Argentina: corrupción y derechos humanos

A nadie escapa que, aún siendo una proposición inaceptable, no puede conceptualizarse con idéntica gravedad al terrorismo (entendiendo por tal el uso sistemático del terror a efectos de ejercer una dominación o provocar un caos generalizado) y al terrorismo de Estado, escenario en donde se recurre a la totalidad del poder y estructuras estatales para aquellos mismos fines. Tampoco es tolerable que se utilice la misma vara para mensurar a los hechos de corrupción gubernamental como si se tratase de un episodio aislado, que la empleada para desglosar la corrupción estatal.

En conformidad con la Resolución 1/18 que versa sobre Corrupción y Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la corrupción deviene en un complejo fenómeno que perjudica a los derechos humanos en su integralidad –sean estos de orden civil, político, económico, social, cultural y ambiental-, así como el derecho al desarrollo. A la postre, debilita la gobernabilidad y a las propias instituciones democráticas. Fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho, y exacerba la desigualdad.

Tal es la situación que ha padecido la República Argentina durante los doce años de kirchnerismo -y acaso lo sucedido en la denominada República Bolivariana de Venezuela consigne el ejemplo más triste e ilustrativo de ello. Así las cosas, la mencionada Resolución 1/18 pareciera haber sido escrita para describir lo actuado por las Administraciones de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández. Los comentados cuadernos, que han servido no ya para desenmascarar, sino para acreditar de manera fehaciente esa corrupción cuyos perniciosos efectos todos hemos experimentado -de uno u otro modo- son prueba fehaciente de lo aquí cifrado. Al referirse a la metodología de la corrupción de estado, detalla la Resolución 1/18: "...Los actores involucrados (léase, en este caso, gobernantes corruptos) establecen estructuras que capturan las entidades estatales, a través de distintos esquemas criminales , por ejemplo, a) al adoptar decisiones gubernamentales de manera irregular, tales como contratos u obras públicas, nombramientos o ascensos, leyes o exoneraciones tributarias, afectando los principios de igualdad, transparencia, debido proceso e imparcialidad; b) al valorar los contratos u obras públicas de manera desviada, favoreciendo el interés privado por sobre el público, afectando los recursos con que cuenta el Estado; c) al requerir los funcionarios públicos prebendas indebidas a cambio de servicios públicos; d) al influir indebidamente en los procesos electorales mediante el financiamiento ilícito de campañas electorales y candidaturas...".

Como es de sencilla apreciación, difícil sería explicitar un reflejo más fiel sobre lo sucedido en nuestro país. Hemos transitado por declaraciones de magistrados de la Nación que afirman se hallaban sometidos a extrema presión de parte de las Administraciones kirchneristas, y que fallaban en consecuencia. O bien eludían su responsabilidad institucional de fallar, optando finalmente por archivar causas de magnitud. En paralelo, bien identificados legisladores nacionales -que se jactaban de haber votado todo lo exigido, por ejemplo, por la ex presidente Cristina Fernández, lo hicieron en franca y cruenta violación no solo de sus principios, sino en desmedro de los considerandos establecidos en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, y de lo tipificado en el Artículo 227 del Código Penal. Se conoció de contratos de obra pública ciento por ciento cartelizados y, tiempo más tarde, de sus fondos desviados para el propio provecho; nuevamente, en evidente perjuicio para el Tesoro. Conforme también será lícito apuntar también, los organismos de control hicieron lo propio, mirando hacia otro lado o, peor todavía, promocionándose como cómplices de todo servomecanismo de corruptela existente. Si todo loque miraban para otro lado o peor aún, eran cómplices de todo este mecanismo de corrupción. Si lo expuesto constituyera parte del libreto de una producción cinematográfica, sería menester tipear en mayúsculas la famosa nota al pie: "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia".

Infortunadamente, aún en el seno de la actual Administración -entendiendo por la misma a la integración de los tres Poderes del Estado-, se mantienen incólumes archiconocidos actores que han oficiado de participes necesarios y gravitantes de la era kirchnerista. Son ellos, precisamente, quienes se oponen a formalizar cualquier cumplimento de lo enunciado por la Resolución 1/17 (vale subrayar, publicada por la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra la Impunidad y la Corrupción en 2017, en donde se consignó: "La lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos".

En tal sentido, es hoy vox populi que ciertos Senadores de la Nación se oponen, sin ocultarlo ya, al accionar de la Justicia, obstaculizando y negando el desafuero de quien fue denunciada por autoridades judiciales como jefa de la asociación ilícita que comandara la corrupción de Estado. Aquellos legisladores, sin vueltas, han explicitado sus intenciones de fomentar la impunidad y la proliferación de actos vinculados a groseros episodios de corrupción. Escenario que deriva en una abierta violación de los derechos humanos del conjunto de la ciudadanía argentina. Instancia en la cual destaca un agravante: las propias organizaciones de derechos civiles, cuya misión sería velar por el respeto de tales derechos inalienables, continúan confesando su rol como brazo político del espectro kirchnerista, al tiempo que sus referentes son protagonistas de la corrupción que ahora se detalla en los medios de comunicación. Estos individuos no solo evitan combatir la corruptela estatal; antes bien, la niegan, y ejercen una condenable apología de esos hechos.

Quienes buscan excusas para obstaculizar el accionar de la Justicia debieran comprender, de una vez por todas, y conforme reza la Resolución 1/18, que las víctimas de la corrupción merecen y deben estar en el centro de la lucha contra este fenómeno. En toda política pública contra la corrupción de Estado, el rol central ha de serle asignado a las víctimas, nunca a sus victimarios. Senadores de la Nación como Miguel Angel Pichetto (Partido Justicialista), al obstaculizar el normal funcionamiento de la administración de justicia, de forma idónea y de manera independiente, evidentemente prefieren privilegiar al victimario en desmedro de las víctimas. Misma conducta que, por desgracia, ha venido mostrando el Poder Judicial durante estos últimos doce años o más, redundando ello en un proscenio en el que quienes han quebrado la Ley han contado con más derechos que sus víctimas.

Sobra decir que es hora de respetar las recomendaciones compartidas por la CIDH, poniéndose el foco en la adopción inmediata de medidas tendientes a fortalecer la independencia, imparcialidad y autonomía de los sistemas de justicia, en lugar de impedir que cumplan con la función que, Constitución mediante, les ha sido asignada.

La gravedad institucional de la corrupción de Estado -la cual han reconocido de manera explícita y por escrito judicial no pocos funcionarios públicos arrepentidos, jueces, hombres de empresa arrepentidos, financistas arrepentidos, choferes y valijeros- amerita que un país que tanto se jacta de defender los derechos humanos, abandone el deleznable costumbrismo de respaldar a los victimarios, y deposite toda su atención en las víctimas, cuyos derechos inalienables han sido alegremente violados.

En este desgraciado contexto, y ante el cúmulo de víctimas de aquel compendio de episodios de corrupción, la ex presidente Cristina Elisabet Fernández, acusada de ser la jefa de una extendida asociación ilícita, ha expresado, haciendo uso de una inaceptable provocación, no arrepentirse "de nada".