos, por ejemplo, en el sistema previsional y en el monto de las jubilaciones, en los planes y subsidios, en las reservas del Banco Central, en el 30% de pobres, en escuelas y hospitales, en agua potable y cloacas, en tarifas de gas y de luz, en la deuda externa, en caminos y ferrocarriles, en la inflación, etc.. Si esos dineros robados o, al menos, gran parte de ellos volviera a las arcas públicas, otra sería la música con la cual estaría bailando el Gobierno y también sería otro el impacto de la crisis sobre los más desprotegidos.

Nuevamente, el peronismo multicolor y camaleónico, con la excepción de unos pocos senadores encabezados por Miguel Pichetto, un experto en cálculos, se negó a bajar al recinto el miércoles para discutir el simbólico allanamiento, con seguridad infructuoso dado el tiempo transcurrido, solicitado por el Juez de la causa sobre los domicilios de Cristina Elisabet Fernández, y la sesión se cayó. Esa posición anticipa qué sucederá cuando llegue al Honorable Aguantadero (mal llamado Congreso= de tantos delincuentes el pedido de desafuero y detención de la ex Presidente, que será librado contemporáneamente a su nuevo e inminente procesamiento.

Pero la sociedad está también atenta al trámite del proyecto de ley de extinción de dominio, a punto tal que ya se está difundiendo, a través de las redes, la convocatoria a una marcha frente al Palacio Legislativo, convocada para el día martes 21, a las 19:00 hs., para manifestar su repudio ante la demora de más de dos años que el PJ y el FR, preocupados por los efectos que la norma tendría sobre el patrimonio de muchos de sus miembros, han logrado imponer, y apoyar el desafuero de la ex Presidente.

Y no es para menos, ya que es indispensable recuperar, como dije más arriba, al menos parte de lo robado, porque sólo así la Argentina podrá salir del marasmo económico y social en que el kirchnerismo la sumergió y que Cambiemos, con ingenuidad, omitió explicar claramente en su momento. Si esa devolución a las arcas del Estado no se produjera, quienes tienen que trabajar más de seis meses por año para pagar el cúmulo de gabelas que los agobia, producirán una revolución pacífica: dejarán de pagar sus impuestos; y no sería injustificado que lo hicieran, puesto que ven diariamente con qué impudicia estos delincuentes se apropiaron de ellos.

Para buscar la ubicación de esos fondos, no debería resultar difícil contar con la colaboración de la Justicia de Estados Unidos para investigar los cientos de sociedades que, durante la década más infame de la historia, se constituyeron en Nevada, y de la SEC para bucear en los documentos que presentaron las empresas argentinas que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos, ya que éstas se cuidan muy bien de mentir en sus estados contables. Por ejemplo, y ya que está saltando la corrupción en la gestión de Mario das Neves, se podría averiguar cómo consiguió Pan American Energy/British Petroleum extender la concesión sobre Cerro Dragón.

Para terminar, felicito a la Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, por su oportuna decisión de recompensar a quien brinde datos que permitan localizar los bienes provenientes de la corrupción ya que, hasta el jueves por la noche, ya se habían presentado 500 personas dispuestas a cobrar.